Fiscalía investiga si en la Contraloría del Valle del Cauca cobran por frenar procesos

Fiscalía investiga si en la Contraloría del Valle del Cauca cobran por frenar procesos

Febrero 27, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Fiscalía investiga si en la Contraloría del Valle del Cauca cobran por frenar procesos

El Hospital Piloto de Jamundí está en la mira de la Contraloría por las denuncias de presunta corrupción realizadas por médicos y enfermeras. Al gerente le habrían pedido plata para tapar irregularidades.

La entidad indaga si el contralor Adolfo Weybar Sinisterra y dos funcionarias pidieron dinero a cambio de bajar sanciones y archivar procesos.

La Fiscalía Seccional abrió la semana pasada una indagación preliminar en la que vincula al contralor del Valle, Adolfo Weybar Sinisterra, y a dos de sus funcionarias de confianza, Gloria Alarcón, director de Responsabilidad Fiscal, y Nancy Acosta, subdirectora de Investigaciones Fiscales, como sospechosos de exigir el pago de dinero a cambio de disminuir hallazgos y embolatar expedientes de procesos sancionatorios.La denuncia fue puesta el jueves pasado en la Unidad de Reacción Inmediata del centro de Cali por Maira Alejandra Sepúlveda, quien hasta el pasado 18 de enero se desempeñó como supernumeraria en la propia Contraloría del Valle.La exfuncionaria, acompañada por el abogado penalista Élmer Montaña, quien la asesora, le contó a la investigadora de la Fiscalía, Teresa Solís, los hechos de los que supuestamente fue testigo y otros de los que tuvo conocimiento por terceras personas. En su relato, Sepúlveda cuenta como siendo profesional universitaria del ente de control, se le comisionó el 9 de octubre de 2012 para atender la denuncia ciudadana con radicado CACCI 10830, la cual informaba sobre un presunto cobro de dineros a través de varios cheques que fueron hurtados al Hospital Piloto de Jamundí, HPJ. Sepúlveda hizó la visita al centro asistencial y el 26 de octubre del año pasado rindió un informe a Luis Murillo, asesor de Participación Ciudadana de la Contraloría, en el cual relacionó dos hallazgos. El primero de tipo fiscal en cabeza de Rodolfo Argüelles, gerente del HPJ, “por la sustracción de $164.720.000 soportados en nueve cheques del Banco Popular y cinco cheques del Banco de Occidente”. El segundo de tipo disciplinario, por la pérdida de dichos títulos valores.Agrega la denunciante que el 20 de diciembre de 2012, cuando quiso verificar en qué estado se encontraba el proceso fiscal contra el HPJ y su gerente, si se había implementado un Plan de Mejoramiento, que es el proceso normal que debe iniciar toda entidad estatal cuando es notificada de hallazgos por parte del ente de control, se llevó una desagradable sorpresa.En conversación con el gerente Argüelles este le informó que no había tenido que implementar un Plan de Mejoramiento y le explicó que dos funcionarias de la Contraloría le habían exigido $40 millones para “cerrarle el hallazgo fiscal y no llevarlo al proceso verbal disciplinario”. Sepúlveda también narró a la Fiscalía que no creyó en la versión del gerente del HPJ y que por eso le pidió pruebas.Argüelles procedió a identificar a las dos funcionarias de la Contraloría “con sus nombres y dio una detallada descripción física”, agregando que “fue Gloria la que recibió el dinero en tres contados”. Como si esto no fuera suficiente, Argüelles le explicó a la denunciante que las dos funcionarias de la Contraloría le “habían pedido la suma de $152 millones para que en la auditoría de 2013 estuviera tranquilo ya que ellas se encargarían de que no tuviera problema alguno”.Aunque a Sepúlveda no le consta que lo dicho por el gerente del HPJ haya sucedido, consideró que su deber era alertar directamente al Contralor del Valle sobre los presuntos hechos irregulares y, además, indagar por qué el proceso de responsabilidad fiscal, o sea, el juicio para establecer quién responde por el dinero perdido en el hospital, no había arrancado formalmente aunque ella había consignado los hallazgos hacía dos meses.La pataleta del Contralor“Por lealtad y gratitud fui a informarle al Contralor Departamental la situación que ponía en peligro la imagen y credibilidad de la institución”, dice la denuncia y señala que el 26 de diciembre Sepúlveda tuvo una entrevista con Adolfo Weybar Sinisterra, el contralor del Valle, en la que de manera verbal lo puso al tanto de los hechos descritos por el gerente del Hospital Piloto de Jamundí.Según la denunciante, el Contralor no quiso darle crédito a la versión y pidió que la soportara con pruebas. Ella aportó el Informe de Visita Fiscal DC-85-2012 que consta de 183 páginas y, además, ofreció traer al gerente del HPJ para que rindiera el testimonio.“El Contralor me manifestó que no trajera a nadie, ya que no quería iniciar una investigación interna que lo podría afectar pues era de conocimiento de todos los trabajadores de la entidad que a Gloria Alarcón la había traído él mismo desde Bogotá, pues son compañeros de carrera administrativa y trabajaban en la Contraloría Nacional”, dice la denuncia.Según el testimonio que Sepúlveda rindió ante la Fiscalía, el Contralor habría aceptado retirar a Nancy Acosta, pero “a su amiga Gloria Alarcón no la iba a perjudicar”.Sepúlveda narra que inmediatamente pidió un traslado. “No era sano para mí, ni para mis compañeros, que siguiera trabajando en el proceso auditor, pues lo ocurrido me generaba total desmotivación, ya que con qué actitud seguiría cumpliendo con mis funciones, teniendo la desconfianza en que los hallazgos que hiciera en adelante, pudieran ser utilizados para lo mismo, cobrarle al sujeto de control una cuota para cerrarlos”, señala en la segunda página del testimonio.Dice la denunciante que el Contralor le pidió que no dijera nada y le aseguró que iba a darle trámite a sus hallazgos a través de otra área de la dependencia, que en enero cuando se reintegraran de la pausa de fin de año, hablaban.El 9 de enero de 2013 se volvió a reunir Sepúlveda con el Contralor, pero esta vez las cosas tomaron otro rumbo. El jefe de la entidad de control le dijo que si tenía pruebas de lo que le había contado, las llevara a las autoridades competentes y que no le “diera a conocer por oficio la situación a él, porque creía en las funcionarias”. Afirma la denunciante que recibió extrañada la respuesta y preguntó “¿por qué debo informar a otras instituciones afuera y no al Contralor Departamental, con copia a las entidades competentes, siendo este mi conducto regular?”. También se pregunta “¿por qué solo un día después de que ella le informó sobre el presunto acto de corrupción de las dos funcionarias de la Contraloría, el 27 de diciembre, fue que se inició el proceso por los hallazgos en el Hospital Piloto de Jamundí, siendo que esos hechos ella los reportó desde el 9 de noviembre de 2012?”.La denunciante también cuestionó la razón para que desde la Contraloría no se hubiera dado traslado del hallazgo disciplinario a la Procuraduría, que es la encargada de investigar la conducta de los funcionarios públicos.El Contralor se enfureció, dice el testimonio. “Me trató de loca, golpeó la mesa y a gritos me dijo que me largara de su oficina, el 18 de enero, sin motivación justa, me declaró insubsistente (despido)”, aseguró Sepúlveda ante la Fiscalía.En la oficina de Control Interno de la Contraloría iniciaron una indagación para determinar si las dos funcionarias mencionadas por la denunciante son responsables. Tiene un año como plazo máximo para el fallo de primera instancia.“Dios quiera no haya un cartel”Luego de conocer la denuncia, El País habló con el Contralor del Valle, Adolfo Weybar Sinisterra, quien negó su participación en un hecho irregular e imploró “Dios quiera que no haya un cartel dentro de la entidad”.Sin embargo, Sinisterra no fue capaz de explicar por qué se demoró la Contraloría del Valle dos meses entre que la auditora reportó los dos hallazgos y se comenzó el juicio fiscal.“Eso no es normal y me preocupa, pero lo tendrá que explicar Luis Murillo, asesor de Participación Ciudadana, quien está en vacaciones”, respondió el Contralor.Al preguntarle por qué se negó a recibir la denuncia de la exfuncionaria y por qué no la puso en conocimiento de la demás autoridades, Procuraduría y Fiscalía, Sinisterra dijo que “le pedí pruebas y una denuncia por escrito, porque si yo le diera crédito y arrancara investigaciones por los chismes de pasillo que me llegan, sería muy irresponsable”.El Contralor afirma que para evitar lo que en el argot técnico se conoce como “subjetividades positivas o negativas de los investigadores, que es cuando se vuelven amigos o enemigos de los sujetos de control, creamos una bolsa común de auditores, así ellos casi nunca repiten en una misma entidad los procesos de control”.Sobre el proceso de responsabilidad fiscal en el Hospital Piloto de Jamundí, Sinisterra explicó que “allí vamos a tener unos resultados pronto, pues me comprometí personalmente con ese asunto para evitar las suspicacias por esta denuncia”.Al insistir sobre su deber como funcionario público de poner en conocimiento de las demás autoridades la posible comisión de un delito, como lo afirma la denunciante, el Contralor aseguró que “no era mi obligación”.

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