En firme, el fallo por detrimento en Industria de Licores del Valle

Contraloría suspendió lectura del fallo que se hará el lunes, pero la decisión se mantiene

Un recurso instaurado por el abogado Uriel Amaya, apoderado del gobernador Héctor Fabio Useche, determinó la anulación de la lectura del fallo que se hizo el jueves en la audiencia que adelanta la Contraloría General por el presunto detrimento patrimonial de $112 mil millones en la Industria de Licores del Valle, ILV.La dilación de la lectura del fallo, según lo confirmó la contralora Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Luz Ángela Martínez, no se traduce en que “el fallo se anule, sino que se suspendió la lectura del mismo”, por lo que enfatizó que el fallo “está en firme y no tendrá modificaciones”.Según la funcionaria, este proceso se adelantará el lunes luego de que se aceptó vincular al proceso a los herederos del fallecido senador Juan Carlos Rizzetto. Se escuchará a la viuda del congresista, indicó, con el fin de tomar una decisión sobre si hay o no responsabilidad fiscal de esta persona en el proceso que se adelanta. La historia El jueves en la noche, luego de que se hubiera leído la parte resolutiva del fallo por petición de los abogados, quienes renunciaron a que se leyera la totalidad del auto, el apoderado de Useche instauró la nulidad, argumentando que era “violatorio de las normas” que obligan a que la lectura sea textual. Este recurso fue aceptado por la Contraloría. No obstante, el otro recurso interpuesto para que los herederos de Rizzetto fueran vinculados fue negado por la Delegada y resuelto, finalmente, por la contralora General, Sandra Morelli, quien determinó que la viuda del fallecido esté en la diligencia del lunes.Ante estas decisiones, los apoderados de los implicados aseguraron que el fallo no existía porque al no estar vinculada la viuda se le estaban vulnerando los derechos de defensa.Sin embargo, la Contralora delegada insistió que lo único que se había anulado era la lectura, pero no el fallo mismo, que se conservará igual. Así las cosas, para el lunes o, a más tardar el martes, se ratificará lo fallado y leído el jueves y que determinó la responsabilidad fiscal por $7.000 millones en contra del gobernador Useche; y sumas similares contra el exmandatario, Juan Carlos Abadía; el alcalde de Florida, Donney Ospina, 13 personas más y cinco empresas socias de la UT con la que se firmó el contrato del plan promocional y de distribución de los productos de la ILV, que habría determinado el detrimento patrimonial.