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Río Amaime | Foto: Archivo El País

MINERÍA

Fuerte rechazo a posible explotación del río Amaime en Palmira

Líderes comunitarios y concejales expresaron que la explotación indiscriminada acabaría con este importante afluente que representa la principal fuente de agua del municipio de El Cerrito.

8 de noviembre de 2017 Por: Redacción El País Palmira

Un no rotundo expresaron este martes concejales y líderes comunitarios de los municipios de Palmira y El Cerrito en la plenaria del hemiciclo de la corporación palmirana ante una posible explotación minera de material de arrastre del río Amaime que surte a estas dos poblaciones, cuya decisión está en manos de la CVC que estudia la adjudicación de la licencia ambiental a dos empresas areneras de la región.

Desde que se conoció la noticia, los habitantes de las dos localidades expresaron su rechazo al señalar que la explotación indiscriminada acabaría con este importante afluente que es la principal fuente de agua del municipio de El Cerrito, al tiempo que provee del líquido a varios acueductos rurales, además de que destruiría la fauna y la flora que viven a lo largo de su recorrido.

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Teresa Consuelo Cardona, habitante del corregimiento Tablones, jurisdicción de Palmira, ha sido enfática al señalar que el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río Amaime, Pomch, no contempla la explotación de material de arrastre en esta zona, y por lo tanto, la líder se pregunta por qué, conociendo la norma, la CVC no dio un categórico no a las empresas interesadas en hacer la extracción de dicho material.

"Con fundamento en el Pomch podemos asegurar que no debió hacerse ningún estudio para analizar la posibilidad de entregar una licencia ambiental, pues a todas luces esto sería contrario a la ley. Sin embargo, estamos sorprendidos por el manejo que se le ha dado a todo el tema, pues solo hasta hace pocos días la comunidad vino a enterarse de este proyecto que rechazamos rotundamente porque, si se hace la extracción a gran a escala del río Amaime, estaríamos acabando con la principal fuente de vida de esta zona", aseguró Cardona.

Por su parte, el exalcalde de Palmira, Martín Alonso Alvarado, se mostró indignado con lo que estaba pasando al criticar el manejo que la CVC le ha dado a un proyecto tan grave para el futuro del agua de El Cerrito y Palmira.

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"No ha habido ningún programa para socializar el proyecto, simplemente se llamó a reunión a unas cuantas personas, cuatro u ocho, no sé, y eso fue lo que consideraron la CVC y los dueños del proyecto como una socialización con la comunidad. Esto es algo muy grave porque en mi opinión, con la excusa de la extracción de material de construcción del río, lo que viene después es lo que ha pasado con muchos ríos que se empieza con la extracción de otros productos como cobre, oro, grafito y estaño, etc. Ahí están los ejemplos, los ríos Dagua y Pijao, además de más de 50 del país que han sido destruidos", dijo el exalcalde.

Advirtió, asimismo, que meter maquinaria pesada como retro, cargadores y todo lo que se necesita para extraer a gran escala, será el fin del río Amaime y de todo el ecosistema que en él habita.

"Cómo será de grave esto, que la poca capacidad turística de Palmira que son Los Ceibos, se acabaría. La única recreación que tienen cientos de familias palmiranas los fines de semana, con los tradicionales paseos de olla, se acabaría. Estamos hablando de algo realmente alarmante", insistió Alvarado.

De otro lado, Sergio García, habitante del corregimiento Tablones, en Palmira, también indicó que se estaría violando unas normativas de ordenamiento ambiental que prohíbe a las empresas privadas explotar cualquier tipo de material en zona de reserva o zona de manejo ambiental, si se otorga esta licencia.

"Cualquier forma de explotación minero - energética que haya, sea grande o pequeña, va a afectar decisivamente la posibilidad de surtir hidricamente a los municipios de El Cerrito y Palmira, por lo tanto, lo que estamos haciendo es recordando que la CVC tiene unas funciones específicas de licenciamiento ambiental que debe empezar a frenar porque por cuestiones de ordenamiento esta tierra no está destinada a la producción de material minero", reiteró.

Si bien la corporación aclaró que no se ha dado aún la licencia ambiental, García manifestó que ni siquiera debió iniciarse el proceso porque en esta zona no se permite la extracción de recursos mineros, ni siquiera de material de arrastre.

El concejal palmirano John Freyman Granada explicó que este tema es muy importante para las dos localidades en la medida en que se trata del otorgamiento de una licencia ambiental para dos empresas, Gravarena Río Amaime y Arenas Amaime, para la extracción de más de 28 mil metros cúbicos de material de arrastre de manera industrializada, es decir con maquinaria pesada, hasta el 2035, cuando siempre se ha hecho de manera manual y artesanal.

El concejal Granada preguntó, ¿quiénes serán los beneficiados con esta decisión y quiénes los perjudicados?.

A lo que él mismo respondió. "Primero que todo serán los ingenios que necesitan el agua del río Amaime; segundo, las constructoras que necesitan el material de arrastre para sus proyectos habitacionales y, tercero, la malla vial que tiene gran movimiento de masa de material del río para sus carreteras. Creemos que esas grandes empresas son las que están detrás de estos otorgamientos de licencia porque a partir del próximo año tendrán que demostrar de dónde están extrayendo los diferentes materiales para la construcción de sus obras civiles y no podemos entregar un beneficio a los grandes monopolios económicos del país en perjuicio de las comunidades y los pequeños campesinos", puntualizó.

El edil afirmo que no quería llamar a suspicacias, pero destacó que le llamaba la atención como unos areneros que aseguraban no tener recursos, hubiesen tenido $400 millones para adelantar los estudios para el otorgamiento de la licencia ambiental.

Igualmente, sostuvo que si la CVC "sigue en su terquedad de entregar una concesión ambiental para que se lleve a gran escala la explotación minera en el río Amaime", el municipio contempla recurrir a dos alternativas jurídicas: Una acción popular, o un referendo convocado por el Alcalde de Palmira para que sea la ciudadanía la que apoye o rechace la licencia ambiental.

Recordó que ya se tienen algunas experiencias con otros municipios del país en este sentido, que han hecho cumplir la ley, pues el bien general, aseguró, debe prevalecer sobre el bien particular.

El vicepresidente de la empresa Gravarena Río Amaime Ltda dijo, por su parte, que ellos no son culpables de lo que estaba pasando en la medida en que solo están haciendo lo que dice la ley en el articulo 18 del código de minas que dice que una empresa, sea jurídica o natural, puede hacer contratos de concesión minera y eso es lo que ellos están haciendo.

"Nosotros en ningún momento estamos vulnerando o haciendo cosas por fuera de la ley. Creemos que es una persecución porque ahora cuando ya tenemos todo en su debido orden, llaman a las comunidades para que se nos vengan encima, el gobierno nos tiene que responder por esto, porque nosotros somos gente pobre y humilde, somos unos areneros que no dependemos sino de una pala y una pica", sostuvo.

Agregó que los $400 millones que costó el estudio los consiguieron a través de un crédito.

Sin embargo, reconoció que esta actividad puede traer consecuencias ambientales, pero reveló que la CVC ha hecho todos los estudios y los impactos serían mitigables. En total son 16 familias de la zona las que estarían integrando las dos sociedades interesadas en la explotación del afluente.

Finalmente, Carlos Hernando Navia, director ambiental regional Suroriente de la CVC, dijo que hoy miércoles se cumplirá una audiencia pública en el Parque del Azúcar desde las 9:00 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde donde tanto el peticionario de la licencia como la gente de la comunidad podrán argumentar porqué están de acuerdo o en contra del proyecto.

Acotó que en este momento está suspendida la licencia, pero una vez termine la audiencia pública volverán a correr los tiempos y se tomara la decisión.

"Por ley cualquier persona en Colombia puede solicitar un título minero. En el 2005 se otorgó la concesión que es la DJM 121 que faculta a la persona a reservar el sitio para hacer explotación minera, con esto puede verificar si el material le sirve o no. Una vez se surte esta etapa podrá solicitar un contrato de concesión que lo expide la autoridad minera o la Agencia Nacional Minera y luego pasa a la autoridad ambiental que somos nosotros y solicita la licencia ambiental, en este momento está en esta última etapa y de otorgársela podría explotar el material", concluyó el funcionario.

Dijo también que no escuchó en el concejo ningún argumento de carácter técnico del por que no se podía hacer la explotación ni mecanizada, ni tampoco artesanal.

"El mensaje que mandamos nosotros es que somos respetuosos con las leyes y las normas, si obviamente no hay cumplimiento de las leyes y las normas, no se podrá otorgar. Esto ya será una discusión jurídica", confirmó Navia.

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