El Consejo de Estado condenó a Tuluá a pagar $ 1.800 millones por daño ambiental 

Abril 12, 2017 - 10:57 a.m. Por:
Redacción de El País Tuluá 

En sentencia de segunda instancia, proferida por el Consejo de Estado, el municipio de Tuluá fue condenado a pagar la suma de $ 1.800 millones como indemnización por el mal uso que se hizo hace varios años de un predio el cual fue utilizado como relleno sanitario.

La acción judicial está relacionada con un contrato que suscribió el entonces alcalde, Aymer Arango Murillo, en 1997, con los propietarios de la Hacienda Verdún, ubicada sobre la vía que de Tuluá conduce al corregimiento de San Rafael, para que se permitiera en ese lote adecuar un relleno sanitario.

Según la sentencia, el municipio de Tuluá incumplió el compromiso de entregar esa propiedad en óptimas condiciones una vez terminado el contrato y por el contrario en ese predio se causó un gran daño ambiental.

Curiosamente, la empresa Tuluaseo, antes Urbaseo, encargada de la recolección y disposición de las basuras, no fue vinculada a esa demanda, siendo que esta empresa fue la responsable de depositar cientos de toneladas de desechos a cielo abierto en ese predio.

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De acuerdo con el director jurídico del Municipio, Carlos Andrés Rivera Cardona, los $ 1.800 millones de pesos se tendrán que cancelar a los dueños de ese predio lo que va a afectaría el desarrollo de obras de infraestructura que necesita la ciudad.

"En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle había condenando al Municipio a cancelar la suma de $ 27 millones de pesos a los dueños de la Hacienda Verdún como compensación por el daño ambiental causado, pero estas personas apelaron esa decisión ante el Consejo de Estado”, indicó el jurista.

Diez años después se modificó esa sentencia y ahora al municipio de Tuluá será obligado a indemnizar a los propietarios de ese predio con la suma de $ 1.800 millones.

Por su parte, el personero de Tuluá, Rubén Darío Benítez, dijo que la actual Administración Municipal tiene la obligación de presentar una acción de repetición en contra del alcalde de esa época y de los funcionarios responsables “del detrimento patrimonial que se causó en contra del Municipio”.

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