Contratos de la Industria de Licores afectaron las rentas del Valle

Un informe de la Contraloría del Valle reveló que dos convenios firmados en 2009 por el entonces gobernador Juan Carlos Abadía con los mandatarios de Antioquia y Caldas para la venta de los licores de esas regiones en el Valle, generaron un grave detrimento patrimonial al Departamento.

Por estos días en que la Industria de Licores del Valle, ILV, está en el medio de la polémica por los resultados durante el primer trimestre del año, una investigación de la Contraloría del Valle pone en tela de juicio la eficiencia de la Subdirección de Rentas del Departamento y el manejo de los convenios con las licoreras de Antioquia y Caldas.El detallado informe del órgano de control cuestiona dos convenios firmados en 2009 por el entonces gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, con los mandatarios de Antioquia y Caldas para la venta de los licores de esas regiones en el departamento.También critica el manejo dado por los distribuidores de las marcas Aguardiente Antioqueño y Ron Viejo de Caldas, a quienes señala de ejercer competencia desleal y en algunos casos tipifica un ‘carrusel de marcas’, al inundar el departamento con productos de exportación o codificados en otros departamentos, que se vendieron en territorio vallecaucano sin dejar un solo peso por el pago de impuestos.Además, el informe revela los altos niveles de falsificación del aguardiente Blanco del Valle y el elevado contrabando que según un estudio de la Universidad Javeriana alcanza en Colombia un 24 % del consumo y en el Valle se estima en unos 5 millones de botellas al año.A esta situación se suman los altos costos laborales de la ILV con 89 trabajadores oficiales, que la convierten en una de las nóminas más costosas de la región, la alta carga pensional calculada en $102.000 millones, las cuantiosas demandas como la de Dimerco del año 2005 ($45.000 millones) Danna Winne año 2006 ($33.000 millones), Rocassa y Romero Trading, generadas por decisiones de los gobiernos de Germán Villegas y Angelino Garzón, que según valoración de la Contraloría alcanzan los $106.000 millones en total.¿Conejo paisa?La Contraloría estableció dos hallazgos, uno fiscal y otro disciplinario, en el caso del aguardiente Antioqueño que produce Fábrica de Licores de Antioquia, FLA.Este producto se comercializó en el Valle a través de la firma Inveroccidente. El 13 de julio de 2011 la Gobernación terminó el convenio al encontrar “irregularidades en el precio de venta y la publicidad dispuesta por la FLA, constituyendo esto una competencia desleal”.Además, la Contraloría verificó que la Subdirección de Rentas del Valle no realizó ningún inventario al momento de la terminación del convenio, razón por la cual fue imposible determinar cuántas botellas de aguardiente tenía Inveroccidente en sus bodegas.La Contraloría constató que entre el 16 de julio y el 31 octubre de 2011 ingresaron al departamento 11.849 botellas de Aguardiente Antioqueño, a pesar de que el convenio no estaba vigente y en visita a Inveroccidente el 20 febrero de 2012 encontró un inventario equivalente a 100.032 botellas, a pesar del plazo de tres meses de que disponía para evacuar sus inventarios, según los términos del convenio terminado.Finalmente, la Contraloría estableció que hay diferencias entre la información suministrada por la FLA y la existente en la Subdirección de Rentas, que arrojan un faltante en contra del departamento del Valle de $271.296.057 y mediante muestras aleatorias en los almacenes de cadena confirmó que aún se vende Aguardiente Antioqueño en el Valle, pese a no existir convenio y haberse cumplido el plazo para la terminación de inventarios y según el informe no se evidenció operativo alguno de Rentas para subsanar esta situación.Un viejo conocidoEn agosto de 2009 se suscribió el convenio con la Gobernación de Caldas para la venta de su Ron Viejo. Allí se acordó que en 2009 se venderían dos millones de botellas, pero según estableció la Contraloría solo ingresaron 481.085, dicho incumplimiento afectó las rentas del Valle en $15.310 millones.El mismo convenio estableció que para 2010 la cuota de ventas era de cuatro millones. Según la Contraloría, apenas ingresaron 3.659.864 botellas, lo que afectó las rentas por $3428 millones.El 17 de diciembre de 2010 la Gobernación del Valle informó por escrito su decisión de terminar el convenio porque encontró Ron Viejo de Caldas etiquetado para “exportación” y “otros departamentos”, el cual habría ingresado al Valle sin pagar los respectivos impuestos.La Licorera de Caldas, mediante comunicación del 15 de enero de 2010, acepta la situación encontrada y se compromete a tomar medidas para evitar que esto siga sucediendo, a lo cual el Gobierno del Valle accede dando continuidad al polémico convenio, sin que la Subdirección de Rentas se pronuncie sobre el incumplimiento de las cuotas del año 2009 y 2010.En marzo de 2010 se realiza una modificación al convenio que llama la atención de los auditores de la Contraloría pues no solo se prorroga por diez años, sino que se borran las cuotas mínimas de ventas. Esto le facilita al distribuidor vender a su conveniencia sin ningún compromiso con las rentas del Valle.La Contraloría ya hizo su labor: publicó un informe con todos los hallazgos. Ahora la Administración Departamental debe emprender las acciones para subsanar el desangre de las rentas por ventas de licores que afectan a los vallecaucanos.Fin al contrato de Puro ColombiaEn abril de 2012 el entonces gobernador encargado del Valle, Aurelio Iragorri, autorizó el ingreso al mercado departamental del aguardiente y ron de la marca Puro Colombia.El País denunció cómo esta marca, gracias a estrategias que configuraban una presunta competencia desleal, con grandes inversiones promocionales y sus condiciones de ventaja al no cumplir los estándares de seguridad acordados, atentaba contra la normal comercialización de los productos de la Industria de Licores del Valle en su propio territorio.La polémica creció cuando Iragorri denunció que el contrato tenía sus firmas falsificadas y pidió a la Fiscalía adelantar las investigaciones de rigor que terminaron comprobando la falsedad de las firmas.Por esta, entre otras razones, se pidió que el contrato fuera anulado.Finalmente El País tuvo acceso al decreto firmado por el gobernador Ubéimar Delgado que finalizó unilateralmente el contrato con Puro Colombia, pero al igual que cuando se terminó el del aguardiente Antioqueño, no existen evidencias de levantamiento de inventarios, lo que no permite saber a ciencia cierta hasta cuándo realmente estos productos estarán en el mercado.