Héctor Fabio Useche, a rendir cuentas ante la Contraloría General

Enero 26, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Héctor Fabio Useche, a rendir cuentas ante la Contraloría General

Héctor Fabio Useche, gobernador del Valle del Cauca, por el Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO.

El Gobernador del Valle comparece hoy a juicio fiscal por un presunto detrimento patrimonial en la Licorera.

El gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, el ex mandatario Juan Carlos Abadía y una decena de ex funcionarios que formaron parte de su administración, entre ellos el ex gerente de la Licorera y ahora alcalde de Florida, Donney Ospina, comparecerán hoy a un juicio verbal de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la Nación.A todos se ellos se les sigue un proceso fiscal por un presunto detrimento patrimonial por $107.231 millones en la Industria de Licores del Valle, ILV, por supuestas anomalías en un contrato suscrito con la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. (hoy UT Comercializadora Integral SAS), que distribuye los productos de la empresa.Los ex funcionarios citados formaron parte de la Junta Directiva de la Licorera durante la administración del ex destituido gobernador Abadía (ver lista anexa).Édgar Salazar Rivera y Édgar Dorronsoro, miembros de la UT y cinco empresas socias de esta firma, también fueron vinculados al proceso fiscal, que se inicia hoy y que se puede prolongar por varios días, debido a la cantidad de personas incluidas en este caso.Desde ayer, según conoció El País, se encuentran en Bogotá gran parte de los funcionarios y ex funcionarios a los que Contraloría les imputará los cargos, a partir de las 9:00 a.m.El casoLos hechos que motivaron la investigación de la Contraloría y que llevaron a abrirle pliego de cargos al actual mandatario y demás ex funcionarios comenzó en enero del 2011, luego de que el entonces gobernador, Francisco Lourido, solicitara control excepcional para este caso, por lo que la Contraloría General inició una indagación preliminar con miras a establecer presuntas anomalías en el contrato 20080035, que se firmó el 7 de abril del 2008 y que establecía el plan comercial para la ILV durante el periodo 2009-2010. El Gobierno de la época manifestó sus dudas por los múltiples cambios que se hicieron al contrato de distribución y la firma de una prórroga a las carreras, según dijo Lourido, quien además reveló la falta de control al licor que la ILV daba al comercializador para promoción.El entonces Mandatario denunció que en el Valle se regalaron cerca de cinco millones de botellas para degustación y promoción y que una parte fue al distribuidor y la otra la repartía la Gerencia directamente. Licores, que no habrían pagado los impuestos correspondientes.Uno de los hallazgos de la Contraloría es que en los planes promocionales de la industria hubo exenciones de impuestos, lo que pudo afectar las finanzas en $59.828 millones.Useche, quien en ese entonces era secretario de Salud y representante del gobernador Abadía en la Junta, ha reiterado que este proceso obedece a un complot en su contra y que él no era ordenador del gasto en la Licorera. A su vez el exgerente de la Licorera Doney Ospina señaló, en su momento, que en ese contrato no se cometieron irregularidades y todo se ajustó a la ley. Además señaló que las exenciones de impuestos se aplican desde 2001 y fueron autorizadas en una ordenanza de la Asamblea Departamental.Voceros de la UT aseguraron que no han cometido ninguna falta y que ellos han cumplido con las condiciones del contrato y todo el licor de promoción se ha distribuido en las ferias y fiestas que patrocina la Industria de Licores del Valle en la región.¿Qué podría pasar?De acuerdo con abogados administrativistas y expertos en temas fiscales consultados por El País, la contralora general, Sandra Morelli, quien dirigirá la audiencia, puede solicitar la suspensión provisional del gobernador Useche.La medida la podría tomar amparada en el argumento de que el Mandatario tiene acceso a información pública que es sujeto de la investigación, con lo cual se buscaría evitar que se entorpezca el proceso.El abogado Gilberto Gómez González explicó que si el Gobernador es hallado responsable de un detrimento patrimonial deberá pagar el monto determinado del daño causado y podría ser suspendido del cargo hasta tanto cancele la suma exigida. En este caso el pago podría ser solidario debido a que hay otras personas involucradas, lo que quiere decir que la suma del detrimento se repartiría entre los que se hallen responsables.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad