Imputan cinco delitos a ex funcionarios de Juan Carlos Abadía

Imputan cinco delitos a ex funcionarios de Juan Carlos Abadía

Noviembre 29, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Imputan cinco delitos a ex funcionarios de  Juan Carlos Abadía

El exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía.

Los implicados son el ex secretario de Educación, Eiber Gustavo Navarro, y el ex secretario Jurídico, Raymundo Antonio Tello.

Un nuevo escándalo rodea a la administración del destituido gobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, e involucra a dos integrantes del gabinete que lo acompañó mientras estuvo en el cargo.Ayer, en una audiencia pública realizada en Cali, la Fiscalía General les imputó cargos a Raimundo Tello, quien se desempeñó como secretario Jurídico, y a Eiber Gustavo Navarro, quien fuera secretario de Educación, y fue destituido e inhabilitado por diez años para ocupar cargos públicos por participación en política. A los dos ex funcionarios se les investiga por la celebración de un convenio que pretendía dotar 40 bibliotecas de 10 municipios del Valle, que tenía un valor de $1.072 millones, y que se habría suscrito de manera irregular. Según expuso el ente investigador, Tello y Navarro habrían permitido la contratación con la Fundación Calimío, afectando los recursos públicos del Departamento.De acuerdo con los hechos punibles narrados por la Fiscalía, el convenio se celebró sin el lleno de requisitos legales y sin hacer uso de una licitación pública.Por esas razones, a los ex funcionarios se les imputaron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, de interés indebido en celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Asimismo, de prevaricato por acción y falsedad en documento privado.Durante la audiencia, que se realizó ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Cali, la Fiscalía también solicitó la medida de aseguramiento con detención preventiva sin beneficio de excarcelación para ambos exfuncionarios. La misma solicitud hizo para la representante legal de la Fundación Calimío, Luz Delly Martínez Collazos, a quien se le imputó el delito de peculado por apropiación. Ninguno de los implicados se allanó a los cargos.La solicitud de la Fiscalía se resolverá el 2 de febrero del 2012, debido a que la defensa de los implicados pidió suspender la audiencia preliminar que se desarrolló este lunes, para revisar el material probatorio facilitado por el ente investigador, al considerar que era un proceso complejo.Los hechosEl convenio 0110, denominado de cooperación de interés público, que motivó la investigación por parte de la Fiscalía fue suscrito el 29 de enero del 2010 entre el Departamento del Valle-Secretaría de Educación y la Fundación Calimío y está firmado por Juan Carlos Abadía, Eiber Gustavo Navarro, Raimundo Tello, por la Gobernación, y Luz Delly Martínez Collazos por la Fundación.Para este contrato, el Departamento aportaba la suma de $1.000 millones y Calimío $72 millones, que correspondían al transporte del material.La supervisión y control del convenio, según consta en el documento, le fue asignada a Rodrigo Buriticá, funcionario de la Secretaría de Educación del Valle.De acuerdo con lo estipulado en el convenio, los municipios beneficiados con la entrega de los libros para sus bibliotecas eran 2 instituciones educativas de Andalucía, 4 de Bugalagrande, 5 de Riofrío, 6 de Trujillo, 6 de Bolívar, 3 de San Pedro, 4 de Vijes, 3 de Yotoco, 4 de La Victoria, 3 de Toro.Según determinó la Fiscalía, por tratarse de una “contratación irregular con el ánimo de desfalcar patrimonialmente al Departamento”, usando recursos públicos, los ex funcionarios en mención fueron “coautores” del delito de peculado por apropiación agravado, pues la cuantía del proyecto superó los 200 Salarios Mínimos Mensuales Legales. Asimismo, señaló que la modalidad de contratación para dicho convenio de cooperación de interés público no fue la adecuada, pues, indicó la Fiscalía, debió haberse hecho por licitación pública.Según el organismo acusador, con este proyecto también se habría incurrido en un “carrusel de contratación”, debido a que la Fundación Calimío, subcontrató con la firma Alfa y Omega, que a su vez contrató con Ediciones la Clave del Saber, a cuyos representantes se les imputó el cargo de peculado por apropiación. Al justificar la solicitud de la medida de aseguramiento contra los dos ex funcionarios, la Fiscal que imputó los cargos, calificó los hechos como “graves”, “que causan repugnancia y zozobra, lo que constituye peligro para la comunidad”.

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