Del escándalo de Acuavalle brota cada vez más agua sucia

Gobernador revela que en Acuavalle hay siete contratos que tienen problemas, entre ellos el de Granada, además de los de Guajira y Córdoba. Le contamos todos los detalles de la crisis.

La crisis política y administrativa en la empresa Acuavalle se agudizó ayer luego de que se hiciera efectiva la orden de suspensión provisional, de tres meses, contra el gerente encargado, Iván Alberto Valderrama, tal como lo ordenó la Procuraduría.El gobernador del Valle, Francisco Lourido, aseguró que en horas de la mañana se radicó ante la entidad el decreto mediante el cual acata la decisión de suspensión del funcionario que le ordena el Ministerio Público. Según los estatutos de la entidad, la Gerencia la asumirá Alexánder Sánchez, quien fungía como segundo suplente de ese cargo, y quien también está involucrado en un proceso disciplinario, de acuerdo con el auto del Ministerio Público.“Estuve reunido con el doctor Sánchez, le expresamos que la única intención nuestra es llegar a Acuavalle y ver cómo está; que tenemos temores de que los manejos no son los adecuados, pero que le prestamos toda la colaboración, y que no tenemos nada contra él”, señaló el gobernador Lourido.Pese a la decisión, el gerente Iván Valderrama se niega a dejar el cargo, alegando que no había sido notificado por la Junta Directiva de la empresa, que según él es la que debe hacerlo.“Soy muy respetuoso del fallo de la Procuraduría a pesar de que no lo comparto, pero a mí hoy (ayer) no me han notificado. Hasta tanto no me suspenda la Junta Directiva, yo seguiré siendo el gerente de Acuavalle”, dijo.A la polémica situación administrativa que vive Acuavalle, se sumó la decisión de un juzgado de Cali que pretende dejar sin piso de manera provisional el acto de elección de la nueva Junta Directiva que se escogió el pasado 31 de marzo y que aún no ha podido asumir.Se trata de una suspensión que decretó el Juzgado Trece del Circuito Civil, en cumplimiento a un proceso de impugnación que interpuso el municipio de Vijes contra esa acta de elección, pero que al parecer no tendría efecto.Diana Villegas, asesora jurídica de la Gobernación, explicó que esa suspensión provisional no procede porque “los conflictos entre sociedad y socios o entre socios deben dirimirse en tribunales de arbitramiento. Y cuando ya se registra el acta cabe la impugnación, pero ante la Cámara de Comercio y no ante un juez”.“Aparentemente todos esos obstáculos para que la nueva Junta Directiva ejerza obedecen a que (en Acuavalle) están esperando a llegue la Ley de Garantías para que no podamos mover a ninguna de las personas de la empresa”, explicó Lourido. En la entidad el ambiente no es el mejor. El Sindicato de trabajadores de Acuavalle, Sintracuavalle, exigió garantías para la empresa y rechazó que Valderrama no cumpliera con la orden de la Procuraduría. Anoche, trabajadores de la entidad se decretaron en asamblea permanente, analizando la situación y programando una movilización, según lo indicó Margarita López, presidenta del sindicato.Polémicas contratacionesEl Gobernador del Valle también reveló serias preocupaciones por siete contrataciones de obras de Acuavalle, algunos de los cuales son en otras regiones del país. Entre ellas hay tres convenios que involucran planes departamentales de agua en la Guajira y en Córdoba, así como de un acueducto en Cantagallo, al sur del departamento de Bolívar. También se incluye un convenio para un programa de acueducto y alcantarillado en zonas rurales de 30 municipios del Valle, que aunque ya finalizó, las obras no se terminaron. Sobre el barrio Granada de Cali, también hay otro cuestionado convenio que hizo Acuavalle con la administración del destituido Juan Carlos Abadía, para obras que aún no se han iniciado, pero para las que la Gobernación ha destinado hasta la fecha $6.000 millones. Asimismo, está el Plan Departamental de Aguas del Valle, que involucra un convenio por $49.000 millones, a cambio de unos diseños, de los cuales sólo se ha entregado uno.Y la criticada adjudicación de un contrato por $165.000 millones, que compromete recursos de vigencias futuras, que ordenó suspender la Procuraduría por considerarlo irregular.