Valle del Cauca comienza a saldar su deuda con los despojados de sus tierras

Valle del Cauca comienza a saldar su deuda con los despojados de sus tierras

Abril 07, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Valle del Cauca comienza a saldar su deuda con los despojados de sus tierras

La Unidad de Restitución ha empezado a hacer mediciones y visitas a lugares que, hasta hace muy poco, parecían olvidados.

En las próximas semanas se dará el primer fallo de restitución de tierras en el departamento. Primeros pasos de una anhelada reparación.

A pocos días de que su puesta en marcha cumpla un año, la Unidad de Restitución de Tierras del Valle está a punto de celebrar: esta semana, quizás la otra, los jueces darán sentencia al primer fallo de restitución de un predio despojado por actores armados en la región. Aunque el documento aún está en trámite y no es posible saber exactamente dónde será aquello, muy seguramente la primera reparación ocurrirá en Trujillo o en alguna zona rural Cali. En estos municipios -Trujillo con 46 y Cali con 53-, se presenta el mayor número de solicitudes entre las cinco ciudades del Valle escogidas para empezar los procesos. Durante estos doce primeros meses, la Unidad ha contabilizado 1.100 reclamaciones provenientes de víctimas asentadas en 28 de los 42 municipios del departamento y equivalentes a 31.000 hectáreas. De estas, 250 solicitudes ya están en manos de los jueces. Si todo sigue su curso, pronto, en el Valle, la restitución será verbo, no sustantivo.Lo que está por suceder en la región, entonces, será coincidente con el ritmo del proceso en el resto del país: 33.629 solicitudes de restitución por 2.4 millones de hectáreas abandonadas por campesinos y labriegos en los últimos veinte años; casi seis mil solicitudes en el segundo año de vigencia de la Ley de Víctimas y 1.184 procesos a la espera de fallo judicial. Fallos históricos como el que favoreció a cerca de cien personas despojadas por Los Castaño en Montería. Restitución conjugada como verbo.Pero la predicción, sin embargo, solo es poética en el papel. De acuerdo con registros de la Unidad de Restitución de Tierras, las víctimas reclamantes atribuyen el 40% de la responsabilidad de los despojos perpetrados en el Valle a grupos paramilitares; un 30% a las guerrillas y otro 30% a “varios”. Y varios traduce narcotráfico, bandas criminales (bacrim) y delincuencia. Esa particularidad hará especial el proceso en la región, teniendo en cuenta que los narcotraficantes no son reconocidos como actores del conflicto armado y sus acciones no las acoge la Ley de Víctimas (ver entrevista anexa); aunque en Cali todavía no hay solicitudes por despojos causados por narcos, lo cierto es que en otros municipios ya se cuentan. Y en zonas de Riofrío, Bolívar y Trujillo, ya aparecieron reclamaciones atribuidas a bandas criminales.Frangey Rendón, exgestor de Paz del Valle, dice que, efectivamente, el proceso de despojo en el Valle no se expresa sobre las mismas condiciones que lo rigió en Antioquia o en la costa norte del país. Y aunque lo cataloga como riesgo para su desarrollo, no lo ve como una amenaza directa. No al menos ahora: “La gente no está reclamando tierras específicas, no está pidiendo haciendas confiscadas a la mafia, la gente está a la espera de la restitución que el Gobierno considere. El problema sería en el caso de que lleguen a darse procesos de restitución en terrenos de alta montaña que hayan sido tomados y parcelados por las Farc. Eso sí será muy complicado”. De acuerdo con Rendón, eso, que sucedió en otras zonas del país, también ocurrió en el Valle.Para el exgestor de paz la mayor complicación que en este momento puede tener la restitución en el departamento es que la ruta de atención para las víctimas siga siendo “confusa”, puesto que esas dificultades de información pueden ser aprovechadas por avivatos. Desde su perspectiva, esta es una de las debilidades actuales del proceso: mientras las víctimas no sepan con mayor claridad qué camino tomar para reclamar, en su afán de reparación pueden caer en manos de estafadores.Y ya ha pasado. El año anterior, Hurtado, un supuesto líder comunitario, empezó a llevar población desplazada a invadir diferentes predios jurando que estaban avalados para hacer restitución. Con ese pretexto movilizó a decenas de familias a una finca expropiada a Los Rodríguez en Dagua; luego invadió predios en la Avenida de Los Cerros con 66, al sur de Cali, y después los llevó a La Novillera, una finca de Jamundí que en otros tiempos perteneció a 'Pacho Herrera'. La táctica del estafador, dice un investigador que estuvo al tanto del caso, era tan elaborada que la gente llegó a pagar entre 30.000 y 300.000 por unas resoluciones de adjudicación que Hurtado entregaba con sellos gubernamentales y papel oficial falsificado. Su último golpe, una centena de desplazados que trajo desde el Caquetá para ubicarlos en una hacienda de Bugalagrande. Cuando los actuales dueños del predio amenazaron al líder y su engaño empezó a cojear, Hurtado desapareció. Hoy, de sus pasos, nada se sabe.Correr, esperar, conjugarEntre 1982 y 2007, el Grupo de Memoria Histórica estableció un registro de 2.205 masacres perpetradas en todo Colombia que dejaron 14.660 víctimas. Gonzalo Sánchez, director del Centro de Memoria Histórica, escribió en el libro 'Trujillo, una masacre que no Cesa', que este país no solo ha vivido una guerra de combates, sino también una guerra de masacres. Y el Valle, claro, no ha sido ajeno.Una de ellas, la de Trujillo, definida por Memoria Histórica como “una secuencia de desapariciones forzadas, torturas y homicidios selectivos que entre 1986 y 1994 dejó 342 víctimas perpetradas por una alianza regional y temporal entre las estructuras criminales de Diego Montoya y Henry Loaiza, y fuerzas de seguridad del Estado como la Policía y el Ejército, cuyo principal designio criminal fue insurgente”. Esa matanza es emblemática en el país no solo por su magnitud en número de muertes, sino porque la mayoría de los cuerpos, arrojados al río Cauca, nunca aparecieron. Uno de los pocos fue el del padre Tiberio fernández, considerado el líder comunitario de la zona, que fue descuartizado luego de ser obligado a presenciar la violación de su sobrina.Es en ese pueblo, en el que hace veinte años pasó todo aquello, donde posiblemente se dé la primera restitución. Por eso Diego Arias, analista político y excoordinador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para el Valle, dice que pese a cualquier tropiezo, todo esto es una muy buena noticia: el primer paso para empezar a saldar una deuda histórica. Consuelo Valencia, que no sabe de fallos ni jueces ni trámites, también lo cree. Ella, que ya le dejó sus papeles a la “gente del gobierno esa tan bonita”, sonríe ahora mientras escucha la palabra restitución. Restitución como verbo, no sustantivo. El caso de Consuelo es como el de tantos por esas tierras: a Marco Aurelio, su esposo, lo torturan tanto que cuando volvió, volvió para morirse. A Edilson, su hijo mayor, que tenía 16, le clavaron alfileres bajo las uñas porque alguien creyó que esas moras que recogía para ayudarle a la pobre vieja eran para los guerrilleros. Entonces lo mataron a chuzones y lo botaron al Cauca. Y a Arley, el pequeño, de apenas de 14, que también acusaron de guerrillero, le quebraron los brazos y lo echaron al agua. Los cuerpos nunca aparecieron.Consuelo entonces tuvo que dejar esa tierra que le daba la comida. La tierra donde había criado a sus hijos y donde creía un día iba a morir de vieja. La dejó y empezó a andar por ahí, de un lado para otro, dando tumbos como alma en pena. Lavó ropa ajena, trabajó en casas, alquiló una pieza. Y así sobrevivió veinte años: de la caridad de los vecinos, de la buena fe de alguien que le diera algo para llenar la panza de sus otros siete chicos. Ahora Consuelo es jardinera. Cuida las matas del parque-museo, un monumento construido en lo alto del pueblo, como un recordatorio de todo eso. Allí vive también. Y allí espera. Como hace veinte años. Pero esta vez, dice, con la fe de que al fin alguien se acordó de ella.Y así está doña E, que tiene 49 años y que tuvo que salir corriendo hace tanto de su finca en la vereda El Tambor. Correr. Eso han hecho las víctimas. Correr como ella, que caminó cuatro horas con su niña de tres años en los brazos después de que le mataran a su esposo, apenas un campesino. Correr de esos tipos que un día se le metieron a la casa buscando armas y rifles y pistolas y solo encontraron asadones y palas y rastrillos. Correr, como todos los días, para levantarse a las tres de la mañana y hacer cien arepas que le dejen veinte mil pesos en el bolsillo y así poder pagar la pieza. Correr, cada mes, para hacer milagros y no quedarse en la calle.El miedo hace que las personas terminen pareciéndose. En Cali, el señor V.P., obligado en el 2005 a dejar su finca de Villa Carmelo luego de que mataran a su papá, tiene los mismos ojos temblorosos de doña E. Y las manos nerviosas de la señora Consuelo. Escondido en una casa oscura llena de libros viejos, donde vive con una perra de pedigrí callejero y una bala incrustada en sus costillas, habla de lo mismo. Y entre una y otra cosa, entre uno y otro sufrimiento recordado, conjuga verbos, similares por estos días, con el resto de ellos: esperar, confiar, creer, soñar, reparar. Al final, como todos, repite uno: correr. Y como todos, lo conjuga cansado.

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