El caso que enreda al exgobernador Juan Carlos Abadía con el ‘Cartel de la toga’

El caso que enreda al exgobernador Juan Carlos Abadía con el ‘Cartel de la toga’

Septiembre 24, 2017 - 11:30 p.m. Por:
Redacción de El País 
Juan Carlos Abadía

Abadía fue destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría General por su participación en política durante una reunión que se realizó para apoyar la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias.

Elpaís.com.co / Colprensa

Cerca de siete años llevaba en la Corte Suprema de Justicia, hasta marzo pasado cuando se le imputaron cargos, el proceso que se le seguía al exgobernador Juan Carlos Abadía por presuntos actos de corrupción cuando fue mandatario del Valle del Cauca.

El caso, el mismo que el jueves pasado salió a relucir en la audiencia de imputación de cargos contra el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, está relacionado con un contrato firmado el 29 de enero del 2010 por $1072 millones con la Fundación Calimío para la compra de libros para dotar 40 bibliotecas en diez municipios del departamento.

La denuncia, que se hizo en el mismo año, involucraba al exgobernador, a sus entonces secretarios de Educación, Gustavo Navarro -condenado en julio de 2015 por un juez de Cali; Jurídico, Raymundo Tello, quien fue eximido del proceso-, al igual que tres particulares -también condenados-.

La investigación en el caso de Abadía, por tener fuero al haber sido Gobernador, la adelantaba un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, donde aún permanece y se está a la espera de la acusación.

En principio, el proceso estaba a cargo de una fiscal y luego pasó a manos del fiscal delegado Alfredo Betín, quien resultó salpicado el jueves en la audiencia de Ricaurte, tras conocerse que junto con el exmagistrado habría favorecido procesos que estaban en su despacho, entre ellos los del exgobernador Abadía, quien tenía otros casos. Entre esos el de las investigación por la aprobación de vigencias futuras, que tampoco se ha movido en los últimos tiempos.

La investigación por el contrato de las bibliotecas, que estuvo quieta por mucho tiempo, volvió a salir a flote el pasado 6 de marzo cuando el fiscal Betín, al parecer por el cambio de Fiscal General y las exigencia de este por resultados, tuvo que imputarle cargos a Abadía por los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. El exgobernador no aceptó los cargos.


Luis Gustavo Moreno -exfiscal anticorrupción hoy detenido y pieza clave en el escándalos de los cobros por procesos en la Corte- fue defensor de Juan Carlos Abadía durante un tiempo en la investigación por el contrato de las bibliotecas y luego lo dejó, según confirmó el abogado Hernando Morales, defensor de Abadía en este caso.

Morales y el exmandatario negaron que en el exfiscal Betín les haya favorecido, tras asegurar que nunca hubo pedido dinero para archivar este caso.

El abogado sostuvo además que si hubieran querido favorecer a Abadía no le habrían imputado cargos en marzo, tras indicar que el proceso no estuvo engavetado y que permanentemente él ha allegado documentos y pruebas, incluso en enero pasado aportó una sentencia de la misma Corte Suprema relacionado con un contrato similar de Indervalle, donde se demostró que no hay delito, pues la Ley 80 no aplicaba en un contrato de interés público y el de las bibliotecas entra en esa categoría.

“Al exgobernador Abadía no se le ha favorecido. El fiscal delegado no tuvo en cuenta ese fallo de la Corte ni otros y le imputó cargos. Nunca recibimos exigencias económicas del fiscal Betín y sí se hubiera pagado, como dicen, el caso lo habrían guardado o archivado”, dijo Morales.

Otros líos

Juan Carlos Abadía no pudo terminar su mandato como gobernador del Valle, debido a que la Procuraduría lo destituyó en inhabilitó, en mayo del 2010, por participación indebida en política al comprobarse que estuvo en una reunión con el entonces candidato presidencial Andrés Felipe Arias.

Abadía tuvo investigaciones en Contraloría por presunto detrimento patrimonial en la ILV y vigencias futuras que ya fueron archivadas.
También lo sancionó la Procuraduría por el contrato de las cirugías bariátricas.

Aún tiene en la Corte un proceso por las vigencias futuras.

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