Gobernación da ultimátum a mineros

Tras su visita a la mina de Zaragoza, el gobernador del Valle, Francisco Lourido, informó que a partir de hoy las retroexcavadoras que se encuentran en la zona comenzarán a ser retiradas de las riberas del río Dagua.

Tras su visita a la mina de Zaragoza, el gobernador del Valle, Francisco Lourido, informó que a partir de hoy las retroexcavadoras que se encuentran en la zona comenzarán a ser retiradas de las riberas del río Dagua.Según el Mandatario, la Alcaldía de Buenaventura destinó $50 millones para tal fin por lo que empezarán las labores para remover la maquinaria de la zona.“Después de retirar los equipos vamos a poder evaluar y saber concretamente qué se puede hacer para recuperar la cuenca. Vemos muy delicado el tema, sabemos del problema social y vamos ayudarle al Alcalde de Buenaventura en este proceso”, dijo el Gobernante.Según Lourido, las retroexcavadoras que se retiren se llevarán a un patio donde sus dueños serán judicializados y multados por ejercer la minería ilegal en la cuenca del río Dagua. Asimismo, dijo que comprobó el deterioro de la zona y que le preocupa la erosión de algunos sectores, lo que puede afectar los trabajos de la doble calzada.María Jazmín Osorio, directora de la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, CVC, expresó que la entidad comenzará a trabajar en la zona en la medida que se les garantice la seguridad a los funcionarios. “No podemos empezar a realizar un diagnóstico del problema ambiental en el sector si existe maquinaria que siga impactando el terreno”, dijo la funcionaria, quien agregó que después de conocer la dimensión del problema podrán ejercer un plan de recuperación en la zona.Según técnicos de la CVC, la recuperación del afluente tardaría años, “por eso es tan importante comenzar a realizar el diagnóstico rápidamente”, dijo. Por su parte, el Ministerio de Minas anunció la posibilidad de establecer una licencia para la explotación minera artesanal de algunos sectores de Zaragoza. La decisión entraría a favorecer a los mineros que sean nativos y cuenten con el aval del Consejo Comunitario del Alto y Medio Dagua. “Nosotros estamos en ese trámite y esperamos que se haga realidad pues siempre estamos dispuestos a acatar las decisiones de las autoridades”, dijo Lucila Martínez, representante legal de ese consejo.