La Constitución: logros y déficit

La Constitución: logros y déficit

Julio 03, 2011 - 12:00 a.m. Por:
María T. Garcés, ex constituyente

Faltan desarrollo en áreas de la justicia, la salud y los derechos de los niños y de la mujer, entre otros aspectos.

La Asamblea Constituyente fue la solución planteada por estudiantes y sectores sociales a una situación insostenible en los 80: narcotráfico, masacres, liquidación de la UP y el asesinato de cuatro candidatos a la Presidencia. Al mismo tiempo, la desmovilización del M-19 creó un ambiente favorable para esta iniciativa, a la cual se unieron otros tres grupos guerrilleros, lo cual caracterizó a la Constitución de 1991 como un pacto de paz. En su elaboración y discusión hubo amplia participación ciudadana, lo que convirtió la Asamblea en un foro pluralista y representativo, en el que reinó el espíritu de consenso en un país poco acostumbrado a oír diversas voces y al diálogo entre todas. El resultado fue una Constitución incluyente al reconocer las diversas culturas, etnias y creencias religiosas, al dotar al ciudadano con la tutela para hacer efectivos sus derechos, además de las acciones de cumplimiento y populares; al permitir a los colombianos tener doble nacionalidad, al consagrar la igualdad de la mujer en la familia y en la política, al conferir especial protección al niño y al reconocer diferentes tipos de familia, la igualdad de la pareja y de los hijos legítimos, naturales y adoptivos. Incluyente al consagrar la soberanía popular y concretarla en los derechos políticos y los mecanismos de participación política directa y de control social; al no limitarse a reconocer la igualdad ante la ley y ordenar al Estado promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados.No es una Constitución perfecta, y no se limitó la capacidad reformatoria; de hecho, 31 Actos Legislativos han modificado más de 60 artículos. Algunas reformas han sido positivas, otras regresivas y otras confusas o innecesarias, tramitadas sin el consenso que reinó en la Constituyente. La falta de compromiso de sectores del Estado con la Carta se refleja, por ejemplo, en la reforma que permite la reelección presidencial y conlleva un desbalance en los poderes; la corrupción imperante es violatoria de principios y normas constitucionales, sin que haya una verdadera condena social a los corruptos, más allá de la tarea de fiscales y jueces. La justicia puede mostrar logros contra la delincuencia organizada gracias a la Fiscalía General y a la independencia de la Sala Penal de la Corte Suprema; resalta la autonomía de la Corte Constitucional en fallos como el de la segunda reelección. No obstante, es necesario corregir el formalismo en la elección de los magistrados de las Altas Cortes, que debe hacerse por mérito – conocimientos y experiencia – y la vocación judicial, así como el Consejo Superior de la Judicatura, para lograr una justicia moderna en el Siglo XXl. Es conocida la crisis de la salud, en contra de los pacientes, que se defienden con la tutela, sin un marco legal basado en sus derechos, más que en intereses económicos de las prestadoras. Se ha avanzado en la legislación sobre infancia, pero 1.850.000 niños trabajan, y entre 6.000 y 11.000 integran grupos armados ilegales.El panorama político y electoral es grave, por la incidencia de la delincuencia organizada, siendo el gran escollo de nuestra democracia la financiación de los partidos y campañas. Temas como la participación ciudadana exigen revisión, pues las normas dificultan su ejercicio; igual sucede con el desarrollo de la autonomía municipal y del ordenamiento territorial. Pese a la voluntad constitucional de participación equitativa de la mujer en niveles decisorios del Estado, son pocos los resultados: 16% en el Senado y 12% en la Cámara, perdiendo la opción de contar con su aporte en las decisiones públicas.Ante las falencias en la comprensión y el desarrollo de la Constitución, la sociedad colombiana, y en especial el Ejecutivo y el Congreso, se deben comprometer a trabajar por su respeto y vigencia: ella contiene las bases para la paz, la justicia y la convivencia política y social.

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