Gremios protestan por freno a obras del puerto de Aguadulce

Buenaventura pide que se haga un desarrollo urbanístico en la obra. No se requiere, dice la empresa.

Los gremios empresariales y económicos del Valle del Cauca elevaron ayer su voz de protesta por el inesperado freno que se aplicaría a las obras del puerto Industrial de Aguadulce por parte de la Alcaldía de Buenaventura, cuando el proyecto está a dos meses de inaugurarse luego de nueve años de construcción.

La molestia se generó luego de que la nueva administración bonaverense a cargo de Eliécer Arboleda expidió dos circulares donde exige a los socios de Aguadulce implementar un plan parcial para que puedan seguir las obras.

El plan parcial consiste en presentar un desarrollo urbanístico (con servicios públicos, redes, y otros usos del suelo, etc) en la península donde funcionará ese terminal marítimo, a pesar de que la Ley no lo exige para el caso de instalaciones portuarias por tratarse de obras de interés nacional.

Dicha exigencia pondría en riesgo inversiones por US$500 millones en ese proyecto, de las cuales US$322 millones ya se han ejecutado, lo mismo que 2000 empleos.

El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahita, opinó que  “es inaudito que faltando semanas para la inauguración del Puerto de Aguadulce —la inversión asiática no petrolera más grande del país, con enormes beneficios para los bonaverenses— la Alcaldía ordene parar su construcción, contraviniendo, aparentemente en forma ilegal, la licencia que ella misma emitió”.

Cabe preguntarse, anotó el dirigente, “a quién le puede interesar que la obra se pare; porque claramente ni a los bonaverenses, ni a los vallecaucanos, ni a los colombianos les conviene que eso suceda”.

A su turno, Christine Riani, directora del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, señaló que “es incomprensible lo que sucede, ya que la anterior alcaldía de Buenaventura dejó en claro que no se necesitaba un plan parcial en Aguadulce y apropiar otros recursos para que empiece a operar”.

“Eso es echar para atrás un proyecto tan importante como este, y eso no puede ocurrir en un país donde estamos buscando que lleguen más inversionistas”, anotó la dirigente.

Cabe recordar que los mayores accionistas de Aguadulce son las firmas PSA International de Singapur e ICTSI, International  Container Services de Filipinas.

Se estableció extraoficialmente que habría un trasfondo en el asunto, ya que la Alcaldía, dueña del 15% de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, competidor de Aguadulce, estaría interesada en bloquear presuntamente la culminación de ese proyecto.

A través de una nota enviada a este diario se informó que hasta el momento Aguadulce ha pagado $95.000 millones en impuestos y contribuciones, a pesar de que no ha arribado ningún barco a sus instalaciones. 

El País intentó dialogar con el gerente del Puerto  Aguadulce, Miguel Abisambra, pero  no estuvo disponible para abordar lo sucedido con las exigencias de la Alcaldía del Puerto.

Qué dice el abogado

El abogado de la sociedad Aguadulce, David Arce, explicó  que en proyectos portuarios lo que prima es la licencia ambiental al igual que las consultas previas  con las comunidades, las cuales se cumplieron a cabalidad.

Indicó que por lo  tanto “los planes de Ordenamiento Territorial, POT, no pueden oponerse a  grandes proyectos de interés nacional y pública —como los puertos, aeropuertos, etc— que se ejecutan por concesión,  ya que así lo dispone el Artículo Primero del  Decreto 2201 del 2003, que reglamentó la Ley 388 de 1997”.

Dijo el abogado que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, hizo las consultas respectivas y consideró que no había inconvenientes, y por eso no se requería un plan parcial.

Aguadulce, enfatizó Arce, cumplió también con el trámite de la licencia de construcción para los edificios, las bodegas y los patios respectivos del terminal, la cual fue aprobada.

Frente a dicho lío, el gerente seccional de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Gabriel Velasco, indicó que “preocupa que luego de varios años, donde se surtieron todos los trámites, se modifiquen las reglas de juego. La seguridad jurídica es fundamental para el desarrollo de los negocios y la inversión”.

Y añadió: “Este es un precedente muy negativo para Buenaventura”.

¿Qué dice la Alcaldía?Según el secretario de Gobierno de Buenaventura, Luis Fernando Ramos, “esta empresa (puerto de Aguadulce) es infractora urbanista porque está haciendo uso de dos circulares, la 001 de mayo de 2015 y la 002 de noviembre de 2015, expedida de forma irregular por un funcionario de la anterior administración”. Dichas licencias carecen de validez, ya que el proyecto obtuvo la licencia de construcción por medio de la curaduría, al  eximir (a Aguadulce) de un plan parcial en la zona del proyecto, anotó.“Se otorgó una licencia como si se tratara de una edificación cualquiera, y no una entidad con actividad portuaria, lo que disminuye  los impuestos que deben asumir”. “El Alcalde no puede interferir”El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, dijo que “el puerto de Aguadulce no ha incurrido en ninguna irregularidad con el POT ni las licencias y así lo concluyó una consulta jurídica que conoció la propia Gobernadora del Valle”.Anotó que “este proyecto se ha ejecutado con mucha responsabilidad y seriedad, a pesar de que ha tenido muchos obstáculos con comunidades en la zona”. Andrade aclaró “que es un proyecto de orden nacional, y los alcaldes no deben interferir en el desarrollo de  grandes infraestructuras, ya que eso provocaría un caos en el país”.Y frente a la actitud del Alcalde de Buenaventura, el funcionario señaló que “no tiene competencia  y  sorprende su actuación. No podemos permitir que estos proyectos los pueda parar cualquiera´porque se le da la gana”.