Gobernadora del Valle pide al ELN un "cese al fuego" en el Bajo San Juan

La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le pidió al ELN un cese al fuego en el Bajo San Juan, límites de los departamentos de Valle y Chocó, donde se han presentado casos de desplazamiento forzado por disputas de esta guerrilla con el Clan del Golfo.

La petición fue hecha luego de un comité extraordinario de Justicia Transicional en Cali, realizado conjuntamente con el gobierno del Chocó, Ejército y Policía.

En la reunión también participaron víctimas del desplazamiento forzado que han llegado a Buenaventura desde el Bajo San Juan, en un número estimado en 400 familias y otras a Docordo.

" En este comité nos hemos dado cuenta de que las comunidades indígenas y afrodescendientes, están en medio del Eln y el Clan del Golfo. Nosotros le estamos pidiendo al Eln que haga un cese al fuego porque estás Comunidades no se pueden seguir afectando", expresó la mandataria.

Autoridades y víctimas coincidieron en que la crítica situación de desplazamiento y de seguridad, se hace insostenible desbordando la capacidad de atención que hasta ahora han brindado los gobiernos locales y departamentales, y en consecuencia se hace urgente una intervención del alto gobierno.

En ese sentido la Gobernadora del Valle, quien convocó la reunión, dijo que "vamos a ir la próxima semana a Bogotá para reunirnos con los Ministerios para poder lograr que haya una efectiva respuesta hacia esas comunidades con la finalidad que no se sigan desplazando, tengan seguridad, pero además calidad de vida".

Por su parte la​ Directora Territorial de la Unidad de Víctimas, Fabiola Perdomo, dijo que además de destacar el compromiso de la Gobernadora para buscarle salidas a la problemática del Bajo San Juan, "se han atendido 7 emergencias humanitarias en el Valle y 6 en el Chocó, que representan más o menos 1.583 víctimas. Además en Cali hay 43 familias que están ingresando al proceso de retorno, 14 familias que están en la zona de Córdoba en Buenaventura, 10 familias en Puerto Pizario, y 14 familias más en el Guadualito".

Además, indicó que preocupan los casos de retenciones forzadas, presencia de actores armados, combates entre la fuerza pública y grupos ilegales,  y la masacre de la zona de Carrá.

Se han invertido​ $227 millones en Buenaventura y $292 millones en el Bajo San Juan, para un total de $519 millones en atención de víctimas, además de $71 millones en ayudas materiales.

Por último, el alcalde del Litoral del Bajo San Juan, Willington Ibarguen Posso, reconoció el apoyo del gobierno del Valle y de las fuerzas militares, pero llamó la atención del gobierno nacional.

"Necesitamos que le ponga freno porque el litoral del Bajo San Juan también es Colombia. El problema ya está desbordado en el orden regional y necesitamos la intervención nacional, en este momento además hay más población ribereña del Bajo San Juan que amenaza con desplazarse", alertó.