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Los males que aquejan a la empresa de servicios públicos de Cartago

Problemas financieros y de sobre contratación; falta de claridad en la facturación y contrabando, son los grandes males que aquejan a la empresa de servicios públicos de Cartago, Emcartago.

27 de septiembre de 2013 Por: Redacción de CartagoHoy

Problemas financieros y de sobre contratación; falta de claridad en la facturación y contrabando, son los grandes males que aquejan a la empresa de servicios públicos de Cartago, Emcartago.

Déficit financiero, el no pago de la nómina, sobrecontratación, contrabando y falta de credibilidad por parte de sus usuarios, son algunos del ‘males’ que aquejan a la empresa de servicios públicos de la ciudad, Emcartago.FinanzasCuentas por pagar a proveedores, bancos y a la planta de empleados tienen las cuentas de Emcartago en saldo rojo. Según expuso su gerente, Carlos Mario Mora, hace un par de meses ante el Concejo de la ciudad, la empresa de servicios públicos, heredó de la administración pasada compromisos por $14.000 millones, de los cuales solo se han cancelado $2.500 millones.“Hay deudas que no dan tiempo y en cualquier momento nos pueden embargar”, indicó el funcionario. Y fue eso precisamente lo que ocurrió el pasado mes de julio cuando la Dian, embargó las cuentas de la empresa por cuenta de la acumulación de periodos tributarios no cancelados, por $1.100 millones.A ese compromiso financiero, se suma la de los bancos, que según Mora, asciende a $15.000 millones, y que debe ser cancelado antes del 2016. Según un estudio realizado por la consultora Misión Vida, experta en empresas de servicios públicos, gran parte de los problemas financieros que enfrenta Emcartago, tienen su origen en dos contratos: el primero firmado con Diselecsa para la concesión del alumbrado público, que entre el 2009 y 2012 dejó pérdidas por $5.000 millones.El segundo, calificado de “pésimo” por la consultora, tiene relación a la compra de energía en bolsa, negocio cerrado en 2010 que comprometió la adquisición del 30% en el mercado variable, cuyo precio fluctúa y puede llegar a ser superior a como se factura.Ambos negocios, le cuestan a la empresa unos $5.000 millones de pesos, “que es el recaudo de la empresa”, según Mora. Lo que lleva al último problema financiero de Emcartago: el no pago de la nómina de hasta tres meses de sueldo de sus funcionarios. Infraestructura“A las empresas municipales les falta medición”, esa es una realidad que dejó clara el gerente de Emcartago, Carlos Mario Mora. Para el ejecutivo, la falta de instalación de contadores en muchos sectores de la ciudad, y el no cambio de los que se encuentran averiados, le resta ingresos importantes a la empresa.De hecho, a su llegada a la gerencia encontró que lugares como el centro penitenciario y varios colegios no tenían contadores instalados, otros estaban obsoletos.Esa versión es apoyada por Jorge Iván Toro, funcionario de la consultora Misión Vida, que tras un estudio detallado de la prestación de los servicios públicos en la ciudad, concluyó que por cada 100 kilovatios que compra Emcartago en el mercado mayorista, solo factura 70. Esto ha ocasionado que se lleguen a contabilizar pérdidas que ascienden a un 29%, cuando el nivel normal en que deben estar las prestadoras de servicios públicos, según la normatividad, es de hasta 9,8%.Pero no todas las pérdidas son producto del contrabando. Misión Vida, también estableció que hay fugas por infraestructura obsoleta, aunque no determinó el rango de las mismas.Eso, aún cuando la ciudad implementó un Plan Municipal de Aguas, cuyo objetivo era garantizar mayor cobertura y calidad de servicios domiciliarios para la población rural y urbana. “No se cumplió el objetivo, pues lo único que se hizo fue pavimentar vías y dejar deudas con proveedores”, explicó en su momento Toro.Para hacerle frente a esta situación Emcartago planea, este año cambiar contadores en varios sectores de la ciudad, lo que ha despertado el malestar de los usuarios.“Siempre hemos dicho que esa no es la salida, no se puede trasladar al usuario las cosas que ha dejado de hacer la empresa. Hay muchas pérdidas también porque la infraestrucura está obsoleta”, indicó por su parte el líder cívico Lubián Londoño.Poca claridad en la facturaciónMuchos calificaron de arbitario, el anuncio para el mes de julio del cambio en los ciclos de facturación, por parte de Carlos Mario Mora, gerente de Emcartago.Para ese entonces, el funcionario aclaró que el cambio en las fechas de pago, se hacía por recomendación de la Superintendencia de Servicios Públicos, que le había solicitado rotar la cartera.Así los usuarios que, por ejemplo, pagaron la factura el 4 de julio, recibieron de nuevo el recibo para pagar el 17 del mismo mes, lo cual levantó los ánimos de los cartagüeños que ante la falta de claridad salieron a las calles a protestar.A eso se suma que un mes después del anuncio, la Superintendencia expidió un comunicado en el que expuso que “no solicitó, ni recomendó a Emcartago, cambiar las fechas para el pago de los servicios públicos, pues no es su competencia realizar dichas solicitudes”.Un ambiente de duda se despertó entre los usuarios ante lo expuesto por la Superintendencia, por lo que para muchos sigue sin aclararse por qué se hizo el cambio.De hecho, a la molestia por el ciclo de la facturación se une la queja de comunidades de sectores como La Arenera, que aseguran que se les cobran los servicios con tarifa correspondiente al estrato 4, cuando este es uno del sectores más deprimidos de la ciudad. Sin embargo, por ahora no hay nada concreto frente a esta reclamación, aunque se rumora que líderes cívicos preparan una demanda contra Emcartago motivados por la falta de claridad en el cobro.Manejos administrativos“En Emcartago un empleado tiene secretario y ese a su vez un auxiliar”, así expuso Misión Vida, el problema de la sobre contratación que poco a poco desangra a Emcartago financieramente.Durante el estudio la consultora encontró que la empresa tiene una planta de personal de 378 personas, cuando normalmente para prestar sus servicios, debería tener entre 190 y 280 empleados.Este problema ha sido por años denunciado por la veeduría ciudadana encabezada por Lubián Londoño, que a través de peticiones a los entes de control ha puesto en evidencia, en sus palabras “el manejo politiquero que se le ha dado a Emcartago por años”.Según Londoño, la sobre contratación también se ve reflejada en el parque automotor, “pero nadie ha hecho nada para frenar ese negocio que solo le hace daño a la empresa”.Por otro lado, en los últimos meses las relaciones entre el sindicato y la gerencia de Emcartago se han ido deteriorando, al punto que de apoyar la gestión administrativa los empleados pasaron a amenazar con un posible paro, ante el no pago de sus salarios. “El señor Carlos Mario Mora ni siquiera nos da la cara”, aseguró la semana anterior Ramón Quiroz, presidente de Simtraemdes.PropuestasVarias son las propuestas que diferentes sectores de la ciudad han planteado para rescatar las empresas municipales de Cartago. Los líderes cívicos, encabezados por Lubián Londoño, en diversos escenarios han solicitado la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, pues en su opinión “solo así se podrán aclarar temas como la facturación y la calidad de los servicios prestados”.“Desde hace 10 años venimos pidiendo que se baje la burocracia, la alta contratación y hacer revisión de redes y contadores, sin que ello signifique el cambio de los mismos”, aseguró Londoño.Por su parte la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartago, Mónica Osorio Gil, mostró interés hace algunos días en los temas relacionados con Emcartago, puesto que el sector comercio se ha mostrado inconforme con los cambios en la facturación. La ejecutiva aseguró que está dispuesta a trabajar para sacar adelante a la empresa de los cartagüeños.Entretanto, Misión Vida, indicó que la Emcartago es viable, sin embargo, requiere un plan de salvamento en el que se reduzca su planta de personal y sus gastos en compra de materiales e insumos, que están desfasados.También, para que la empresa mejore su parte financiera se requiere terminar o modificar el contrato con Diselecsa a través del uso de la Ley 1551 de 2012.Y la implementación de un plan inmediato para frenar el contrabando, en el que la comunidad deberá poner de su parte, según la propuesta de la consultora.

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