El 'Grupo de los 100', la banda que desmanteló la educación en Buenaventura

Septiembre 06, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Unidad Investigativa de El País
El 'Grupo de los 100', la banda que desmanteló la educación en Buenaventura

Denuncia. En casas como esta, donde la cocina y el patio han sido improvisadas como salones de clase para los estudiantes de bachillerato, es donde se les imparte educación a miles de niños del programa de Ampliación de Cobertura en Buenaventura.

Así fue bautizado el grupo de rectores que ayudó a financiar la candidatura de Bartolo Valencia y que en pago habría recibido la tajada más grande de la ampliación educativa en Buenaventura.

Cuatro meses antes de que resultara elegido como  alcalde  Bartolo Valencia, quien fue enviado a la cárcel este sábado por presunta corrupción con los dineros de la ampliación de cobertura educativa, la  suerte de los niños que habitan en los sectores más pobres y deprimidos de Buenaventura ya estaba echada.

Mientras Bartolo denunciaba, como candidato, actos de corrupción de José Félix Ocoró  con el dinero  de la  educación, junto a él nacía el hasta hoy desconocido ‘Grupo de los 100’, conformado por rectores de varios colegios, algunos de ellos  ‘de garaje’, quienes aportaron económicamente a su campaña, a cambio de un trato preferencial en la distribución de cupos escolares.

Varios rectores, que corroboraron la  existencia de este grupo, señalan a Noe Quiñones, hoy candidato al Concejo por el Partido Verde, de ser uno de los cerebros de esa perversa estrategia. Quiñones era el representante  de la Fundación Comunitaria Despertar y aportó $5 millones a la campaña de Valencia, según el Consejo Nacional Electoral.

Un respaldo que le ha permitido a su fundación mantener año a año contratos que superan los $725 millones, pese a que Quiñones hoy esté distanciado del Mandatario porque al parecer le incumplieron parte de lo que le habrían prometido.

[[nid:460786;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2015/09/corrupcion-buenaventura-2.jpg;left;{Según los documentos en esta casa opera la Fundación Paraíso de los Ángeles donde estudiarían 1400 niños.Foto: El País}]]

También como promotor señalan al licenciado José Ignacio Quiñones, representante legal del Centro Educativo Santa Elena quien también aportó $20 millones a esa campaña y ha recibido contratos de cobertura educativa por más de $2550 millones. El País logró comunicarse en la noche del viernes con  Quiñones, pero cuando se le dijo que era para hablar del ‘Grupo de los 100’ cortó la llamada y apagó su teléfono celular.

La tercera persona en cuestión es Pedro Marino Barahona, quien también fue detenido por la Fiscalía dentro del proceso que se adelanta contra el alcalde Bartolo Valencia.  Barahona es el titular  del Instituto Etnoartesanal Afroamericano y figura ante el Fondo Nacional de Financiación Política como donante de $5 millones a la campaña del Alcalde.

En su caso, la oficina de Ampliación de Cobertura Educativa  le ha otorgado en estos cuatro años igual número de contratos por cerca de $2100 millones, los cuales debió subcontratar con escuelas de garaje porque no tiene la capacidad para  albergar los niños asignados.

La investigación publicada un año atrás por El País, y que sirvió de soporte a la Fiscalía para el proceso contra el Alcalde de Buenaventura, reveló que en la ciudad funcionan 258 colegios de garaje, improvisados en casas que no cumplen las condiciones mínimas para operar  y aún así son subcontratadas por menos de la mitad del dinero que paga el Ministerio de Educación por alumno.

Miguel Ángel Bermúdez, rector del colegio Icoilpa y presidente de la Corporación de Colegios Privados, aseguró que el Banco de Oferentes del 2012 se armó exclusivamente para favorecer a los amigos del Alcalde y colegios que ocuparon los primeros puestos no fueron tenidos en cuenta, pero sí las escuelas de garaje que ni fueron evaluadas.

“Ahora han dejado como secretario encargado de Educación a Clemente Viáfara, que nadie lo nombra y es uno de los mayores responsables del desbarajuste en la educación en Buenaventura y que maneja Primera Infancia, Alumnos Vulnerables, Adultos Mayores y eso nadie lo investiga”, aseguró Bermúdez, quien ha recibido amenazas y responsabilizó al círculo de amigos del Alcalde de lo que pueda ocurrirle.

El programa de Ampliación de Cobertura Educativa en Buenaventura no es un activo ‘pignorado’ solo por el ‘Grupo de los 100’. Por más que el temor ha silenciado a algunos docentes, entre labios susurran que la Secretaría de Educación tiene un dueño: se trataría de Rodrigo Mina, más conocido como ‘Coco’, quien habría hecho préstamos a algunas campañas y operaría también el llamado ‘pagadiario’.

“Es una persona muy conocida aquí (en Buenaventura) y se jugó por Bartolo a cambio de la Secretaría de Educación y estoy seguro que lo único que puede hacer el Alcalde ahí, es firmar. Porque incluso ‘Coco’ le tiene a un supuesto asesor llamado William Angulo que no hace nada pero es el que lo mantiene informado de todo”, aseguró un exfuncionario de la Administración.

Las irregularidades en la Ampliación de Cobertura habrían empezado el mismo día de la  posesión de Bartolo. Ese día nombró a Yasser Valencia, un técnico en pesca que también fue detenido por la Fiscalía,  como jefe de Cobertura, pese a que no cumpliría con el perfil, según otro proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría contra Bartolo.

En ese entonces, El País denunció que Yasser Valencia estaría detrás de nuevas modalidades de fraude con dineros de la educación como el ‘reciclaje’ de fundaciones sin colegios a las que les asignaron centenares de alumnos, el cobro de ‘vacuna’ a los rectores por estudiante asignado y la alteración del Sistema de Matrículas inscribiendo alumnos de colegios privados como beneficiarios de cobertura en colegios de la zona rural.

[[nid:460789;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/09/corrupcion-educacion-3.jpg;full;{En esta vivienda funciona la sede de la Corporación Héroes del Saber, vinculada al proceso judicial.Foto: El País}]]

Las mismas razones por las que hoy la Fiscalía investiga a Perla ONG, Mujeres Desafiando la Pobreza, Paraíso de los Ángeles, Fundación Etnoartesanal Afrocolombiana, Gimnasio Cooperativo del Pacífico y Héroes del Saber.

Solo en el caso de Paraíso de los Ángeles, ubicada en la Calle Tijeras, es claro que en esa casa de dos pisos no caben ni los 138 empleados que dijo tener la fundación cuando le adjudicaron el contrato, ni mucho menos los 1400 niños que la administración de Bartolo le asignó para educar. 

La Corporación Héroes del Saber, ya no existe; fue remplazada, con el mismo NIT, por la Corporación Sociocultural Huellas de Sabiduría y pese a que figura como constituida el 16 de  enero del 2015, un mes después la contrataron para educar a 200 niños por $180 millones.

“Mientras eso ocurre, los colegios públicos están a punto de cerrar porque los alumnos los meten es por ampliación de cobertura a los privados, que es donde está la plata. Como dijo alguien, la ampliación de cobertura es el cáncer de la educación pública y Bartolo y sus antecesores deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad porque se robaron la plata para educar unos pobres niños que no tendrían  más opción  que la delincuencia”, indicó otro de los rectores.

Pero quienes esperan que pase la tormenta para la educación, que lleva 12 años derribando alcaldes, esperan que con Bartolo se ponga punto final y que en el Puerto no sigan nadando a la inversa: porque allá  con corrupción se combate la educación; no al contrario.

Reapareció Chipantiza

Al polémico exsecretario de Gobierno de la administración de Saulo Quiñones, recordado porque Álvaro Uribe lo hizo detener en un consejo de gobierno por presuntos nexos con el narcotráfico, nadie lo buscó.

[[nid:460790;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/270x/2015/09/saulo-quinonez.jpg;left;{Adolfo Chipantiza, exfuncionario.Foto: El País}]]

Desde la administración de Bartolo Valencia lo impusieron como abogado de varios colegios a los que les adeudan tres meses de pago de dineros de cobertura desde el gobierno de José Félix Ocoró.

Pero la sorpresa fue mayor cuando a comienzos de este año varios de esos rectores fueron citados al hotel Torre Mar y en una habitación empezaron a pagarles en efectivo menos de la mitad del dinero adeudado a cambio de firmar varios documentos en los que certificaban que habían recibido a satisfacción el pago total de la deuda que con ellos tenía el Municipio.

“Yo jamás habría contratado a ese tipo como abogado. Esa plata ya se perdió, pero me preocupa que pase lo mismo con los seis meses que todavía nos deben del 2013 y que en lo corrido de este 2015 el Ministerio de Educación ya ha girado el pago de los primeros seis meses y a nosotros como dueños de colegio solo nos han pagado tres”, dijo uno de los afectados.

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