Las dudas sobre el Programa de Restitución de Tierras en el Valle

Desde noviembre de 2011 se han registrado 585 reclamaciones de predios. ¿Podrá el Gobierno cumplir con la iniciativa en una región cuyo conflicto armado no ha cesado?

El Programa de Restitución de Tierras, que es una estrategia de reparación del Estado con la que se busca recuperar los territorios que han quedado en manos de los grupos armados ilegales (guerrilla y paramilitares) y devolvérselos a los verdaderos propietarios, ya inició en el Valle del Cauca y el Cauca. En el caso del Valle la mayoría de esas reclamaciones son de tierras ubicadas en Jamundí (97 reclamaciones), Dagua (43) y Tuluá (41). En Cauca, la mayoría de reclamaciones son de los municipios de Argelia (33), Cajibío (12) y Corinto (12). Eso no significa, explica el funcionario de la Oficina de Restitución de Tierras, que sean los municipios con mayor número de casos de despojo: son los municipios en donde más se ha reclamado. En gran parte del país los despojadores de las tierras fueron paramilitares y guerrilla. El Ministerio de Agricultura denunció casos como el de los Montes de María y Urabá, en donde unas 80.000 hectáreas fueron despojadas por paramilitares y ‘legalizadas’ por notarios. La guerrilla también utilizó testaferros para apoderarse de predios. Le ley dice que a las víctimas de esos grupos les será restituida la tierra. En el norte del Valle del Cauca el tema es complejo: los victimarios, según los testimonios de los habitantes de la zona, no son guerrilla ni paramilitares sino narcotraficantes y sus gatilleros –Los Rastrojos, Los Machos (del capo Diego León Montoya), y las Bandas Criminales Emergentes, Bacrim, que tienen entre sus objetivos controlar una zona estratégica para la producción y comercialización de droga: el Cañón del Garrapatas. ¿Qué pasa entonces con las víctimas de estos delincuentes? La ley en ese sentido, dice el abogado y ex coordinador en el Valle de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Elmer Montaña, no es clara, existe un vacío jurídico. ¿Se podría considerar a las Bacrim, Rastrojos, Machos, grupos armados ilegales o son bandas delincuenciales de narcos? En la Oficina de Restitución de Tierras del Valle y Cauca, ubicada en el centro de Cali, un funcionario que pidió no ser identificado por seguridad también dice que la Ley de Víctimas y el Programa de Restitución de Tierras no hace claridad sobre el asunto. Explica: “En el tema del despojo por parte del narcotráfico - condenados o prófugos reconocidos - existen algunas reclamaciones, pero hasta que no surta todo el proceso (hasta la orden del juez de restitución) no podemos hacer las afirmaciones. De otro lado, hay que diferenciar a las víctimas de narcotraficantes con respecto a las víctimas de las Bacrim; los primeros fueron afectados por personas o testaferros reconocidos y hay unas presunciones que los ayudan a la hora de la restitución; las víctimas de Bacrim tiene más complicaciones por la indeterminación de los victimarios. En realidad es un tema muy riesgoso para víctimas y funcionarios, y de momento no contamos con todas las medidas de seguridad”.Por otra parte, en el municipio de Dagua, Valle, en donde, asegura Elmer Montaña, existen denuncias de despojos cometidos por la guerrilla, también hay un asunto a resolver: hay predios ubicados en reservas naturales, es decir que nadie podría tener propiedades en esos terrenos. ¿Qué pasa si hay reclamantes de tierras que habitaron durante años en esas zonas?En el departamento del Cauca, sobre todo al norte, además, se conocen versiones sobre desplazamientos generados por grupos paramilitares que presionaron a los campesinos a salir de sus tierras y hoy esas hectáreas estarían en manos de empresarios. En ese contexto se podrían generar dos situaciones: que empresarios hayan comprado esos terrenos de buena fe; pero también podría suceder que esos mismos empresarios hayan apoyado el accionar de grupos armados para generar el desplazamiento. El Programa de Restitución de Tierras contempla la presunción de buena fe. En ese caso el que tenga el predio deberá devolverlo y será indemnizado. Sin embargo, hay un debate que aún no se ha dado: Ariel Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, una entidad que estudia el conflicto armado en el país, se pregunta hasta qué punto un juez podría determinar o no la buena fe de personas relacionadas con el despojo de tierras. Es otro de los interrogantes a resolver. Y retomando los casos del Valle del Cauca, en zonas aledañas a los ríos Naya, Cajambre, Mayorquín, Raposo y el Calima, Pacífico colombiano, se presenta el siguiente escenario: durante los últimos seis años unas 70.000 personas han sido desplazadas y dejaron sus predios abandonados debido a la violencia desatada por los grupos armados ilegales. Esos grupos no se apoderaron de las tierras, no falsificaron títulos ni escrituras, pero aún hacen presencia. Es decir: dejaron sin posibilidad de retorno a la comunidad. Precisamente, de ese contexto de violencia en gran parte del país, surge otro interrogante: ¿Podrá el gobierno cumplir con el Programa de Restitución en una nación cuyo conflicto armado no ha cesado? ¿Cómo garantizar la seguridad de las víctimas y que no se repitan casos como el de Ana Fabricia Córdoba, líder reclamante de tierras que terminó asesinada?Diego Arias, ex coordinador de la Comisión Nacional de Reparación en el Valle, piensa que “lo mejor que pudiera suceder para favorecer la política de reparación a víctimas es que ello ocurriera en paralelo con el fin de la violencia. La persistencia de un conflicto armado extendido y degradado no haría sino producir nuevas víctimas o seguir afectando a las que ya lo son”.Para restituir la tierra a las víctimas, tanto en el Valle, en Cauca y en el resto del país, el Estado deberá enfrentar opositores poderosos. El gran desafío del Programa será impedir que esos opositores - guerrilla, ‘paras’, fuerzas con gran poderío económico - se impongan a bala y amenazas.El proceso apenas empieza. En el Valle y Cauca continúa la recepción de las reclamaciones. A mediados de febrero, informan en la Oficina de Restitución, se iniciará la gestión de casos. Será un trabajo focalizado: primero un municipio, después otro, así, para logar cumplirle a todo el país. La Restitución de Tierras exigirá paciencia. El proceso está planeado para desarrollarse durante los próximos diez años.