Informe exclusivo: denuncian estafa con terrenos incautados en Bugalagrande, Valle

Informe exclusivo: denuncian estafa con terrenos incautados en Bugalagrande, Valle

Febrero 22, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción Unidad Investigativa

Cerca de 70 familias, que habrían pagado más de $120 millones para obtener los papeles de las tierras que se tomaron en corregimiento de Ceilán, en Bugalagrande, habrían sido engañadas por falso funcionario de Incoder.

El corregimiento de Ceilán, ubicado en zona montañosa de Bugalagrande, no solo quedó en la historia como el lugar donde se registró el mayor despojo de tierras de campesinos por parte de los carteles del narcotráfico; también simboliza la que sería una de las mayores estafas realizada en nombre de la Ley de Restitución de Tierras. Lea también: Hacienda La Magdalena, en Bugalagrande, es una bomba de tiempoLas víctimas son cerca de 70 familias oriundas del norte del Valle y el sur del Quindío que con la ilusión de que el Estado les titularía a campesinos las tierras baldías y extintas al narcotráfico llegaron entre el 2012 y 2013 a La Magdalena, la emblemática hacienda que expandiera el extraditado Fernando Marulanda, alias ‘Marulo’, borrando los linderos de 17 fincas vecinas a sangre y fuego, para después ceder la propiedad al clan Urdinola Henao.Por diferencias y presiones, estas familias terminaron asentadas un kilómetro más abajo, en la finca La Barbora, cedida a la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, luego de que fuera entregada por el supuesto jefe paramilitar Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordolindo’, para reparar a sus víctimas.Decenas de ranchos de guadua y zinc se empezaron a levantar por las 490 hectáreas que conforman La Barbora hasta que a comienzos del 2014 fueron invitados a una reunión en la casa de Floricel Tovar, miembro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, para reunirse con un supuesto funcionario del Incoder.El funcionario era Rodrigo Saavedra, quien aseguraba haber liderado varios procesos en los que familias campesinas y de desplazados recibieron títulos de propiedad en Cauca y Valle. El momento por el que tanto lucharon había llegado. O al menos así lo creían.Con el argumento de querer repetir sus logros en Ceilán y favorecer a más campesinos, Saavedra asistió a varias reuniones con la persona que le ayudaría con los trámites en Bogotá ante la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes y a quién presentó como Héctor Bonilla, su socio.“Ustedes saben que para uno tener algo tiene que costarle y si no, no llegamos a ningún final... Esta finca la iba a sacar yo en beneficio propio, pero en unos acuerdos con don Floro (Floricel Tovar, quien lideró el proceso de toma de La Magdalena) hicimos la gestión para hacer la propuesta de parcelación”, asegura Saavedra en un video obtenido por El País.Reitera que “les di mi palabra de que me hacía responsable de los documentos de esta finca, de sacarla como depositario y hacer la parcelación hasta entregarles el plano topográfico de cada parcela... pero para llegar allá se tiene que llegar con un monto y por eso necesito compromiso, seriedad y respeto de cada uno de ustedes con los aportes”, los cuales se fijaron en dos millones y medio de pesos por cada una de las 70 familias, las cuales recibirían parcelas de siete hectáreas.La suerte parecía estar de su lado y días después llegó la gran noticia. Por decisión del fiscal Especializado No. 24 de Cali, Diego Fernando Quintero, de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos, la tierra finalmente había sido dada a Rodrigo Saavedra como depositario, según el radicado 826281, del 12 de marzo del 2014.Así lo corroboró un certificado de tradición expedido por la Oficina de Instrumentos públicos de Tuluá, donde consta que el predio con matrícula No. 384-24618, se entregó a Saavedra mediante la radicación 2014-3058. Con esos documentos en mano, las 70 familias asentadas en La Barbora empezaron a apelar a todo tipo de recursos para conseguir los dos millones y medio de pesos para iniciar los trámites de escrituración.“Si nosotros no recogemos el dinero que se necesita para sacar esa documentación, el esfuerzo que hacemos aquí con el caballero (Héctor Bonilla) se pierde. A mí no me perjudicaría ni a él tampoco, pero esa no es la base primordial; lo que queremos es beneficiarlos porque si hacemos un esfuerzo por dar $40 millones 0 $50 millones para enviarlos a Bogotá, la finca no los devuelve así sea en uno o dos años”, asegura Saavedra.Ante el avance del proceso, algunos entregaron el dinero en efectivo; otras familias hicieron préstamos ‘gota a gota’ para cancelar la cuota y algunas más vendieron enseres, animales o recurrieron a familiares y amigos.Solo una persona se levantó en la última reunión para cuestionar a Saavedra y anunciarle que no seguía con el proceso: “Muchos de aquí sobrevivimos con un jornal y uno de un jornal para sacar dos millones y medio no es fácil. Se le miente al hombre, pero a Dios no se le miente”, dijo. Pero el argumento de Saavedra, quien llegaba con chaleco y carné del Incoder, fue más convincente: “Hagan de cuenta que le van a comprar la tierra al Estado. ¿Me hago entender? Son ustedes mismos los que están comprando la tierra porque el Estado no le está dando tierra a nadie y con el aporte que ustedes hacen, es que se legaliza”.Finalmente, más de 60 familias tomaron parte de la ‘feria’ en la que cada cual señalaba dónde quería quedar y Saavedra le marcaba los linderos. De vuelta en la tierraUn año después de que la comunidad asegurara haber entregado más de $120 millones a Rodrigo Saavedra y su socio Héctor Bonilla, jamás se volvió a saber del supuesto funcionario del Incoder.La Unidad Investigativa de El País consultó con los entes estatales a los que involucra Saavedra en sus certificados y afirmaciones y encontró que todos los documentos era falsos.Así lo aseguró el coordinador de la Unidad de Fiscalías Especializadas, Iván Aguirre, al corroborar que el documento supuestamente emitido por el ente no es real porque no hay en Cali un fiscal de extinción de dominio de nombre Diego Quintero.“Desde agosto del 2010, el fiscal especializado No. 24 de Extinción de Dominio es el doctor Ricardo Rivera; y el número de radicado al que se refiere el documento no corresponde a un caso de extinción de dominio, sino a un fraude procesal”, señaló Aguirre.El certificado de tradición que circuló en La Barbora y que lo ubica como depositario de la finca también fue alterado. Según la Sociedad de Activos Especiales, SAE, el organismo que hace solo cuatro meses administra los bienes que tenía Estupefacientes, Saavedra nunca ha sido depositario ni arrendatario de alguna propiedad y la radicación 081 del 2014 “corresponde a la destinación provisional de una motocicleta a la Dirección Administrativa y Financiera de la Fiscalía”.Otro de los documentos con que Saavedra sustentó el engaño fue una denuncia instaurada en la Fiscalía de Tuluá en la que supuestamente temía por su vida porque como depositario de La Barbora podría ser víctima de represalias “por parte de los antiguos poseedores y administradores”, pero fuentes del ente investigador en Tuluá, indicaron que el número del caso no corresponde a la nomenclatura que utilizan y que el formato tampoco es el que utiliza la Fiscalía General para una noticia criminal.Lo único real, son las denuncias que existen contra Saavedra. La más reciente de ellas, instaurada por su socio Héctor Bonilla, el que presentó a los campesinos como la persona que haría los trámites en Bogotá, que lo denunció por hurto agravado porque huyó con un vehículo de su propiedad.Con la dirección del denunciado y el denunciante, El País buscó en Tuluá tener la versión de ambos, pero Bonilla hace varios meses no lo ven en su residencia y Saavedra, se mudó hace varios días, según vecinos.Lo curioso es que Rodrigo Saavedra habitaba una enorme casa, que esconde los lujos de otra época; al buscar la tradición del inmueble, se encontró que es también una propiedad extinguida al narcotráfico, pero nadie sabe cómo llegó a obtenerla.El bien fue extinguido el 28 de agosto del 2006 y se entregó como depositaria a la Lonja de Propiedad Raíz de Cali y Valle, pero fue la SAE la que hizo el desalojo en octubre pasado de una mujer de la tercera edad que aseguró que le estaba cuidando la casa a una sobrina de la que no tiene razón.En los antecedentes judiciales de Saavedra figuran, además de la denuncia interpuesta por su antiguo socio Héctor Bonilla, otros seis procesos en los que está sindicado de varios delitos en Cauca y Valle.Un año atrás fue denunciado por ‘perturbación por posesión de un inmueble’ en Popayán; donde tiene otras tres denuncias por amenazas, constreñimiento ilegal y estafa.También la liquidada DNE lo denunció por falsedad material en documento público, uso de documento falso y fraude procesal porque sin ser depositario provisional ni funcionario de la DNE, “falsificó la Resolución Administrativa No.0981 del 27 de septiembre del 2013 y removió al depositario de la finca Villa Paola, del municipio de Riofrío para celebrar un contrato de arrendamiento y beneficiarse de las ganancias”.Más pobres que antesCuriosamente, contra Rodrigo Saavedra no figura en Fiscalía ninguna denuncia por estafa cometida en el corregimiento de Ceilán o en la finca La Barbora.Especialistas del CTI en este tipo de casos aseguraron que estas familias no han denunciado porque aún no se sienten estafados y siguen viviendo en las tierras que les parceló esta persona con sus animales y cultivos.“Otra cosa va a ocurrir el día que un juez o un magistrado ordene el desalojo de esos predios. Solo ese día se darán cuenta que fueron engañados; hoy se siente propietarios”, dijo un investigador del CTI.De hecho, una de las personas que habita en la casa principal de La Barbora aseguró que es mucho lo que tienen que agradecerle a Rodrigo Saavedra. “Es que él no nos vendió la tierra; él no la regaló y la plata que dimos fue para papelería y para hacer trámites en Cali y Bogotá. Hoy al menos tenemos una posesión que nos puede ayudar para que nos entreguen esto para seguirlo trabajando”.Caso contrario piensa Luis Evelio Murillo, quien junto a su esposa y su único hijo vieron cómo se les escapó con Saavedra el sueño de tener un pedazo de tierra y se les llevó, de paso, un televisor a color, dos terneras y cerca de un millón de pesos.“Nosotros somos conscientes de que esto no es de nosotros y que en cualquier momento nos pueden sacar, pero el señor no les quitó a los ricos; dejó sin sustento a gente extremadamente pobre”, Dijo Murillo.Entre tanto, Floricel Tovar, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, y quien lideró el proceso de La Magdalena y ahora de La Barbora, lamentó que hayan sido engañadas tantas familias.“Ese señor vino a abusar del buen de uno. Yo no tengo nada qué esconder y si me toca morirme con la verdad, me muero con ella; a ese tipo deberían meterlo preso, ponerlo a trabajar y enseñarle que las cosas se consiguen honradamente”, indicó Martínez.Pero la realidad es que el fantasma del desalojo ronda hace varias días en el ambiente y personas como William Vargas, a quien Rodrigo Saavedra dejó sin tierra porque no tuvo con qué pagarle, cree que quizá “todos se irán más pobres de lo que llegaron”.

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