Defensores de DD.HH. en Valle y Cauca están en la mira de grupos ilegales

Defensores de DD.HH. en Valle y Cauca están en la mira de grupos ilegales

Septiembre 09, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Defensores de DD.HH. en Valle y Cauca están en la mira de grupos ilegales

Asesinato. En abril pasado fue asesinado en Buenaventura el comunero Hugo Ulcué, quien pedía celeridad en el caso de la masacre del Naya. Alexánder Quintero, líder de las víctimas, murió baleado once meses atrás.

Los afectados por intimidaciones van desde grupos que defienden los derechos de las mujeres, hasta los que piden garantías para los desplazados. El 45% de las 265 amenazas denunciadas este año son de líderes o miembros de ONG.

Miembros de organizaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos han mostrado su preocupación por el aumento de amenazas en las últimas semanas.En el Valle y el norte del Cauca, los afectados por las intimidaciones van desde grupos que defienden los derechos de las mujeres, hasta los que piden garantías para los desplazados.Aunque supuestos miembros de las Águilas Negras se atribuyen las últimas amenazas, las autoridades señalan que en el Valle del Cauca participan en su mayoría miembros de las Farc, las bacrim y personas asociadas con negocios ilícitos.La Defensoría del Pueblo señala que el 45% (119) de las 265 amenazas denunciadas este año han sido interpuestas por desplazados, miembros de ONG, sindicalistas, fundaciones y defensores de víctimas de los grupos ilegales.En abril pasado fue asesinado en Buenaventura el comunero Hugo Ulcué, quien pedía celeridad en el caso de la masacre del Naya. Once meses atrás, Alexánder Quintero, otro líder de las víctimas de ese caso, murió baleado en Santander de Quilichao.Estos crímenes se los atribuyeron a las Farc. Este grupo amenazó hace pocas semanas al abogado Élmer Montaña, ex coordinador de la Comisión de Reparación.Amenazas sin bandoLos mensajes enviados a varios celulares y a correos electrónicos en los últimos días amenazan de muerte a miembros de Nomadesc, la CUT, Ecate, Sintraunicol y el PCN. También fue distribuido a integrantes del Movice y la Defensoría del Pueblo en el Valle del Cauca.El asesor de Paz de la Gobernación del Valle, Frangey Rendón, manifestó que hay casos que están relacionados con líderes de población desplazada y organizaciones que buscan la reivindicación de los derechos de las mujeres en Cali, Buenaventura, Pradera, Tuluá y el norte del Valle.Rendón manifestó que uno de los hechos más graves fue el ocurrido al director de la Umata en Pradera, Mario Chauzá. Al parecer, las Farc lo amenazó hace un mes y a los pocos días abandonó el municipio. Chauzá era un indígena desplazado y líder en las zonas rurales.Los intereses de algunos actores armados por la explotación ilegal minera y los cultivos ilícitos también ha producido amenazas en Buenaventura. Un funcionario de la Defensoría indicó que “algunas organizaciones se han opuesto a que estas personas actúen en la zona”. A la situación del Puerto se han sumado las amenazas contra instituciones que reclaman más protección a las mujeres. Un defensor de los derechos humanos en la zona manifestó que los autores de estas intimidaciones serían narcos, bandas criminales, ex integrantes de grupos paramilitares y guerrilla.En la zona del Pacífico, los líderes de las comunidades negras están siendo víctima de amenazas por parte de las Farc.Para Julio César González, representante legal del consejo comunitario del Bajo Calima, la situación es preocupante especialmente por lo que tiene que ver con algunas intimidaciones vía telefónica que han venido recibiendo de actores armados no precisados. “Además nos preocupa que no se aclare plenamente el caso del atentado a la rectora del colegio, Mirian Angulo, quien además es tesorera del Consejo, de cual afortunadamente salió bien librada pese a las heridas recibidas”. dijo González.La problemática de los negocios ilegales también se ha extendido al norte del Cauca. Un asesor de las víctimas que labora en la zona manifiesta que cualquier cercanía con los afectados lo pone en el blanco de los actores armados.La fuente expresa que no importa el grupo social al que pertenezca la víctima, “quienes utilizan las amenazas de muerte como un arma no distinguen entre izquierda o derecha, si es del Estado o un civil. Ellos tampoco tienen bando. Esto lo hacen es porque quieren que los defensores de los derechos humanos elijan un lado, es un fenómeno de un conflicto tan prolongado”.Las denunciasLa Fiscalía indicó que en Cali se recibieron 1.114 denuncias por amenazas. De estas, sólo 489 ameritaron una investigación y se encuentran activas.El director de Fiscalías en Cali, Gilberto Javier Guerrero, manifestó que esta diferencia se presenta porque hay personas que denuncian amenazas después de haber tenido una riña con el vecino.La Defensoría del Pueblo del Valle reportó que en todo el 2010 se denunciaron 452 amenazas. Entre enero y agosto de este año ya van 265.

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