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Las raciones se habrían dejado de repartir por problemas de coordinación. | Foto: Colprensa

EDUCACIÓN

En Buga cobraban alimentos escolares a precios de Bogotá, denuncia Contraloría

El precio del contrato se calculó sobre valores de mercado aplicables en Bogotá, sin tener en cuenta los precios regionales, ocasionando una pérdida de más de $150 millones de pesos, de los recursos de la educación de los bugueños.

5 de septiembre de 2017 Por: Redacción de El País

La Contraloría General de la República denunció este martes que encontró sobrecostos en los precios por ración contratados en el 2016 para la atención del Programa de Alimentación Escolar en Buga, que habrían generado una pérdida de más de $150 millones de pesos.

Según el ente nacional, el Municipio suscribió un contrato con la Unión Temporal Buga Total, representada legalmente por Juan Manuel Rojas Rojas, por una cuantía de más $2 mil 421 millones de pesos, para el suministro diario, durante 95 días calendario, de 16 mil complementos alimentarios escolares, así como de 4.100 almuerzos.

Sin embargo, la Contraloría pudo evidenciar que la ecuación financiera del contrato no obedeció a ningún cálculo técnico que permitiera establecer el valor final del mismo, y en consecuencia tampoco los presupuestos oficiales.

Mientras el kilo de aguacate en Corabastos se cotizaba a $3 mil pesos, en Centro de Abastos del Valle el mismo kilo costaba tan solo $2 mil pesos.

Se identificaron otros sobrecostos en el cálculo del precio de las materias primas, donde se tomó como base para el cálculo la página web de la Corporación de Abastecimientos de Bogotá – Corabastos, pudiendo haberse usado un referente regional como la Central de Abastecimientos del Valle del Cauca – Cavasa.

Mientras el kilo de aguacate en Corabastos se cotizaba a $3 mil pesos, en el Cavasa el mismo kilo costaba tan solo $2 mil pesos, el de plátano hartón en Corabastos costaba $1.363, mientras que en Cavasa sólo costaba $900 pesos. Fue así como se pactaron precios usando como referencia los altos costos de la capital, habiendo debido adoptarse los precios regionales del lugar de prestación de los servicios contratados.

Por todo lo anterior, la Alcaldía de Buga terminó pagado un mayor valor por el suministro de los alimentos requeridos para el Programa de Alimentación Escolar, sin que existiera ninguna justificación técnica que respaldara la contratación, ocasionando una pérdida de recursos por más de $150 millones de pesos, recursos con los que se hubiera podido aumentar la cobertura del programa, o mejorar la calidad de las raciones suministradas a los estudiantes.

Dentro de la documentación que soportaba el cálculo de la valoración económica del contrato, se identificaron por parte de la Contraloría supuestos análisis comparativos de precios, que se limitaron a copiar los ejercicios previamente adelantados por otros entes territoriales como el municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, o la Gobernación de Córdoba, sin que justificara la pertinencia de la muestra seleccionada, resultando evidente la inutilidad de la misma, que por tratarse de territorios distintos y alejados del municipio de Buga, mal podrían constituir referente alguno para la determinación de los costos y precios de la alimentación escolar por parte de la alcaldía.

Por lo anterior, la alcaldía de Buga partió de supuestos equívocos para establecer la valoración económica del contrato, con comparativos incongruentes con la realidad del municipio, calculando, entre otros, el pago de manipuladoras para la elaboración de los alimentos, a partir de 8 horas diarias de trabajo, y no a partir del costo por ración contratada, como ha debido ser.

Presuntos responsables

La Contraloría General de la República determinó que los responsables de la pérdida de los recursos públicos de los bugueños serían presuntamente el actual alcalde Juan Andrés Latorre Herrada, quien obra como representante legal de la entidad contratante, así como su Secretario de Desarrollo Institucional, Jorge Humberto Vásquez Racines, quien suscribió el contrato auditado con la Unión Temporal Buga Total.

Igualmente involucrada se encuentra la secretaria de Educación Municipal de Buga, Lorenza Santos Barbosa, quien ejercía el rol de supervisión sobre el cuestionado contrato.

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