Incautan 380 bultos de carbón ilegal en zona rural de Buga

Esta actividad implica un daño ambiental de 40 árboles, al suelo y emisiones atmosféricas. Los dueños del predio señalaron que la CVC no había autorizado los permisos para la explotación del carbón.

En un operativo realizado en las últimas 24 horas, en el corregimiento El Vínculo, zona rural del municipio de Buga, miembros de la CVC y la Policía incautaron 380 bultos de carbón obtenidos de manera ilegal ya empacados, una motosierra y zarandas (colador) para la selección del material.Según el ingeniero de la Dirección Ambiental Regional Centro Sur, Edwin Londoño “se hallaron además dos montones en plena formación, lo que indica que apenas se había apilado la madera, a la que todavía no se les había arrojado la tierra ni el pasto”.Igualmente, las autoridades evidenciaron que en el predio se encontraban tres pilas de carbón encendidas, es decir en plena producción. Al momento de llegar al sitio, funcionarios de la corporación y miembros de la Policía Nacional, observaron que existía un campamento donde aparentemente residían los quemadores de carbón, los mismos que emprendieron la huida minutos antes de iniciar el operativo. Para obtener este carbón vegetal, profesionales de la CVC confirmaron la tala indiscriminada de cerca de 40 árboles de la especie chiminango (Pithocellobium dulce), lo que ocasionó un importante daño ambiental de aire, bosque y suelo por la quema del carbón. “Al parecer esta gente llevaban tres o cuatro meses realizando la explotación ilegal de carbón y se evidencia que el suelo tardaría en recuperarse aproximadamente cuatro años”, indicó Londoño. Al ponerse en contacto telefónico con la propietaria del predio, esta señaló que había solicitado el permiso a la CVC para la erradicación y quema del carbón, pero la autoridad ambiental aun no se lo había proporcionado y que tiene un contrato con un ingenio azucarero para la siembra de caña de azúcar en el sitio, por lo tanto el sería el encargado de tramitar los permisos pertinentes. La CVC indicó que el trámite administrativo termina con un proceso sancionatorio y el decomiso final del material, así como las obligaciones para la restauración del terreno afectado.