El Valle del Cauca aún no define el norte para sanear sus deudas

Hasta ahora los pasivos del Departamento suman $443.535 millones. La Asamblea del Valle pidió al Gobierno regional informes sobre este proceso, pues desde que se acogieron a la Ley 550 no han presentado ningún balance.

Mientras se resuelven las objeciones que interpusieron algunas personas y empresas al documento preliminar de reestructuración de pasivos del Valle del Cauca -bajo la Ley 550 de 1999- el proceso permanece suspendido.Juan Manuel Obregón, secretario de Hacienda del Valle, explicó que las objeciones surgen por dudas en el monto de las deudas señaladas o porque algunos acreedores -que consideran tienen derecho- no se incluyeron en la primera lista de obligaciones. “De todas las objeciones interpuestas la Superintendencia de Sociedades avaló cinco correspondientes a dos pensionados, Emcali, Comfandi y un tema de cuotas partes”, dijo.La expectativa de Hacienda es que máximo en dos semanas dichas objeciones sean resueltas y se reanuden las negociaciones para tener el acuerdo de reestructuración de pasivos del Valle del Cauca. “Aun nos falta otra etapa y es que una vez definida la lista de las deudas entramos a negociar el monto de éstas y luego fijar los cronogramas y plazos de pago”, dijo el funcionario.Según el acta de determinación de acreencias de septiembre del año pasado, los pasivos del Valle del Cauca sumaban en ese momento $443.353 millones, sin embargo, esa cifra aún no es la definitiva, pues lo montos pueden variar una vez se incluyan las nuevas obligaciones.Las acreencias del Departamento corresponden al pasivo pensional, la homologación de salarios de los educadores, prestaciones laborales, deudas financieras y de servicios públicos.El Valle del Cauca entró en Ley 550 de 1999 en mayo del 2012 como una manera de blindar sus finanzas ante embargos y demandas que no tenía cómo pagar. La Asamblea Departamental dio su aval a esa decisión.Pero esta semana el nuevo presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales de esa corporación, Rubiel Antonio Muñoz, le recordó al Gobierno su obligación de presentar un informe sobre cómo avanza la aplicación de la Ley 550 en el Valle, pues se supone que debía presentar dicho balance cada tres meses. Según el diputado, del acuerdo que tiene que firmar el Gobierno local dependerá el futuro financiero del Departamento.La sugerencia de Muñoz, es que se consideren alternativas como la venta de activos del Valle para adelantar los pagos de los pasivos y disminuir el tiempo de pago. “Hoy el Departamento tiene activos por un valor superior a $1 billón.  Solamente sería necesario vender el equivalente a $400.000 o de $500.000 millones de activos no productivos, con los cuales se saldaría gran parte de las deudas pendientes de pago”, afirmó Muñoz.Sin embargo, el secretario de Hacienda del Valle, afirmó que el Gobierno no tomará ninguna decisión al respecto, hasta que tenga definido a cuánto ascienden sus pasivos y cómo podrán pagarlos.