El Valle no escapa al lío de los nuevos alcaldes con problemas judiciales

Enero 09, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Están involucrados en líos judiciales y disciplinarios. Según ex procurador, algunas de las posesiones no tendrían validez.

Los casos de los alcaldes de Moñitos y Los Córdobas, en el departamento de Córdoba, quienes se posesionaron estando en prisión, son sólo dos de los quince mandatarios locales y regionales que lograron asumir sus cargos estando involucrados en procesos disciplinarios o penales.El ex procurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar, calificó como preocupante este panorama y aseguró que en varios de esos casos, las posesiones de los gobernantes no tendrían validez.Bernal explicó que, por un lado, quienes asumieron sus mandatos estando en la cárcel, aun sin estar condenados, “físicamente no pueden ejercer el cargo y en consecuencia no pueden hacerse a una administración”.Si bien la situación en Córdoba fue solucionada por el Gobierno, en los últimos días se conoció de un nuevo caso. Se trató del alcalde de Santana (Boyacá), Henry Armando Sánchez (Alianza Social Independiente), quien a través del notario Primero de Moniquirá, Guillermo Pinzón, se posesionó pese a tener una sanción de la Procuraduría por el delito de estafa. Además, el mandatario, luego de la firma del acta, designó como alcaldesa encargada a Jacqueline Sánchez.Precisamente, la Superintendencia de Notariado y Registro anunció que investigará a los notarios responsables de estos hechos.Pero la cuenta por los problemas de los nuevos gobernantes no quedó en estos casos. En total, son nueve alcaldes y seis gobernadores los que se posesionaron este año, pese a estar ‘empapelados’.En un rastreo preliminar hecho por El País, se logró encontrar que los alcaldes de Cota (Cundinamarca), Cáceres (Antioquia), Florida (Valle), Neiva (Huila), Santa Marta (Magdalena) y Mocoa (Putumayo), ya posesionados, tienen procesos penales, disciplinarios y fiscales en su contra, sin que ello haya sido causal para inhabilitarlos.El alcalde de Cota, Juan David Balcero (Alianza Social Amigos por Cota) antes de su posesión fue inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos por participación en política, según una decisión de la Procuraduría, que encontró que Balsero, cuando era concejal, impulsó y apoyó la elección de Rodrigo López Pérez como personero de ese municipio.Por su parte, Benito Antonio Pacheco Julio (Partido Liberal), alcalde de Cáceres, también cuenta con una inhabilidad por once años de la Procuraduría para ejercer cargos públicos.Para el caso de los mandatarios inhabilitados, el ex procurador Bernal Cuéllar explicó que estos pudieron incurrir en un fraude procesal, al permitir que las autoridades electorales expidieran los actos correspondientes de su elección. Otro en líos de tipo fiscal, es el alcalde de Florida, Doney Ospina Medina (del movimiento Aico), a quien la Contraloría le formuló pliego de cargos por la firma de un convenio entre particulares y la Licorera del Valle, cuando era gerente de la entidad, por presunto detrimento patrimonial. Ospina deberá acudir a audiencia verbal el 27 de enero.La situación que se evidencia en el departamento del Huila no dista mucho de lo anterior, debido a que el nuevo alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez Trujillo (la U) tiene en su contra una resolución de acusación de la Fiscalía 11 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación en beneficio de terceros.Otro en problemas es el alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar (Liberal), quien tiene investigación en la Fiscalía por el crimen de un vicerrector, un decano y un estudiante de la Universidad del Magdalena. La situación es que, al parecer, Caicedo Omar habría sido el autor intelectual -de acuerdo con las acusaciones que han hecho los familiares de las víctimas a la Fiscalía- de las muertes del estudiante Hugo Maduro, asesinado en mayo de 2000; la del vicerrector, Julio Otero, ultimado un año después del caso anterior y el homicidio del decano Roque Morelli, en septiembre de 2002.Sobre esto, el alcalde Caicedo dijo -en su momento- que no tiene procesos en su contra y que todo se trata de un montaje y una persecución política en su contra.El caso de Elver Porfirio Cerón (Conservador), alcalde de Mocoa, es que fue sancionado por la Procuraduría cuando ejerció ese mismo cargo en 2004.Adicional, Cerón tiene una sanción, en primera instancia, de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 12 años al ser hallado autor responsable de fallas disciplinarias gravísimas por la venta del lote de la antigua plaza de mercado, situación que también es investigada, penalmente, por la Fiscalía.

CONTINÚA LEYENDO
Publicidad
VER COMENTARIOS
Publicidad