Investigan presunto detrimento patrimonial en la Industria de Licores del Valle

Un posible daño patrimonial al Departamento del Valle por $107.231 millones determinó ayer que la Contraloría General de la República emprendiera un proceso de responsabilidad fiscal en contra de la Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle.

Un posible daño patrimonial al Departamento del Valle por $107.231 millones determinó ayer que la Contraloría General de la República emprendiera un proceso de responsabilidad fiscal en contra de la Junta Directiva de la Industria de Licores del Valle, ILV, así como a sus ex gerentes Doney Ospina Medina y Ruth Sofía Triviño Lopera.La decisión fue adoptada por la Contraloría Delegada para la Infraestructura en cabeza de Nelson Izáciga, la cual encontró falencias en la ejecución del contrato 20080035, firmado el 7 de abril de 2008 entre la Licorera y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. La decisión, revelada ayer por Caracol Radio, fue tomada por el órgano de control luego de que el actual gobernador del Valle, Francisco Lourido, pidiera control excepcional al contrato.El organismo encontró que en los planes promocionales hubo exenciones de impuestos que habrían afectado las finanzas públicas en $59.828 millones.Se advirtió que en un otrosí al contrato, el 23 de julio de 2010, la Licorera del Valle le otorgó un descuento adicional del 8% al distribuidor, lo que equivaldría en un presunto detrimento de $47.403 millones.El informe resaltó que tanto Doney Ospina como Ruth Sofía Triviño y los integrantes de la Junta Directiva de Licorera, en calidad de servidores públicos o de particulares que administran recursos públicos, tenían la obligación de manejarlos con mayor cuidado, porque son dineros del Estado.Para la Contraloría, esas personas (gerentes y junta) actuaron de manera negligente y “sin el cuidado que les imponían sus funciones”.Según el ente de control, las finanzas del Valle presentan un deterioro sistemático, que fue causado por la inadecuada gestión de los directivos de la ILV y por la indebida regulación de la Asamblea Departamental que el 30 de diciembre de 2009 aprobó la Ordenanza 301, que afecta en forma considerable las finanzas departamentales, en especial los recursos para salud y educación.Dicha ordenanza corresponde a la actualización del Estatuto Tributario, que contempla, entre otros aspectos, la exoneración de impuestos a productos de la Licorera (que en otras regiones se conoce como impuesto al consumo y en el Valle se denomina participaciones). Un problema anunciadoLos visos problemáticos del contrato entre la Licorera y la Unión Temporal tuvieron su primera advertencia el 12 de noviembre del año pasado, por parte del contralor del Valle, Carlos Hernán Rodríguez, quien hizo una visita a la ILV para revisar, precisamente, ese plan comercial firmado en el 2008.En su revisión, el Contralor encontró que en marzo 6 de 2009 se le hizo una primera adición al contrato suscrito; situación que se repitió el 5 de mayo del mismo año, en los cuales se otorgaron más beneficios en los ingresos que iba a tener el contratista, sin que se explicara cuál iba a ser el papel de la Licorera en el proceso.Estos beneficios oscilaron entre el 5% y el 25%, los cuales se enmarcaron en unos parámetros de comercialización y distribución de los productos de la Licorera, que -según se dijo- estaban por encima de lo inicialmente acordado en 2008.Pese a que se firmó un compromiso con la unión temporal de que ésta tenía la obligación de entregar los soportes “de ejecución del Plan de la vigencia 2009” esto no fue cumplido, en la medida en que el titular del organismo de control departamental encontró que estos “documentos no (fueron) puestos a disposición de la comisión auditora”.Esto, para el Contralor, dejó en evidencia “una débil interventoría por parte de la ILV en el seguimiento y ejecución de los planes comerciales”.Uno de los elementos que también llamó la atención del ente fiscalizador fue que en el 2010 hubo un nuevo acuerdo entre las partes, firmado el 3 de marzo de 2009, en el cual se autorizó la “utilización de 3.000.000 botellas de 750 c.c. para el Plan Promocional”.No obstante, quedó en evidencia que este acuerdo generó una incertidumbre, toda vez que no se definió si los estímulos en las ventas iban a ser del 4% ó 5%.Esta situación redundó en que Rodríguez Becerra asegurara en su informe que “no se evidencia un procedimiento implementado, ni documentado para ejecución y seguimiento de entrega del Plan con los soportes correspondientes”, los cuales son imprecisos porque no hay “cierre del Plan Comercial por cada vigencia o por mes, donde se justifiquen los saldos adeudados en cuanto a las cantidades aprobadas por la ILV”.Con base en lo encontrado, el Contralor indicó que “se observa deficiencia en los mecanismos de control o interventoría al Plan Comercial”, situación que para el funcionario “impide visualizar la gestión o claridad en las entregas del comercializador, por cuanto no queda evidencia física completa de la ejecución del objeto del contrato, impidiendo establecer las obligaciones que de él se derive”.Para el Contralor resultó “preocupante” que el comercializador no cumpla con lo acordado en el contrato, por lo que advirtió que, de llegarse a presentar este evento (no cumplimiento), eso “se traduce en un alto riesgo financiero para las partes y las transferencias para el Departamento, afectando significativamente la inversión en la salud de los vallecaucanos”.Este documento, según se pudo establecer, fue la base para la decisión adoptada ayer por la Contraloría Delegada para la Infraestructura al iniciar el proceso de responsabilidad fiscal, en la medida en que el posible detrimento había sido advertido desde el año pasado, sin que se tomaran medidas al respecto.Escuche las declaraciones del ex gerente de la Industria de Licores del Valle