Exclusivo: la historia de la mujer que es una 'Cruz' para las víctimas del Valle

Exclusivo: la historia de la mujer que es una 'Cruz' para las víctimas del Valle

Octubre 22, 2017 - 08:26 a.m. Por:
Unidad Investigativa de El País
Estafas y engaños a víctimas del conflicto

Organizaciones de víctimas del conflicto denunciaron a Consuelo Cruz por supuestos cobros para favorecerlos en proyectos productivos.

Foto: Archivo El País

Aunque fue la mujer en quien confiaron 580.000 personas residentes en Cali y el Valle afectadas por el conflicto armado en Colombia para que velara por sus intereses ante la Mesa Nacional de Víctimas, la noticia no sorprendió a nadie.

Consuelo Cruz estaba a punto de ser reelegida por dos años más en la Mesa Municipal de Víctimas en agosto pasado cuando se supo que un juez en Jamundí la condenó a 18 meses de prisión por el delito de estafa y la inhabilitó por cinco años para contratar con el Estado. Una decisión que quienes más celebraron fueron las víctimas que ella representaba.

Nadie se explica cómo la mujer se convirtió en vocera de víctimas cuando desde el 2007 ha coleccionando en sus antecedentes penales una veintena de denuncias por los supuestos delitos de fraude procesal, falsedad en documento público, concierto para delinquir y estafa.

Y aunque varias de esas denuncias están vigentes, pero inactivas, fueron instauradas casi todas por organizaciones de víctimas que habrían sido estafadas por Cruz con supuestos cobros para favorecerlas con proyectos productivos, agilizar las indemnizaciones o recibir mercados del Banco Mundial de Alimentos.

Así lo han relatado quienes se consideran sus víctimas en los estrados judiciales de Cali, Jamundí, Palmira, Bugalagrande, Pereira, Zambrano (Bolívar) y Santa Marta.

“En junio del 2010 hizo una reunión en Palmira en la que manifestó que cada familia desplazada debía aportar $30.000, que ella era funcionaria del Banco Mundial de Alimentos y les asignaría un mercado mensual de $100.000 y esa gente se consiguió el dinero y fue engañada”, explicó un investigador de la Fiscalía.

De hecho, fue un caso similar a este, denunciado en el 2011 en el municipio de Jamundí por una organización de mujeres desplazadas, el que terminó originando la condena contra Consuelo Cruz y que la dejó afuera de las mesas Municipal, Regional y Nacional de Víctimas.

Según el expediente, ofreció unos cupos del Banco de Alimentos para las personas más necesitadas y muchas mujeres con esfuerzo juntaron los $30.000 que debían pagar para obtener el beneficio, pero la mujer desapareció con más de $1.800.000.

Claudia Aristizábal, coordinadora de la Oficina Antifraude de la Unidad para las Víctimas, le aseguró a El País que “son situaciones muy tristes porque en muchos de los casos son los mismos líderes de las víctimas los que los engañan y les cobran por unos trámites que son gratuitos y sin intermediarios. Esa ha sido una mafia difícil de erradicar”.

Consuelo Cruz figura en el registro nacional como víctima de desplazamiento forzado, violencia sexual, secuestro y actos terroristas, los tres últimos ocurridos en 2015 en La Guajira, pese a que contaba para la fecha con esquema de seguridad.

El País la ubicó telefónicamente para preguntarle por su situación, pero solo aseguró que “todo lo que se ha dicho es falso”, que “es una persecución en su contra” y pidió hablar “personalmente”, pero no llegó al lugar ni la hora acordada.

Documentos falsos

La última denuncia que se instauró contra Consuelo Cruz fue radicada la semana pasada por la propia Gobernación del Valle por fraude procesal y falsedad en documento público.

De acuerdo con el escrito radicado ante la Fiscalía, la mujer fue condenada el 16 de enero del 2017 por el Juzgado Primero Promiscuo de Jamundí a 18 meses de prisión y una inhabilidad para contratar con el Estado durante cinco años.

No obstante, dos meses después firmó un contrato de prestación de servicios con la Gobernación por lo que consideran que “Presuntamente engaña a la entidad al no advertir de esta situación y presentar un documento público falso”, el de antecedentes disciplinarios, con el que “demostró que no era sujeto de sanciones e inhabilidades para suscribir el contrato 1614 del 17 de abril de 2017”.

Pero eso no es lo más grave. La Unidad Investigativa de El País revisó los documentos del contrato y encontró un certificado que señala que Consuelo Cruz realizó estudios entre 1998 y el 2000 como técnico auxiliar contable del Centro de Capacitación y Educación Dirigida (CCED).

Sin embargo, el CCED le certificó a este diario que el documento en mención fue falsificado. “No corresponde ninguna de la información que presenta dicho certificado, como es el NIT, así como no existe dentro de nuestra planta de personal funcionario con el nombre Fernando Escobar Cardona, quien es la persona que firma y emite dicho documento”, respondió Liliana Nubia Quijano, secretaria académica del CCED.

El País fue más allá y solicitó constancia de su título de bachiller que, de acuerdo con el certificado que aportó para la firma del contrato, fue cursado en el Colegio Departamental Libardo Madrid Valderrama y la respuesta también fue negativa.

En el documento apócrifo, cuyas calificaciones fueron todas “excelentes” y “sobresalientes”, firma como rector ‘Libardo Marín Valderrama’, una persona con el nombre similar al colegio, pero que nadie conoce y en el sello aparece como la “Rectora”.

La segunda firma tampoco corresponde a la secretaria académica, a quien le han puesto como nombre “María Nena Melo” ni los sellos coinciden con los que utiliza en sus certificados el centro educativo.

Deninson Mendoza, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Valle, explicó que es el mismo contratista quien sube sus documentos a la página del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, Sigep, y que con la Ley Antitrámite se verifican los antecedentes disciplinarios, fiscales y de Policía porque se presume la buena fe.

“Ella presentó los documentos y cuando nos dimos cuenta de la inhabilidad liquidamos el contrato porque creemos que pudo haber un bache entre la sentencia y la actualización de los sistemas de información que no mostraban la inhabilidad para la fecha del contrato”, dijo Mendoza.

Consuelo Cruz, denuncia de estafa a víctimas

Durante las elecciones regionales convocadas en el 2015, Consuelo Cruz fue candidata en la lista preferente del Partido Liberal para la Junta Administradora Local de la Comuna 14 de Cali.

Foto: Tomada de Facebook

Perfil

Según un perfil que hizo en el 2014 el portal Las 2 Orillas, Consuelo Cruz es hija de un cerrajero y de un ama de casa a quien grupos paramilitares le mataron a su hermano. Se enamoró y se fue a vivir con su esposo a la vereda San Luis Robles, en Tumaco, y de nuevo fue desplazada por otro grupo paramilitar.

En el 2007 fue secretaria de la Fundación Servihumano en la ciudad de Cali y un año después creó su propia fundación llamada Retorno a la Vida, donde asoció a 350 mujeres cabeza de hogar, se especializó en el tema de Ley de Víctimas y daba apoyo jurídico para acceder a los programas de la Alcaldía y la Gobernación.

Manejo cuestionado

Pero la ‘huella’ de Consuelo Cruz no acaba ahí. En varias secretarías de la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle su nombre no es de grata recordación por las “presiones” que al parecer ejercía para que le dieran el manejo de los recursos destinados a víctimas, según funcionarios en ambos gobiernos que pidieron reserva de identidad.

Precisamente uno de ellos señaló que “la situación con Consuelo Cruz se había vuelto insoportable. A la Secretaria de Paz del Municipio la amenazó con sacarle la gente a la calle y armarle una protesta si no le entregaban a ella el manejo de los recursos para proyectos de víctimas”.
Sin embargo, supo El País que hay varias cosas que están en investigación por las autoridades, como un contrato de compra de equipos para la Mesa de Víctimas de Cali que no se habría ejecutado o la vinculación de personas que al parecer no eran víctimas como gestores de movilidad.

“También metió gente como gestores de paz que no eran víctimas y lo que mejor hizo fue ubicar bien a dos primos, una hija y otros familiares en programas o dependencias, pero nadie la denunciaba ni la tocaba, todos le tenían miedo”, cuenta una de las mujeres que estuvo con Consuelo Cruz en la Mesa Municipal.

Pero además de los títulos falsos, en el ojo de las autoridades están también varios tiquetes que habría cobrado la señora Cruz por viajes que al parecer no hizo y que justificó con boletos de avión aparentemente adulterados.

Aunque lo de los tiquetes no es nuevo. En el 2014 fue denunciado Orlando Burgos, exesposo de Consuelo Cruz y con quien compartía asiento en Bogotá en el Comité Transitorio de Monitoreo y Control, que cumplía funciones similares a la Mesa Nacional de Víctimas, por pedirle a la Unidad Nacional de Protección tiquetes de avión para ir a representar víctimas y luego los vendía en aparente complicidad con un funcionario de la aerolínea.

“El tema de los viáticos y los tiquetes o pasajes para que los representantes de víctimas asistan a las reuniones es un problema desbordado. En el Valle hay gente que va a Cali a una reunión y pasan cuentas de cobro de $600.000 y $700.000 por gastos de viaje, cuando sabe uno que el pasaje cuesta $20.000”, indicó un funcionario del Gobierno Departamental.

Peor que en la política

Son tantos los intereses que se mueven detrás de la representación de las víctimas, que las dos últimas elecciones estuvieron dominadas por la tensión, las presiones, denuncias y las amenazas de muerte.

“Con ese tema de las amenazas estábamos aterrados. En los municipios del Valle se inscribían para participar 4 o 5 organizaciones de víctimas o defensoras de víctimas y en Palmira hubo 28, pero Cali se desbordó de manera impresionante y se inscribieron 691 organizaciones para participar”, dijo el personero Héctor Hugo Montoya.

“Uno no encuentra explicación a lo ocurrido. En la semana previa a las elecciones hubo amenazas a funcionarios que estaban recibiendo declaraciones, que nada tenían que ver con el proceso electoral, y tuvimos que cerrar una tarde como medida de protección”, cuenta el Personero de Cali, a quien le correspondió excluir de las mesas de víctimas a Consuelo Cruz y anular su candidatura a la reelección.

Y aunque en principio la mujer pidió seguir su campaña para hacerse reelegir con el argumento de que había impugnado la condena en su contra, que ya se había ratificado en segunda instancia, ella misma se fue retirando de los distintos espacios.

También se le quitó el esquema de seguridad que le había implementado la Unidad Nacional de Protección, UNP, a raíz de las supuestas amenazas de muerte que ella denunció.

“Aquí tampoco es de buena recordación. Ella tenía escolta y vehículo de la UNP y fueron dos camionetas las que destrozó porque ponía a conducir a su esposo inexperto y tiró una contra un barranco en Chocó y otra en Nariño, ambas fueron declaradas pérdida total”, contó un funcionario de la UNP.

Revictimizados por supuestos abogados

El argumento de todos es el mismo: “Los trámites para las víctimas son gratuitos y yo los voy a representar, pero necesitamos un aporte para comprar papelería, tinta, fotocopias, para ir a instaurar las tutelas y para ir a Bogotá a acelerarles el pago de la indemnización”.

Eso es lo que le habrían asegurado a las víctimas en Cali y el Valle los abogados Héctor Jaime Ledesma, J0sé Martínez y otro de apellido Mariño, quienes han recibido de decenas de familias entre $50.000 y $150.000 para supuestamente representarlos en unos procesos que son gratuitos y que no necesitan de intermediarios.

“Tenemos entendido que hay una organización de Bogotá que les ha prometido a las víctimas del Valle entregarles indemnización y todos sus derechos en el mes de diciembre y para ello les está cobrando $150.000. Cosa que nos parece gravísimo, a no ser que haya corrupción dentro de la Unidad de Víctimas y que algún funcionario se esté prestando para eso, aunque no lo creo”, denunció Jesús Mario Corrales, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas.

Ante esta situación, El País consultó con el Registro Nacional de Abogados, del Consejo Superior de la Judicatura, donde corroboraron que el señor Mariño ‘No’ figura inscrito como abogado ni existe una tarjeta profesional con ese nombre o su número de documento.

También es falso que sea abogado Héctor Jaime Ledesma, un ciudadano que reside en Yumbo y que asegura ser el titular de la tarjeta profesional No. 1120, y quien tiene en sus manos varios poderes que le han entregado algunas víctimas autorizándolo para tramitar, gestionar y recibir todo lo relacionado con su proceso de indemnización, lógicamente, a cambio de un porcentaje del beneficio económico que recibirían sus ‘clientes’.

El lío con los poderes

Según Catalina Aristizábal, coordinadora de la Oficina Antifraude de la Unidad para las Víctimas, “el problema que tenemos con los abogados es que las víctimas les otorgan poder y constituyen con ellos contratos de mandato y no hemos podido atacarlos porque legalmente, lo ha dicho el Consejo Superior de la Judicatura, existe un contrato y no podemos combatirlos como quisiéramos”.

En el caso del Valle también se escuchan entre víctimas los nombres de abogados reales que tratan de sacar provecho de las víctimas.

“Son personas que se vienen aprovechando de la indefensión, la humildad y el desconocimiento de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado y se les presentan a estas víctimas en Cali y el Valle como salvadores y en realidad terminan revictimizando y estafando a unas personas en graves condiciones de pobreza y que en ocasiones dejan de comer para reunir el dinero que les piden”, aseguró el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya.

Por su parte, Paola Parra, directora de Derechos Humanos de la Personería de Cali, indicó que con el tema de las indemnizaciones a víctimas “se ha generado un foco de corrupción porque la Ley 1448 (Ley de Víctimas) dice que ninguno de los trámites se hace a través de representante o abogado sino directamente por la víctima y no tienen ningún costo”.

Respecto al abogado que dice ser bogotano y de nombre José Martínez, de la Fundación Sin Fronteras, existen en el país 242 registros de abogados con ese nombre y lo más probable, dicen quienes saben del tema, es que quieran engañar a estas familias utilizando un nombre genérico para evitar que puedan ser puestos al descubierto.

420 quejas en el Valle por falsas víctimas

Las únicas que en realidad pierden en este entramado de falsedades, abuso y engaño son las verdaderas víctimas del conflicto armado en Colombia.

Sobre todo porque parte de las escasas ayudas destinadas a la población afectada por el conflicto se han distribuido a unas 4000 personas que serían falsas víctimas, de las cuales 1700 ya fueron denunciadas ante la Fiscalía por el delito de estafa.

De acuerdo con las quejas recibidas por el Grupo de Indagación y Prevención Contra Fraudes, de la Unidad para las Víctimas, desde el 2012 hasta la fecha se ha recibido un total de 5243 quejas de falsas víctimas, de las cuales el 8 % corresponde al departamento del Valle del Cauca, aproximadamente 420 quejas, mostrando un incremento en comparación al año inmediatamente anterior.

Los municipios con los porcentajes más altos, de acuerdo con el grupo para la prevención del fraude, son Cali, con el 31%; le sigue Buenaventura, con el 24 %; Palmira, con el 5 %, y Zarzal, con el 5 %.
Sobre Cali, está en entredicho la veracidad del supuesto desplazamiento intraurbano que se registró en la capital del Valle hace algunos meses y cuyo costo debió sortear la Alcaldía con ayuda humanitaria en alimentación y vivienda.

Por este hecho, supo El País que se investiga a algunos líderes de víctimas de la Comuna 14, de la ciudad, quienes habrían fomentado ese supuesto desplazamiento con el único propósito de que la gente reclamara los mercados y subsidios económicos, de los cuales esos líderes exigían una parte.

“Eso infortunadamente ocurrió. Incluso el Alcalde de Cali, que ha sido reconocido a nivel nacional por su compromiso con las víctimas, en su primera reunión del Comité de Justicia Transicional manifestó que había que blindar el proceso porque había personas que no eran víctimas y le dijimos que eso no lo podía determinar él sino la Unidad de Víctimas y ahora entendemos cuál era su preocupación”, dijo el Personero de Cali.
La prueba es que cuando la Policía dijo que se trataba de delincuencia común y que no aplicaba para ayuda humanitaria, se acabó el desplazamiento intraurbano local.

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