Gremios protestan por freno a obras del puerto de Aguadulce

Gremios protestan por freno a obras del puerto de Aguadulce

Junio 29, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País.

Buenaventura pide que se haga un desarrollo urbanístico en la obra. No se requiere, dice la empresa.

Los gremios empresariales y económicos del Valle del Cauca elevaron ayer su voz de protesta por el inesperado freno que se aplicaría a las obras del puerto Industrial de Aguadulce por parte de la Alcaldía de Buenaventura, cuando el proyecto está a dos meses de inaugurarse luego de nueve años de construcción.

La molestia se generó luego de que la nueva administración bonaverense a cargo de Eliécer Arboleda expidió dos circulares donde exige a los socios de Aguadulce implementar un plan parcial para que puedan seguir las obras.

El plan parcial consiste en presentar un desarrollo urbanístico (con servicios públicos, redes, y otros usos del suelo, etc) en la península donde funcionará ese terminal marítimo, a pesar de que la Ley no lo exige para el caso de instalaciones portuarias por tratarse de obras de interés nacional.

Dicha exigencia pondría en riesgo inversiones por US$500 millones en ese proyecto, de las cuales US$322 millones ya se han ejecutado, lo mismo que 2000 empleos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, opinó que  “es inaudito que faltando semanas para la inauguración del Puerto de Aguadulce —la inversión asiática no petrolera más grande del país, con enormes beneficios para los bonaverenses— la Alcaldía ordene parar su construcción, contraviniendo, aparentemente en forma ilegal, la licencia que ella misma emitió”.

Cabe preguntarse, anotó el dirigente, “a quién le puede interesar que la obra se pare; porque claramente ni a los bonaverenses, ni a los vallecaucanos, ni a los colombianos les conviene que eso suceda”.

A su turno, Christine Riani, directora del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, señaló que “es incomprensible lo que sucede, ya que la anterior alcaldía de Buenaventura dejó en claro que no se necesitaba un plan parcial en Aguadulce y apropiar otros recursos para que empiece a operar”.

“Eso es echar para atrás un proyecto tan importante como este, y eso no puede ocurrir en un país donde estamos buscando que lleguen más inversionistas”, anotó la dirigente.

Cabe recordar que los mayores accionistas de Aguadulce son las firmas PSA International de Singapur e ICTSI, International  Container Services de Filipinas.

Se estableció extraoficialmente que habría un trasfondo en el asunto, ya que la Alcaldía, dueña del 15% de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, competidor de Aguadulce, estaría interesada en bloquear presuntamente la culminación de ese proyecto.

A través de una nota enviada a este diario se informó que hasta el momento Aguadulce ha pagado $95.000 millones en impuestos y contribuciones, a pesar de que no ha arribado ningún barco a sus instalaciones. 

El País intentó dialogar con el gerente del Puerto  Aguadulce, Miguel Abisambra, pero  no estuvo disponible para abordar lo sucedido con las exigencias de la Alcaldía del Puerto.

Qué dice el abogado

El abogado de la sociedad Aguadulce, David Arce, explicó  que en proyectos portuarios lo que prima es la licencia ambiental al igual que las consultas previas  con las comunidades, las cuales se cumplieron a cabalidad.

Indicó que por lo  tanto “los planes de Ordenamiento Territorial, POT, no pueden oponerse a  grandes proyectos de interés nacional y pública —como los puertos, aeropuertos, etc— que se ejecutan por concesión,  ya que así lo dispone el Artículo Primero del  Decreto 2201 del 2003, que reglamentó la Ley 388 de 1997”.

Dijo el abogado que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, hizo las consultas respectivas y consideró que no había inconvenientes, y por eso no se requería un plan parcial.

Aguadulce, enfatizó Arce, cumplió también con el trámite de la licencia de construcción para los edificios, las bodegas y los patios respectivos del terminal, la cual fue aprobada.

Frente a dicho lío, el gerente seccional de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Gabriel Velasco, indicó que “preocupa que luego de varios años, donde se surtieron todos los trámites, se modifiquen las reglas de juego. La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo de los negocios y la inversión”.

Y añadió: “Este es un precedente muy negativo para Buenaventura”.

 

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