Gobernador va para Zaragoza; estalla polémica por actuación de la CVC

Defensor del Pueblo cuestiona gestión oficial ante la crisis.

En medio de una fuerte polémica por la actuación de la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, el gobernador del Valle, Francisco Lourido, recorrerá este jueves la cuenca del río Dagua para verificar la realidad de la crisis ambiental que se desató en esa zona por causa de la explotación minera ilegal.El mandatario, acompañado por un grupo de técnicos de la Gobernación, estará desde las 8:00 a.m. en el corregimiento de Zaragoza, la zona más afectada por el fenómeno.El recorrido se hará un día después de que la CVC admitiera públicamente que el problema de la minería ilegal en el río Dagua se le salió de las manos y amenaza con extenderse a otros sectores del municipio de Buenaventura como Anchicayá, lo que generó ayer una fuerte polémica.A pesar que desde el viernes pasado se debían suspender las actividades mineras en su totalidad y sacar las retroexcavadoras de la zona, según el decreto 1479 expedido por la secretaría de gobierno de Buenaventura, el ingeniero Juan Carlos Rengifo, director de gestión de la autoridad ambiental de la región, advirtió que “nuestros funcionarios en las labores de monitoreo siguen encontrando asentamientos subnormales, túneles para explotar oro e, incluso, hundimientos en la carretera que comunica a Cali con el puerto más importante sobre el pacífico colombiano”.La problemática, que ha sido ampliamente divulgada por este diario, fue descrita por Rengifo como de inminente peligro para la vida de habitantes y viajeros, así como de alto riesgo para la vía por la que se mueve el 55% del comercio exterior del país y el ingreso de embarcaciones al puerto marítimo, debido al aumento de la sedimentación que llega a través del río a la bahía de Buenaventura.“Enfrentamos un fenómeno que ya no es sólo del Valle del Cauca, un fenómeno que rebasó la capacidad operativa de la CVC y del Municipio, por lo que convocamos al Gobierno Nacional, con sus ministerios, para que haga efectiva la suspensión inmediata de la actividad minera ilegal”, reclamó el director de gestión de la CVC en una concurrida rueda de prensa.Rengifo también afirmó que el problema se agrava en la región debido a que la minería está poco reglamentada en Colombia, “tiene vacíos que han permitido el aumento de la magnitud del problema”.De igual manera fue crítico con una medida impartida por el Juez Segundo Administrativo, mediante auto de sustanciación # 687 de Julio 12 de 2010, que autoriza por dos meses actividades de drenaje de los pozos que han quedado luego de la invasión de mineros.“La CVC no fue convocada para dar asesoría técnica en esa labores de drenaje, como autoridad ambiental, y ni siquiera se le ha solicitado concepto técnico. Además, en medio del caos que se presenta en la zona, muchos avivatos se aprovechan de esa orden para camuflarse y continuar con la explotación ilegal”, explicó Rengifo.Aunque el funcionario reconoció que la mayor parte del día las máquinas permanecen quietas y que no se ve personal buscando oro, “no puedo asegurar nada con respecto a las horas de la noche y la madrugada, para nosotros es claro que se sigue explotando la cuenca ilegalmente, pero no hemos podido ingresar más allá del borde de la vía pues no hemos tenido las garantías debido a la situación de orden público”.De acuerdo con el informe de Rengifo, el impacto no es sólo a nivel ambiental, la nueva vía (la doble calzada) y una estación de venta de gasolina, también corren riesgo de que en una creciente, el río dañe parcial o totalmente esas dos obras. “Eso podría acarrear demandas contra la Nación, el Departamento y el Municipio, como responsables de los daños por omisión”, dijeron desde el área jurídica de la entidad.Por último, Rengifo estimó que tan sólo las labores para diagnosticar y estructurar el plan de reparación de la cuenca del Dagua, “pueden costar alrededor de los $3.000 millones”, dinero que no se tiene en estos momentos disponible”.Sin embargo, ayer la Defensoría del Pueblo del Valle y la Secretaría de Gobierno de Buenaventura salieron al paso del pronunciamiento de la CVC, asegurando que la Fuerza Pública está presente en inmediaciones del río Dagua y, por lo tanto, sí habían garantías para actuar.“Sinceramente no me queda claro qué tipo de ayuda pide la CVC. Ahí está la Policía, que es la más interesada en desalojar porque Zaragoza era un sitio tranquilo que se convirtió en un núcleo de violencia, criminalidad e ilegalidad”, aseveró el defensor Andrés Santamaría.Cuestionó que solamente hasta ahora la entidad ambiental lance un SOS, cuando ya pasaron 18 meses y la crisis está fuera de control. “Cuando la minería se podía manejar no se hizo nada”, sentenció.Por su parte, Lebis Torres, secretaria de Gobierno del Puerto, informó que ya hay 38 máquinas fuera del río y están apostadas a los lados de la carretera Cabal Pombo.Agregó que hoy se descubrieron dos máquinas trabajando en el lecho del Dagua y se les impusieron multas que van entre los $5 y los $10 millones. “Se les hará seguimiento, si no atienden se les abrirá un proceso legal que estará a cargo de la Fiscalía”.La funcionaria también dijo que hay que trabajar en “sinergia para darle solución al problema ambiental y social que enfrenta el corregimiento”.