Gobierno debe diseñar una política pública para reubicar a familias en zonas de bajamar

Junio 13, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa y El País Buenaventura
Gobierno debe diseñar una política pública para reubicar a familias en zonas de bajamar

En los barrios de bajamar, en Buenaventura, se concentra buena parte de la población, que vive en condiciones de pobreza extrema.

El informe de la Procuraduría señala a la identidad cultural como una de las principales causas de este tipo de asentamientos en zonas de bajamar, por aspectos como la poca presencia institucional.

El Gobierno Nacional debe diseñar una política pública para reubicar a la población que se encuentra en zonas altamente vulnerables de los litorales colombianos. Así lo señala la Procuraduría General de la Nación a través de un informe de recomendaciones en el que además dice que el 80% de la ocupación ilegal en los litorales del país corresponde a asentamientos palafíticos (construcciones sobre pilotes de madera o concreto) o zonas de bajamar. Estas franjas corren inminente peligro ante eventos como sismos, licuaciones, ciclones tropicales e incluso un tsunami.Son más de cien mil personas las que se encuentran en riesgo en municipios como Tumaco y Buenaventura. Según la Capitanía de Puerto de esta última ciudad se estiman en más de 11.186 las ocupaciones ilegales en zonas de bajamar.No obstante, dice el informe, ese reasentamiento necesita la evaluación de múltiples factores sociales, económicos y ancestrales, así como una reestructuración de la coordinación entre las autoridades locales y nacionales para garantizar la recuperación del litoral.De acuerdo con el director de la Oficina Coordinadora para la Prevención y Atención de Desastres del Puerto, Javier Riascos, los habitantes de la zona se han acostumbrado a vivir con el riesgo, a pesar de las diversas contingencias a las que se ven expuestos, como la muerte de niños que caen al mar y accidentes al pasar por los puentes de madera.Por esto, la Procuraduría sugiere la coordinación entre las autoridades locales y nacionales y la población en riesgo para reubicar a las 23.700 familias identificadas en zonas dentro de los municipios que sean favorables para desarrollar una oferta que corresponda a las necesidades de vivienda. Para eso se necesita que el Gobierno Nacional no sólo garantice económicamente la intervención sino que sea sensible para las especificidades socioculturales de la población. En el aspecto netamente ambiental se solicita incrementar el conocimiento del riesgo de desastres entre las comunidades, en temas como sismos, tsunami y ciclones tropicales, con el fin de poder mitigar los impactos en caso de emergencia.Igualmente, se evidencia la necesidad de frenar los impactos ambientales de la ocupación palafítica en sí misma, ya que según los estudios del Ministerio Público, “ha generado un proceso de deterioro de los ecosistemas y un deterioro de salud de sus pobladores”. Para esto, dice la Procuraduría, el Gobierno debería diseñar talleres para enseñarles a los pobladores los riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos de control y las instituciones locales con planes de emergencia en zonas costeras.Igualmente, se solicita monitorear el estado de los ecosistemas para prevenir posibles emergencias en bajamar.

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