Los problemas que tienen con pronóstico reservado al Hospital Piloto de Jamundí

Los problemas que tienen con pronóstico reservado al Hospital Piloto de Jamundí

Febrero 10, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa | El País
Los problemas que tienen con pronóstico reservado al Hospital Piloto de Jamundí

Imagen de la reunión que el pasado viernes sostenía el gerente del hospital Piloto de Jamundí con los empleados y contratistas, los cuales llevan dos meses y medio sin salario.

Denuncias por presuntos malos manejos salpican al gerente Rodolfo Argüelles, quien asegura que a sus decisiones las ampara la ley.

Esta podría ser la historia de un enfermo cualquiera que debe enfrentar el “paseo de la muerte”. Frase que esconde una acción cruel como pocas: Centros de salud públicos y privados que niegan la atención a pacientes que la necesitan de urgencia, condenándolos a morir frente a sus familiares, quienes ruegan por su salvación.Pero no. Esta es una historia muchísimo más grave porque el paciente en estado crítico es un hospital público que hasta no hace mucho era el tercero mejor del país y que, pese a ser estatal, un año antes tenía superávit de $1.600 millones.Se trata del hospital Piloto de Jamundí, HPJ, que atiende los 120.000 habitantes de ese municipio y que, según denuncian médicos y enfermeras, hoy ni siquiera tiene jabón para que el personal limpie sus manos o guantes para cubrirlas mientras atienden a los pacientes, una condición de sanidad mínima en todo centro de salud.Es tan difícil la situación que atraviesa el centro asistencial de nivel uno que hasta el viernes pasado le debía los salarios de diciembre, enero y lo corrido de febrero a sus 66 empleados de planta y los 180 contratistas que allí laboran. ¿Masacre laboral?Las presuntas irregularidades que tienen al HPJ al borde de la parálisis comenzaron el 30 de junio de 2012, cuando el gerente Rodolfo Argüelles decidió no renovar o terminar 140 contratos de prestación de servicios de profesionales que laboraban en distintas áreas.La gente que salió era personal médico con experiencia de más de diez años en la entidad. Hacían parte del grupo de empleados que entre el 2007 y el 2010 alcanzó la acreditación en salud y la certificación de calidad del Icontec.Tal es el caso de Aura María Cuellar, una médica general titulada en la Universidad del Valle que llevaba ocho años trabajando para el HPJ. Su testimonio reposa en la Procuraduría Provincial y en la Contraloría Departamental.“Tras el despido masivo vimos como (el gerente) contrataba un sinnúmero de personas sin ninguna capacitación. Demasiados especialistas en áreas donde el hospital no tiene necesidades, como 14 odontólogos, tres abogados, seis bacteriólogos y un periodista”, afirma indignada.Agrega que, además, existe una alta rotación del personal, “eso obedece a la necesidad de cumplir compromisos políticos y cuando se le ha pedido explicaciones, su respuesta es grosera y agresiva; víctimas de ello fueron los doctores Ariel Álvarez, Adriana Vargas y Luis Fernando Velázquez, a quienes despidió”.Otro médico que fue director de área del HPJ y que pidió la reserva de su nombre, le aseguro a este diario que entre el personal contratado “hay peluqueros, mensajeros y hasta jardineros ocupando cargos con funciones médicas y de reanimación, cuando no saben leer signos vitales, intubar o manejar un desfibrilador (aparato que a través de descargas eléctricas reanima las funciones del corazón)”.El gerente Argüelles niega que eso sea cierto. Sin embargo, admite que “de los 180 contratistas tuve que reemplazar a unos 100 porque no cumplían con los perfiles requeridos” y agrega que es “potestad del gerente tomar esas decisiones”.Pero cuando se le pregunta cuáles criterios usó para evaluar a los cien contratistas que sacó, las palabras no le fluyen con facilidad. “Se evaluaron sus competencias… se miraron a ver si… y fueron reemplazados…”, balbucea y remata “no se puede hablar de masacre laboral porque estos son contratos de orden civil y no laboral, esa gente no es de nómina sino que presta servicios”.Otra de las quejas que investigan las autoridades tiene que ver con el acceso a las citas médicas que, según varios usuarios, se ha complicado desde que Argüelles decidió contratar un servicio de audio respuesta automático.Según los quejosos, la atención se volvió un caos. Un periodista de El País intentó durante la semana pasada conseguir una cita o al menos comunicarse con el hospital a través del teléfono 4868676, pero jamás obtuvo respuesta (escuche el audio aquí).Argüelles, por el contrario, asegura que desde que implantó el sistema, “que consta de una máquina contestadora ubicada en Estados Unidos con seis líneas digitales que reciben las llamadas y asignan las citas”, todo funciona bien e incluso el HPJ se ahorra $66 millones al año.Sin embargo, cuando un periodista le pidió que hiciera la prueba para conseguir cita, Argüelles marcó desde su celular y el resultado fue negativo.Conflicto de interésEsta historia tiene otro capítulo que comenzó el 2 de abril de 2012, día en que la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño publicó los resultados del concurso para seleccionar al gerente del hospital. En el acta PJ-005-12 el nombre de Argüelles ocupó el primer lugar entre 52 aspirantes.Al día siguiente, 3 de abril de 2012, la esposa de Argüelles, Catherine Aguirre Arango, ya con la certeza de que su consorte sería el nuevo gerente del HPJ registró ante la Cámara de Comercio de Cali su renuncia a la gerencia y representación legal de Gensalud SAS.Esta es una empresa que provee productos quirúrgicos y medicamentos para el sector clínico de la región. Aguirre la compró el 16 de junio de 2011 por un valor de $6 millones y, según el acta 10, siendo la única propietaria nombró como gerente y representante legal a Lina Lizeth Paz Mancera el 15 de marzo de 2012.Llama la atención que durante la administración de Argüelles la empresa de su esposa ha sido beneficiada con compras que rondan los $400 millones, un 40% del presupuesto total, que asciende a $1.000 millones. Lo que plantea, sino una flagrante irregularidad, al menos un conflicto de intereses.Y lo que es peor, cuando este diario le pidió una explicación al gerente, Argüelles negó que su esposa fuera la dueña de Gensalud SAS y entregó el acta 11 con fecha del 26 de marzo de 2012 (autenticada en la Notaría 21 de Cali el jueves pasado), según la cual su mujer le habría vendido a Lina Lizeth Paz Mancera por $6 millones.El País revisó en la Cámara de Comercio y allí certificaron que el acta 11 jamás ha sido inscrita y que la propietaria sigue siendo la esposa de Argüelles. También investigamos quién es Lina Lizeth Paz Mancera, la supuesta compradora, quien aparece identificada en el acta con la cédula 1.151.935.722 de Cali. Resultó ser una joven que estudia Tecnología en Mercadeo y Comercialización en el Centro Colombiano de Estudios Profesionales, donde sacó un crédito por valor de $1.868.046 con plazo a seis meses para poder pagar su matrícula.Surgen preguntas obvias. ¿Cómo le compro la empresa seis meses atrás a la esposa de Argüelles por tres veces el valor de su semestre? Y si es la dueña de Gensalud SAS, que en los últimos seis meses de 2012 facturó casi $400 millones, ¿por qué no paga su semestre de contado?En esta dolorosa historia solo falta que las autoridades tomen la palabra y revivan el que fue un hospital modelo en la región.

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