Valle, la segunda región donde hay más acoso laboral

Enero 31, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Jorge Enrique Rojas l El País
Valle, la segunda región donde hay más  acoso laboral

Si un servidor público incurre en un episodio de acoso (como el Defensor), aquello será una falta disciplinaria y corresponderá al Ministerio Público investigarlo y sancionarlo, sin perjuicio de las investigaciones laborales y penales.

Después de Bogotá, donde el año pasado se contaron 608 incidentes, en ninguna otra región se registraron tantos casos como en el departamento: 169. La situación en Valle del Cauca, sin embargo, pasa tan inadvertida como en el resto del país. Informe.

Ojalá todo fuera distinto y casos como el del exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora resultaran tan raros como un perro con alas. Pero las cosas son peor de lo que parecen y jefes y hombres así revolotean a lo largo y ancho de Colombia: cada día del año pasado al menos tres empleados acosados laboralmente acudieron ante el Ministerio del Trabajo para reportar un abuso; si se hubieran juntado en el mismo lugar y al mismo tiempo, la fila de gente se habría extendido por unas trece cuadras. 

Las quejas, que al final del año llegaron a ser 1.286, se distribuyeron entre las oficinas que el Ministerio tiene en los 32 departamentos del país, reflejando que no queda lugar libre de las manchas del acoso. Después de Bogotá (con 608 quejas), el Valle del Cauca fue la región con mayor registro de incidentes (169). De acuerdo con la coordinación del Grupo de Resolución de Conflictos de la territorial del Ministerio en el Valle, 44 de esos casos están en trámite. Los otros 125 fueron archivados.

Lo triste es que todo puede ser aún más triste, porque como explica el viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio del Trabajo, Enrique Borda, los empleados también pueden acudir directamente ante un juez laboral para quejarse, por lo que cuantificar la totalidad del acoso sigue siendo imposible. Y en el caso del Valle ocurre lo mismo. Lo que pasa es que en el departamento, dice el Viceministro, las cifras se derivan de la alta industrialización de la región y el gran número de empleados que en consecuencia tiene; en abril próximo, en todo caso, el Ministerio terminará de analizar una encuesta nacional a través de la cual buscan establecer las causas de cada episodio de acoso.

Realizada en trece áreas metropolitanas del país (Cali-Palmira-Yumbo-Jamundí, es un área metropolitana, por ejemplo), los resultados preliminares de la encuesta ya han ido mostrando que los casos de hostigamiento laboral-sexual siguen siendo tan comunes como las pulgas en los perros de la calle, y que entre las conductas más frecuentes de los acosadores, las mañas son más o menos las mismas: miradas pícaras, preguntas íntimas sobre la vida privada y abrazos y besos no consentidos.  

Mordiendo  un 27 % de la torta del riesgo, los y las modelos, vendedores y demostradores, están entre las personas más vulnerables a una situación de acoso en el lugar del trabajo. Les siguen los oficinistas, los operarios de alimentos, empleados que tengan trato directo con el público y en el último lugar, operadores de máquinas y ensambladores. Con respecto a la ocurrencia de casos en relación al tamaño de la empresa, las respuestas de los encuestados demuestran que los hostigamientos son más comunes en los lugares pequeños y que los victimarios, en su mayoría (31%), son del mismo nivel jerárquico de la víctima. La percepción del 71% de quienes  participaron en la encuesta, realizada a trabajadores y servidores públicos mayores de edad, señaló a las mujeres como las principales víctimas.

Uno de los hallazgos más dicientes muestra que solo el 16 % de las víctimas buscan ayuda y que, cuando lo hacen, primero acuden a los amigos (39%), luego a la familia (25%), después al jefe (25%) y en último lugar al gerente o mayor superior jerárquico (22%). Ninguno de los encuestados fue ante las autoridades. Entre quienes no hicieron la denuncia formal, el 13% aceptó haberse cohibido “por existir un riesgo relacionado con la terminación del contrato, o por miedo a las consecuencias que la denuncia pudiera tener”.

Argumentos similares, sustentando la falta de denuncias, son el pan de cada día. Lina Buchely, directora del programa de Derecho de la universidad Icesi y del Seminario de Género,  encuentra la explicación para aquello en las debilidades de la Ley de Acoso Laboral: “Es bien intencionada pero mal diseñada porque no parte de un principio clave en el Estado de Derecho, que es la tercerización de la vigilancia; ante un acoso, la primera instancia de juzgamiento o denuncia está en las empresas y así es muy difícil”.

La abogada se refiere a  los Comités de Convivencia, escenarios de concertación propiciados para dirimir los conflictos que afecten el clima laboral. Ante un problema de acoso, ese es el primer espacio al que debe acudir un trabajador; el problema es que los comités están coordinados por superiores jerárquicos de la empresa, por lo que quejarse ente esa instancia, en muchos casos, puede no resultar la mejor vía. 

El caso de la Defensoría del Pueblo -dice Buchely-  es ejemplificante;  la víctima menciona constantemente que no denunció porque  necesitaba el trabajo y la plata. Ese es un escenario de vulnerabilidad extrema en el que  la Ley no prevé mecanismos de garantía para el trabajador.

“Tengo testigos: mujeres y hombres que han sido testigos del abuso; tengo los chats; tengo pruebas y casos de mujeres que han dicho que les ha pasado lo mismo y que no han denunciado por miedo. Él es una persona poderosa que tiene mucho dinero (...) Yo necesito un empleo para solucionar un problema de ingresos y además es un empleo que amaba. Él no. Es un hombre con dinero y mucho poder (…) Esta es la historia de muchas mujeres, se siente uno indefenso y vulnerable...”, dijo el domingo pasado   a Noticias Uno,  Astrid Cristancho, la acosada exsecretaria privada del Defensor Regional del Pueblo, Jorge Armando Otálora, que este miércoles renunció al cargo al no poder seguir defendiendo lo indefendible.

Casi de manera simultánea al anuncio de la  renuncia de Otálora, la  Procuraduría  General de la Nación dio a conocer, también, la suspensión provisional de Otálora a su cargo en la Defensoría.

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Ojalá todo fuera distinto y aquí pudieran aparecer otras historias. Historias con nombres propios, para empezar. Pero el paisaje del acoso laboral en el país sigue siendo casi tan oscuro como antes y esa es la razón para que sus víctimas continúen con el mismo temor de salir a la luz pública. El incidente de acoso de la Defensoría también es emblemático en este sentido: de acuerdo con la denuncia que Astrid Cristancho radicó ante la Fiscalía, el escándalo que estalló esta semana había empezado  hace un poco más de dos meses; el 19 de noviembre del 2015 fue el día que ella recuerda haber sentido el primer síntoma de hostigamiento.

Las víctimas citadas a continuación nacieron todas en Cali y viven en la ciudad. Y aunque en todos los casos las persecuciones que padecieron ocurrieron hace ya un tiempo, ninguna de ellas quiso ser nombrada en esta nota; dos de ellas pensando en posibles represalias y la otra chica, porque su caso todavía no está cerrado legalmente. 

Una de ellas tiene 36 años y estudió Comunicación  en la universidad Santiago de Cali. Su caso ocurrió cuando encontró trabajo como productora de un programa de televisión; su jefe directo hoy es un funcionario público y ella pide mantener ambos nombres en reserva porque, dice, es un hombre con cierto  poder. Cuando ocurrió lo que ocurrió ella no se lo dijo a nadie por temor a perder el empleo: “Fueron dos o tres veces. Me pedía que me quedara hasta muy tarde revisando grabaciones. Por la hora yo me tenía que ir en taxi y lo pagaba él. Entonces me acorralaba, me decía cosas, una vez trató de meterme las manos entre la ropa…”

Otra víctima es la Señora E, que tiene 37 años. La persecución laboral que padeció se dio cuando se desempeñaba como coordinadora académica de una institución educativa: “Mi jefe tenía cámaras en todas partes y si alguien arrimaba al puesto podía llamar y preguntarme, ¿quién es ese idiota? En medio de un regaño, podía gritar: si usted tiene un título profesional es porque tiene cerebro, ¡¡utilícelo!!”. 

Y otra es doña L, que esta semana hablaba en susurros desde un rincón de su oficina, aunque el caso le hubiera sucedido hace ya mucho a una compañera que tuvo que renunciar después de sufrir  maltratos al quedar en embarazo.

El acoso en la encuesta

De acuerdo con los resultados  preliminares de la encuesta que analiza el Ministerio del Trabajo, el 54% de los testigos de acoso sexual en su entorno laboral no tomó parte de la situación en ningún sentido.

El 24 % dijo haber ofrecido consejos  o asesoría a la víctima, y el 2 % confesó haber puesto en conocimiento del problema al Comité de Convivencia de la organización.

Para los encuestados, las principales  conductas constituyentes de acoso sexual-laboral fueron: presión para tener sexo, intento de acto sexual y contacto físico consentido que se pasó del límite. 

En relación a los sectores donde las persecuciones  laborales son más frecuentes, los empleados abordados por el Ministerio del Trabajo, en las trece áreas metropolitanas donde se desarrolló la encuesta, identificaron el comercio como el sector donde más casos se presentan (34%). 

 Después del comercio, el sector de la manufactura  apareció en el segundo renglón de los escenarios donde se dan hostigamientos.

Ojala fuera distinto pero en esta ciudad los acosadores laborales están en uno y otro lado.  Katherine Eslava, jueza de paz de la comuna 12 de Cali, dice que en los barrios populares  pueden verse en igual número que en las empresas, y actuando incluso con peores prácticas: “Como son negocios en los que contratan a veces de palabra, el abuso puede ser más duro. Yo atendí el caso de una muchacha que trabaja en un estadero de la Nueva Floresta y se quedó sin empleo porque no quiso acostarse con el dueño. Pasa también en casas de familia, con las peladas que van a hacer el aseo. Aunque los problemas que atiende un juez de paz son más relacionados con desacuerdos de pago entre dos personas, el acoso laboral también aparece entre las quejas de la gente”.

Están por todas partes: esta semana, Gloria García Varela, jueza 25 civil municipal de Cali, fue destituida  por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura luego de que se probara la persecución que ejerció en contra del sustanciador de su despacho, Carlos Salcedo Velásquez, a quien incluso le habría llegado a prohibir  usar el baño. 

La Judicatura concluyó que lo discriminó, persiguió y maltrató de manera sistemática. “Le cuestionó durante todo el tiempo su trabajo, lo trató en términos desobligantes, le prohibió utilizar el baño situado en la secretaría del juzgado, y entrar a laborar antes de las ocho de la mañana”, indica el fallo de destitución.

Esta semana, a través de una encuesta de Twitter realizada entre los seguidores de la cuenta de este diario, el 54% de los participantes manifestó haber sentido algún tipo de acoso en su vida laboral. El 13% se quejó. El 24% lo denunció. El 32% hizo oídos sordos. El 31% renunció. Ojalá fuera distinto, pero están aquí y allá. 

El acoso laboral es una conducta encaminada a infundir miedo, causar perjuicio laboral, generar desmotivación o inducir a la renuncia. Esa conducta puede ser ejercida por el jefe, pero igualmente por un compañero en igual posición jerárquica.

Ana Carolina Quijano, asesora de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali, dice que en medio de la oscuridad del panorama y los números que le dan a la región esa penosa ubicación en el ranking del acoso, lo menos malo de todo es que coyunturas como esta, la provocada por los desmanes del Defensor, permiten que la gente conozca en detalle las opciones que todos tienen para denunciar y ser ayudados. En Casa Matria, sin embargo,  una casa que la Alcaldía de Cali tiene dispuesta   para atender y proteger  a las mujeres que sientan peligrando sus vidas, no han registrado un solo episodio de acoso laboral en los  últimos dos años. Podría ser, cree Ana Carolina, que haya entrado camuflado en medio alguna otra de las violencias que atienden (patrimonial, sicolófica y física). Ojalá que no.

 Ojalá todo fuera distinto: el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual de la Fiscalía de Cali tiene 117 casos de acoso abiertos. Un investigador de Delitos Informáticos  cuenta que cada semana, ante su área, pueden ser reportados entre diez y quince incidentes  perpetrados por internet, o algún medio electrónico, como los teléfonos del Defensor y su exsecretaria donde quedó expuesta la dimensión del hostigamiento. Los acosadores resultan en cada rincón: atualmente los investigadores caleños  están tras la pista de uno de ellos que podría tener una identidad  muy pública en la ciudad, y justo por eso, al menos por ahora, aparecer aquí como  N.N.

El caso del Defensor del Pueblo

El exdefensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, presentó este miércoles su renuncia luego de que estallaran los detalles del acoso laboral y sexual al que sometió a su exsecretaria privada Astrid  Cristancho.

La historia sin embargo empezó mucho antes,  cuando el columnista de la Revista Semana, Juan Diego Restrepo, publicó una opinión en septiembre del año pasado denunciando el presunto maltrato laboral que los empleados de la Defensoría el Pueblo recibían por parte de Otálora.

Antes de que se publicara la columna, Juan Manuel Osorio, el Defensor Delegado para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado, y mano derecha de Otálora, presentó su renuncia por medio de una carta: “Tuve que empezar a soportar el estilo hostil, agresivo e irrespetuoso con el que usted (Otálora) ejerce su liderazgo, así como el ambiente malsano y lesivo de la dignidad de las personas que este genera”.

En noviembre, Daniel Coronell publicó un columna de opinión en la que se reiteró el posible acoso laboral por parte del exdefensor del Pueblo: “En las oficinas de la Defensoría ya es usual oír al jefe gritando a sus subalternos expresiones como “bruto”, “idiota”, “imbécil”, “estúpida”, “pendeja”, “guevón”, “se van a la puta mierda”, “no aprenden sino a los madrazos” y “hasta que uno los hijueputea no reaccionan””.

Poco después, el 20 de noviembre del año pasado,  exsecretaria del defensor, Astrid Cristancho, renuncia manifestando  “una inclemente violencia verbal y psicológica, gritos, zapateos, manoteos, amenazas, pataletas, malos tratos en general”.

El tema revivió el domingo pasado cuando Coronell publicó otra columna en la dio a conocer que la exsecretaria era también víctima de acoso sexual. Esto lo sustentó con imágenes  y conversaciones entre Otálora y Cristancho, en las que se evidenciaba el hostigamiento.

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