La Procuraduría pide revocar polémico contrato de Acuavalle

Noviembre 06, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

De acuerdo con el estudio que hizo la Procuraduría, a solicitud del gobernador del Valle, Francisco Lourido, quien hace cerca de un mes pidió la intervención del organismo en este caso, los costos de los trabajos que se van a ejecutar son muy elevados.

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Gerencia de Acuavalle la inmediata revocatoria del proceso mediante el cual pretende contratar con particulares obras de acueducto y alcantarillado por $165.000 millones, en 35 municipios del Valle del Cauca. En un documento de 10 páginas, enviado por el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, al gerente (e) de Acuavalle Iván Valderrama, el Ministerio Público hace duros reparos al polémico proceso de contratación, que van desde el no cumplimiento de aspectos legales hasta el escaso plazo que se dio para presentar las propuestas. De acuerdo con el estudio que hizo la Procuraduría, a solicitud del gobernador del Valle, Francisco Lourido, quien hace cerca de un mes pidió la intervención de l organismo en este caso, los costos de los trabajos que se van a ejecutar son muy elevados.“Las obras que se van a realizar tendrían un costo $180.000 millones a precios de hoy, pero la empresa deberá pagar entre $333.500 millones y $420.000 millones, según lo estimado por la banca de inversión que hizo la estructuración del modelo, costo elevado del cual no se encuentra justificación”, aseguró el procurador Ordóñez. Sobre este aspecto, el Ministerio Público le da la razón al Gobernador, quien ha venido sosteniendo que ese contrato es “inconveniente para Acuavalle” y afecta sus intereses y su estabilidad a futuro. Asimismo, Ordóñez dice que el plazo para la preparación dado a los posibles proponentes de las ofertas, sólo 13 días hábiles, no se compadece con la importancia y la complejidad de las obras a ejecutar “Atendiendo la complejidad e importancia del objeto a contratar se estima que el plazo para que posibles oferentes prepararán una propuesta lo suficientemente favorable para la entidad fue demasiado corto, hecho que afectó la pluralidad de los oferentes”, sostiene la Procuraduría.En el documento también se cuestionan los plazos para tramitar el cumplimiento de las pólizas de seriedad de la oferta, que tiene un valor de $18.000 millones y un cupo de crédito por $25.000 millones, que son considerados insuficientes por el organismo investigador, salvo que el trámite de aprobación del crédito se hubiera hecho con anterioridad a la fecha de apertura del proceso para contratar las obras. A la Procuraduría también le llama la atención que en esta oferta pública se hicieron modificaciones a los aspectos financieros para los posibles participantes, en comparación con el mismo proceso, que se declaró desierto en julio pasado, y que no están justificadas, si se tiene en cuenta que se trata del mismo plan de inversiones. “Teniendo en cuenta que la reducción en el valor del contrato de las obras a ejecutar es del 5,7%, resultan demasiado altas y desproporcionadas las reducciones de los requisitos financieros de los oferentes en la presente oferta”, se afirma en el análisis. Para el organismo disciplinario son preocupantes esa reducciones, debido a que se exige una menor capacidad financiera al contratista que se escoja. “lo cual significa un mayor riesgo para la ejecución de las obras, pues los recursos que tiene de demostrar representan una proporción mucho menor del valor total”.El Gobernador del Valle, Francisco Lourido, celebró la posición de la Procuraduría y sostuvo que se le da la razón, porque desde un principio él cuestionó el proceso por ser lesivo para Acuavalle. “La solicitud de la Procuraduría es muy importante porque se trata de proteger un patrimonio de los vallecaucanos. Ese contrato es nocivo y causa un detrimento patrimonial a la empresa y al Departamento. Con ello se deja sin cómo trabajar la entidad a futuro”, sostuvo el Mandatario.Por su parte, Margarita López, presidenta del Sindicato de Acuavalle, dijo que el pronunciamiento de la Procuraduría responde al clamor de la comunidad vallecaucana de proteger este patrimonio público y conservar la viabilidad de la entidad “La discusión que damos lo que persigue es la sobrevivencia empresarial, nada más”.

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