Inhabilitan por 14 años a José Felix Ocoró, exalcalde de Buenaventura

La Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 14 años a José Felix Ocoró por las irregularidades presentadas en el programa de ampliación de la cobertura de educación de Buenaventura.

[[nid:438867;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/06/jose-felix-ocoro.jpg;full;{José Felix Ocoró, exalcalde de Buenaventura. Foto: Elpais.com.co | Archivo}]]

Por las irregularidades presentadas en el programa de ampliación de la cobertura de educación de  Buenaventura  durante la vigencia 2011, denuncia hecha por este diario, la Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera instancia, destituyó e inhabilitó por 14 años al exmandatario de los bonaverenses, José Felix Ocoró Minotta.

Dentro de la misma determinación disciplinaria se destituyó e inhabilitó por 13 años  a Yolanda Amú Vente, en su condición de secretaria de Educación del Distrito. 

En el marco del programa de ampliación de cobertura para la vigencia de 2011, Ocoró Minotta suscribió varios contratos para la prestación integral por parte de los contratistas del servicio educativo en seis  instituciones, las cuales no contaban con la estructura física en cantidad y calidad requerida por el Gobierno para atender la población estudiantil.

 Se estableció también que en cumplimiento de los seis contratos Buenaventura reconocía $75.000  mensuales por el servicio prestado a cada alumno. 

Entre tanto, los contratistas tercerizaron el servicio educativo y, en consecuencia, celebraron 92 contratos en los que le reconocían a los centros educativos que finalmente prestaban el servicio de educación, entre $45.000 y $47.000  por alumno, presentándose una diferencia de $30.000 y $28.000, entre lo pagado por la Alcaldía a los contratistas y lo pagado por estos a las entidades subcontratadas. 

Para la defensa de Ocoró Minotta este cargo no es preciso, ni aparece respaldado con pruebas y, por el contrario, “genera incertidumbre cuando proclama una diferencia con una simple resta matemática”, afirmación que no comparte la Procuraduría.