Faltas cometidas por Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche serían gravísimas

Los exgobernadores son acusados de haber violado principios de transparencia, responsabilidad, y el deber de selección objetiva, al contratar de manera directa con la firma del médico Eduardo Bolaños para cirugías bariátricas.

Como “gravísimas y a título de dolo” calificó la Procuraduría General de la Nación las faltas que habrían cometido los exgobernadores del Valle, Juan Carlos Abadía y Héctor Fabio Useche, en las fallas contractuales que condujeron a que esa entidad les abriera un juicio disciplinario.La imputación fue hecha por el procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa, Fernando Britto, quien -en audiencia oral en contra de Abadía y Useche-, les formuló cargos por las presuntas irregularidades en un contrato por mil millones de pesos, que tenía como objeto la prestación de “servicios de salud de cirugía bariátrica por laparoscopia de alta complejidad en el marco de la protección del derecho a la salud de la población pobre no asegurada”.Ante las presuntas anomalías, el procurador Britto aseguró que en las indagaciones se logró determinar que “no hay un estudio previo técnico y económico del contrato; no hay un proceso de selección objetiva; no hay parámetros que permitan decir que esa era la mejor condición de contratación para el Departamento: encontramos que el estudio técnico que firman el gobernador Juan Carlos Abadía y el entonces secretario de Salud, Héctor Fabio Useche, involucra directamente a la firma que posteriormente fue contratada, lo que nos parece una situación que amerita explicación; y no aparece inscrito este tema en el banco de proyectos, hasta el momento no lo hemos encontrado”.La investigación, según se dijo, se relaciona con la comisión de posibles conductas irregulares en el trámite, selección y suscripción del contrato No. 0607 del 3 de julio de 2009, suscrito por la Gobernación del Valle con la firma Eduardo Bolaños IPS Ltda.Según el Procurador, el referido contrato pudo haberse suscrito de manera irregular por cuanto se celebró en forma directa, cuando debieron agotarse el procedimiento y los requisitos establecidos por el Manual de Contratación Administrativa del Valle.Asimismo, “se encontró que tampoco obran las tres ofertas requeridas para la selección abreviada y tan solo figura la de la IPS contratada; por lo que, al no existir otras propuestas, no es posible establecer una relación de precios para señalar que se estaba ante la más favorable para la entidad territorial”.El Procurador anotó que “con esta conducta se pudieron violar los principios de transparencia, responsabilidad, economía y de selección objetiva”.Ante los cargos, las defensas de Abadía y Useche entregaron las pruebas documentales, con las que pretenden desvirtuar las acusaciones.Es así que el abogado Rubén Darío Henao, apoderado de Useche, solicitó que se escucharan en audiencia a la interventora del caso, Janet Vélez; el asesor externo de la Gobernación, Adolfo León López; el contratista Eduardo Bolaños; el médico Francisco Bohórquez; el denunciante, Élmer José Montaña, y el actual secretario de Salud.Esta petición fue avalada por el procurador Britto, quien dejó claro que en este tipo de procesos priman las pruebas documentales, que accedía a escuchar a estas personas pero, dijo, “mantengo reserva sobre su validez”, por lo que determinó que serán oídos el martes.No obstante, el Procurador dejó claro que para el caso de la interventora Vélez existe un inconveniente y es que ella es investigada por el Ministerio Público en su regional del Valle, por lo que “ella puede negarse a declarar, porque podría decir cosas que la autoincrimimen”.En el caso de Élmer José Montaña, los abogados Henao y Hernando Morales denunciaron que esta persona “de manera arbitraria” habría retirado documentos de reserva, como las historias clínicas de los pacientes, sin que firmara acta y anotaron que “hasta ahora no se conoce el paradero de esa documentación”.Al final de la audiencia, el exgobernador Useche dejó entrever que todo el proceso tiene un tinte político, al considerar que “esa denuncia fue hecha tres días antes de las elecciones y afortunadamente no lograron lo que querían y era que la gente no votara” y aclaró que en el proceso del contrato se llenaron todos los requisitos que establece la ley.