Estos son los alcaldes posesionados en el Valle que tienen líos pendientes con las autoridades

Estos son los alcaldes posesionados en el Valle que tienen líos pendientes con las autoridades

Enero 03, 2016 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa | El País
Estos son los alcaldes posesionados en el Valle que tienen líos pendientes con las autoridades

Justicia. Durante el periodo constitucional que terminó el pasado 31 de diciembre, fueron sancionados 875 mandatarios locales en todo el país.

Más de la mitad de los recién posesionados tienen asuntos por resolver en la Fiscalía y la Procuraduría. Hay afiliados al Sisbén.

El pasado 1 de enero, cuando iniciaron sus gobiernos los 42 nuevos alcaldes del Valle, la mitad de ellos arrancó una carrera alterna  por mantener no solo  el cargo, sino la libertad misma.  Según la  información recopilada por El País, son 20 los mandatarios locales que deberán alternar el ejercicio de la administración pública con su defensa jurídica ante la Procuraduría o la Fiscalía por los procesos que se siguen en su contra. Incluso algunos de ellos deberán de enfrentar a ambos entes. Ante la Fiscalía, 16  deberán responder por  procesos penales que van desde amenazas y lesiones personales, hasta  peculado por apropiación, homicidio culposo y testaferrato.  Así mismo, 7 de los nuevos mandatarios locales enfrentan investigaciones disciplinarias por supuestas faltas cometidas mientras hicieron parte de otras administraciones, como irregularidades en la contratación, malversación de fondos y extralimitación de funciones. La consulta a  bases de datos arrojó que el Valle  no solo sigue siendo uno de los departamentos en los que hay más alcaldes con líos administrativos y penales, sino también una de las regiones con más mandatarios sancionados por exceso de velocidad y el no pago de las multas y donde viven, según los datos registrados por ellos en el Sisben, los alcaldes más pobres del país. Con pendientes en la  Procuraduría Además del tema penal, es a los procesos disciplinarios a los que más le teme cualquier funcionario porque una decisión en contra representa ni más ni menos que la destitución del cargo. Con esa suerte de ‘matrícula condicional’ entraron 7 de los 42 alcaldes que se posesionaron el 1 de enero. El caso aparentemente más complejo, al menos por en número de procesos en su contra, es el de la alcaldesa de Bolívar, Luz Dey Escobar Echeverry, quien tiene activos siete investigaciones disciplinarias por supuestas faltas como Irregularidades en la ejecución de contratos, extralimitación de funciones y otros delitos contra la administración pública. El alcalde de Pradera, Henry Devia, figura también con tres investigaciones disciplinarias por presuntas obras que no fueron realizadas o mal elaboradas e irregularidades en la ejecución de contratos. A dos investigaciones deberá hacerle frente desde su despacho el alcalde de Bugalagrande, Jorge Eliécer Rojas, una de ellas por presuntas irregularidades en la destinación de recursos a un proyecto habitacional en su municipio. Los otros alcaldes investigados son Alcalá, Javier Andrés Herrera; Cartago, Carlos Andrés Londoño; Palmira, Jairo Ortega, y Roldanillo, Jaime Ríos Álvarez. 16 de 42 alcaldes tienen pendientes con la Fiscalía Cuando el vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, advirtió que la Fiscalía avanza en las pesquisas e investigaciones contra 350 alcaldes del país que se posesionaron este 1 de enero, el anuncio cayó como balde de agua fría a los mandatarios de 16 municipios en el Valle. El País conoció un listado en el que figuran 14 de ellos, quienes deberán alternar la administración pública con la defensa jurídica a raíz de las investigaciones penales que se les sigue por delitos como amenazas, lesiones personales, peculado por apropiación, homicidio culposo, urbanización ilegal y hasta testaferrato. Otros dos gobernantes, cuyos nombres no fueron revelados, son investigados por narcotráfico y lavado de activos. [[nid:445687;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2015/07/guillermo_leon_giraldo.jpg;left;{Guillermo León Giraldo, candidato conservador a la Alcaldía de Dagua.Foto: Especial para El País}]]El caso más delicado, no solo por la cantidad de procesos en su contra, sino por la gravedad de los mismos, es el del alcalde de Dagua, Guillermo Giraldo, quien tiene tres casos por amenazas, por homicidio culposo y uno por testaferrato.  El caso de homicidio culposo corresponde a un accidente del 2010, en el que murieron varias personas que fueron arrolladas por su vehículo en la vía Cali - Loboguerrero. Sobre el caso de testaferrato, según documentos de la Unidad de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Fiscalía, se señala junto a un hermano suyo de “la conducta delictiva de narcotráfico y testaferrato para miembros de carteles de la droga en el Valle del Cauca”. Los procesos a los que tendrá que hacerle frente el nuevo alcalde de San Pedro, Célimo Bedoya, no son menos complejos. Bedoya, que por sexta vez asumió la administración de su municipio, tiene activos una investigación por peculado por apropiación, un proceso más por amenazas, un caso por supuesta urbanización ilegal y una denuncia que tiene desde las elecciones del 2007 por constreñimiento al sufragante. El alcalde de Toro, Julián Antonio Bedoya, también deberá responder ante la Fiscalía por una denuncia por el delito de celebración indebida de contratos, además de los otros dos procesos que tiene pendientes por el supuesto delito de contratación sin el lleno de los requisitos legales.Penalmente, también deberá responder en  dos casos el alcalde de Pradera, Henry Devia, por peculado por apropiación y uno más por un caso de lesiones personales. También por lesiones personales figura un proceso contra el alcalde de Riofrío, Francisco J. Álvarez, así como un caso que está pendiente de archivo por inasistencia alimentaria. Una situación similar a la del alcalde de Roldanillo, Jaime Ríos. Por los delitos en los que se involucra la injuria y la calumnia figuran pendientes procesos contra los alcaldes de Obando, Óscar Marino Badillo; Ginebra, John Jairo Aragón, y Alcalá, Javier Andrés Herrera. La alcaldesa de Caicedonia, Claudia Marcela González, figura también en la lista con un proceso pendiente por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador que, según el Código Penal, es por omitir el pago de retenciones en la fuente que se practiquen o el IVA que se recaude. [[nid:494993;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2015/12/podera4dic30-15n12photo01_0.jpg;right;{Julián Latorre Herrada, alcalde electo del municipio de Buga.}]]Mientras su homólogo del municipio de Buga, Julián Andrés Latorre (quien aún no se posesiona) deberá enfrentar un caso por fraude a resolución judicial y la alcaldesa de Bolívar, Luz Dey Escobar, aclarar un caso por supuesto peculado por apropiación. Aún pendientes o próximos a decisión  estarían los casos de lesiones culposas contra los alcaldes de Ginebra y Palmira.

 

 

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