La violencia contra la mujer en el Valle no da tregua

La violencia contra las mujeres en el Valle del Cauca no da tregua. Solo en esta semana dos casos sucedidos en Cali estremecieron a los colombianos: el asesinato de Heilly García Portocarrero, de 24 años, al parecer, por robarle a su bebé de 20 días de nacida; y el de Lyrsey Ramírez Caicedo, a manos de su pareja, un peluquero, quien también mató a sus hijos de 7 y 9 años y que luego intentó suicidarse.

De las 99 muertes de mujeres acontecidas de forma violenta en el Valle del Cauca en lo corrido de este año, 11 ya han sido tipificadas por las autoridades como feminicidios, es decir, que sus asesinatos se produjeron en razón de su condición de mujer o por motivos de su identidad de género, bajo ciertas características que describen algunas leyes, como la 1761 del 6 de julio de 2015, más conocida como la Ley Rosa Elvira Cely (en honor a la mujer empalada, asesinada y hallada en un parque de Bogotá).

De acuerdo con Silvana Olivera Borja, uno de los dos fiscales especializados para atender este tipo de delitos en Cali, para poder catalogar como feminicidio la muerte violenta de una mujer se deben atender ciertas especificaciones, como que entre la víctima y el victimario haya existido una relación de pareja, de amistad o de compañerismo; se tiene que mirar si en el cuerpo de la mujer hubo algún tipo de instrumentalización, es decir, si fue accedida, si hubo mutilación de alguna parte de su cuerpo; analizar el tipo de agresión con que se haya atentado en contra de ella, etc.

"Cuando se registra la muerte de una mujer hay que conocer todo el contexto, no solamente el del momento en que pierde la vida si no esos eventos anteriores que llevaron a su muerte”, precisa la fiscal.

El feminicidio en el Valle del Cauca es un fenómeno que no decrece, especialmente en Cali y su área metropolitana (municipios que están bajo la jurisdicción de la Fiscalía de la capital del Valle).

De las 78 muertes violentas de mujeres registradas en esta jurisdicción desde el 1 de enero hasta el 13 de julio, 8 ya se tipificaron como feminicidios (6 en Cali, 1 en Dagua y 1 en Palmira). Fueron los asesinatos de María Cecilia Rentería, Yuri Vanesa López, Rosa del Socorro Cortés Landázuri, Estéfani Morales Cuspián, Katherine Castaño Martínez, María Rubiela Soto, Stephanie Andrea Ramírez Narváez y Lyrsey Ramírez Caicedo.

En el 2016, en ese mismo periodo de tiempo hubo el mismo número de víctimas.

Mujeres en su mayoría jóvenes, entre 20 y 32 años; con hijos, asesinadas por sus compañeros permanentes o sus exparejas y otras en procesos de separación o que buscaban rehacer su vida con otra persona.

Los casos de los feminicidios de este año, según la fiscal Olivera, “se encuentran resueltos, porque ya están judicializados”.

Según especialistas consultados, hay muchas barreras para el acceso a la justicia; poca investigación y los procesos son lentos y largos.
. Se revictimiza a la mujer agredida en todas las instancias. Pasa esto, cuando, por ejemplo, no atienden su denuncia de manera prioritaria; llega a una Comisaría de Familia y el comisario (a) le dice: “¿Usted se queja por eso? Piense en sus hijos pequeños; debajo de las cobijas arregla todo”. O, “¿usted para qué le alega cuando él está borracho?”. O cuando llega a la Fiscalía y el portero le pregunta a qué viene y todos tienen que saber qué le pasó porque no le brindan un cubículo íntimo. O cuando llama a la Policía y no atienden su caso porque los agentes no tienen plata para la gasolina de sus motos.

Muchos funcionarios de instituciones están educados bajo parámetros patriarcales y sexistas por lo que no están sensibilizados con este tema, creen que las mujeres se quejan mucho y no les prestan la debida atención. Algunos justifican los hechos de agresión con el argumento de que ellas se lo buscan o que a ellas les gusta que las maltraten.

No les brindan medidas de protección adecuadas: aunque el marido le haya pegado, en ocasiones ella misma tiene que llevarle la notificación de una audiencia. O en la audiencia la ponen frente a su agresor, cual gallos de pelea.

Autoridades sacan disculpas para no catalogar un feminicidio como tal. Los aparatos judiciales, medios y comunidad reconocen fácilmente un feminicidio si se da en el marco de la relación de pareja, pero si no, no se le reconoce. Es el caso de los asesinatos de mujeres que ejercen la prostitución y son asesinadas. “Claro que es feminicidio por las condiciones de vulnerabilidad de esas mujeres”, estima una fuente.

Algunos entes judiciales no tienen sensibilidad con las víctimas y con sus familiares. Continúan perpetuando estereotipos de género. Siguen diciendo por ejemplo, que las mujeres son agredidas porque eran malas mujeres y porque de alguna manera se lo merecían. Deshonran la memoria de la fallecida y vulneran los derechos de las familias que quieren justicia.

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feminicidios se registraron en 2016 en Cali y su área metropolitana. Según algunos expertos, hay un subregistro de casos.

La familia de Yuri Vanessa López Quijano, asesinada en Cali por su expareja, que le propinó cuatro puñaladas el pasado 9 de abril, clama “justicia” porque, asegura, el proceso contra el victimario de la joven de 29 años se está dilatando.

De acuerdo con Kelly López, hermana de Yuri, en la primera audiencia para la aceptación de cargos no estuvo presente el abogado de la familia asignado por la Defensoría del Pueblo “porque no nos avisaron, no nos dimos cuenta de esa audiencia”.

En la segunda, continúa Ana Maritza López, tía de Yuri, fuimos y “él, Rodrigo Camacho Barrios, no se presentó porque había un problema con el Inpec y que por eso no lo habían podido llevar. El Fiscal leyó en unos papeles que había un preacuerdo y el juez dijo que no, porque a él no le habían dicho nada de ningún preacuerdo. Y eso es lo que no queremos, que ese tipo venga a hacer preacuerdos, según dice, quiere casa por cárcel; quiere pagar una plata para que lo dejen libre y eso no debe ser así porque él debe pagar cárcel por lo que hizo”.

Después de haberles informado que la tercera audiencia sería para el 12 de julio, agrega la tía de Yuri, ahora les dijeron que es para el próximo 2 de agosto. “No sabemos qué pasa ahí y el abogado tampoco ha hablado bien con nosotros. Él dice que a él no lo llaman, que no le informan nada del caso”.

Actualmente el victimario, relata la señora Ana Maritza, está en la cárcel de Villanueva en el Patio 1, donde “está muy bien”. Denuncia que como la familia es adinerada le está pagando a un abogado muy poderoso y “quieren es sacarlo libre y darle casa por cárcel. Eso se lo han informado a mi hermano. Y nosotros le dijimos al Fiscal y él dice que eso no lo van a permitir. Pero como están diciendo que hay mucha plata de por medio, usted sabe, la plata es la que manda. Nosotros no queremos que ese tipo vaya a salir libre, después de hacer lo que le hizo a la niña”.

La mamá de Yuri, Martha Quijano López, quien había permanecido callada durante la conversación de sus familiares con El País, por fin se decidió a hablar en medio de muestras de tribulación: “Él tiene mucho poder, mucha plata y por la plata baila el perro y el gato. Nosotros somos una familia pobre. A mí me dicen, búsquese un abogado aparte. ¿Pero cómo? Si no tengo plata. Yo dependía de mi hija para todo: ella era quien pagaba el arriendo, mi comida, para los servicios. Ella lo era todo. Sin mi hija quedé desamparada”.

La familia recuerda que ese 9 de abril, Yuri, contadora de profesión, había salido temprano a encontrarse con una amiga en la ciclovía. En horas de la noche les avisaron de su asesinato.

No se explican cómo Camacho logró llevar a Yuri hasta el apartamento del barrio Santa Fe donde convivieron por cinco meses. Allí la mató y luego él se entregó a las autoridades.

Cuentan las mujeres que Yuri había terminado con Camacho hacía año y medio y que ella apenas estaba empezando un noviazgo con otro joven.

Además, comentan, que Camacho, a pesar de que Yuri le dijo que no quería nada más con él y que, incluso, lo demandó por violencia intrafamiliar --“esa demanda no aparece ahora”-- la acosaba y ultrajaba en la calle. En una ocasión ella tuvo que esconderse de él en los baños de la universidad y los guardas de seguridad del centro educativo tuvieron que sacarlo.

Son varias las razones por las cuales suceden los feminicidios. Especialistas consultados en esta temática exponen algunas:

1. La arraigada cultura patriarcal se le da mucho más valor
al hombre que a la mujer; en la que se cree aún que ellas son propiedad de los varones; que si no tienen un hombre al lado son incompletas; que ellas son para estar en casa y ellos en la calle...

2. Porque vivimos en una sociedad misógina, machista, que sigue lacerando a la mujer, en donde no se le reconocen todos sus derechos y que incluso, quiere ‘aleccionar’ de alguna manera a la mujer que se sale de los parámetros y estereotipos de género. Cuando ella no obedece a los mandatos sociales, a lo que ‘debe ser’ una mujer, es castigada, y la peor forma de castigo es el feminicidio.

3. Porque los medios identifican el feminicidio como crimen pasional y no como crimen de odio que se manifiesta a través de la misoginia, en donde el hombre sigue creyendo que es dueño de la mujer y que por honor debe hacerse respetar y hace atrocidades con ella y la sociedad y los medios en vez de criticarlo y sancionarlo lo justifican.

4. Por ver como algo normal que nos relacionemos en pareja o en familia de forma violenta. Hay de manera periódica insultos, gritos, comentarios irrespetuosos, descalificadores, empujones e incluso, golpes hacia el otro. No se promueve el diálogo, el respeto y los acuerdos entre los cónyuges y demás miembros de la familia.

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procesos de feminicidio había en Colombia desde 2013 hasta abril de 2017. De todos estos, solo se han registrado 53 condenas.

El pasado 21 de abril de este año, hacia el mediodía, la tranquilidad de los habitantes del barrio Poblado Comfaunión, al norte de la ciudad de Palmira, fue alterada por un hecho demencial.

Un joven de 24 años, con antecedentes por violencia intrafamiliar y homicidio, había asesinado de manera brutal a su abuela, una mujer de 68 años, con un objeto contundente.

La mujer, identificada como Rosa del Socorro Cortés Landázuri, se encontraba en una silla de ruedas cuando su nieto, Andrés Sepúlveda Murillo, la atacó y la golpeó sin piedad hasta dejarla sin vida.
El caso que conmovió a toda la comunidad palmirana se registró hacia las 12:30 del mediodía, en la Calle 47D, en la residencia demarcada con el número 11A-30, donde la sexagenaria vivía con la madre de su agresor y el hermano del mismo.

Dicen algunos allegados, que este hombre siempre las vivía amenazando con frases como “quiero ver sangre correr”.

Y aunque la abuela y la madre del victimario tomaron algunas medidas de seguridad como no permitirle el acceso a la casa, ese día, nadie se explica por qué doña Rosa del Socorro le abrió la puerta a su verdugo, quien supuestamente le pidió que lo dejara entrar a bañarse.

Sin embargo, una vez adentro y al parecer porque no le dio dinero empezó a golpearla sin compasión. Cuando la mató, la envolvió en sábanas y bolsas y la arrojó en un caño a pocos metros de la casa.
Algunos vecinos se percataron de este extraño comportamiento y dieron aviso a las autoridades que al desenvolver el ‘bulto’ se encontraron con el cuerpo sin vida de doña Rosa.

Su nieto fue hallado en la misma casa donde la mató, trapeando el lugar que quedó cubierto por la sangre.

Sepúlveda Murillo había salido de la cárcel mes y medio antes por el delito de homicidio, luego de matar a machetazos a un hombre. Estuvo preso un año luego de lo cual salió libre por vencimiento de términos.
Adicionalmente tenía antecedentes por violencia intrafamiliar.

Luego de ser capturado este hombre fue enviado a la cárcel por un juez por el delito de feminicidio agravado.

Para Martha Gualteros, directora de la Fundación Progresamos de la Cámara de Comercio, el feminicidio tiene que ver unas características específicas tales como que históricamente la persona fue victimizada, discriminada y violentada por sus condiciones de mujer.

“Antes teníamos en Palmira una fiscal especializada en feminicidios, pero fue trasladada a Cali y desde esa unidad especial se define si es feminicidio o no. Nosotros aquí identificamos los casos, hacemos seguimiento y cuando vemos que hay señales nos reunimos con el fiscal y miramos cuáles son esas señales que convierten un homicidio en un feminicidio y esto lo enviamos a Cali donde hacen el estudio final y definen”, dijo Gualteros.

Hay unas pistas claras como por ejemplo denuncias por parte de estas mujeres de que el marido, los hijos o algún familiar las ha agredido verbal o físicamente, o las ha abusado sexualmente.

Sin embargo, dijo que el tema de justicia es lento dado que no hay los suficientes equipos de personas, porque son casos muy ocultos porque algunos ocurren al interior de la familia, porque no todos los que intervienen estos hechos tienen la experticia para identificar estos fenómenos.

1. La Alcaldía de Cali, a través de Casa Matria, les brinda atención a mujeres violentadas. Y se pone en contacto con familiares de víctimas de feminicidios para hacerles acompañamiento legal y psicosocial.
2. Hace acompañamiento a la Fiscalía y a comisarías en procesos de sensibilización y de formación sobre esta temática.
3. Desde la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Valle se hacen campañas para que las mujeres conozcan sus derechos y los mecanismo de exigibilidad de los mismos.
4. Trabajan junto al Ministerio del Interior en la estrategia ‘Vinculación laboral para mujeres víctimas’ con el fin de lograr el empoderamiento económico de ellas. Los empleadores de estas mujeres reciben reducción en sus impuestos.
5. Están trabajando además, con la Policía en una estrategia de implementación de enfoque de género en donde les están brindando formación y acompañamiento a los uniformados para que puedan entender su papel dentro de las rutas de atención y denuncia.