Contraloría sigue con alegatos en caso del gobernador del Valle

La defensa del Mandatario departamental aseguró que el funcionario no incurrió en ninguna conducta irregular como miembro de la junta directiva de la ILV.

Durante la audiencia de alegatos que adelanta la Contraloría por un presunto detrimento patrimonial de $107.231 millones en la Industria de Licores del Valle, ILV, la defensa del gobernador del Valle, Héctor Fabio Useche, aseguró que el funcionario no incurrió en ninguna conducta irregular como miembro de la junta directiva de la empresa.El proceso de responsabilidad fiscal está relacionado con el contrato 20080035 del 7 de abril del 2008 que suscribió la ILV con la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. (hoy UT Comercializadora Integral SAS), en el cual se establecía el plan comercial de la empresa durante la vigencia fiscal 2009-2010.Este acto fue autorizado por la Junta Directiva de la ILV, de la cual hacía parte Useche, el ex gobernador de ese departamento Juan Carlos Abadía y otros ex funcionarios.Frente al auto de imputación proferido por la Contraloría, Uriel Amaya, abogado de Useche, aseguró que “a mi defendido se le atribuye exclusivamente una autorización que se dio en el año 2008 por la Junta Directiva, en la cual se aprobó un plan promocional consistente en la entrega de 500 mil botellas para efectos de la promoción de la empresa”. Además, afirmó que se violó el principio de legalidad en el auto de imputación, porque la Contraloría no configuró el supuesto daño y tampoco hizo una configuración jurídica adecuada de la supuesta conducta de Useche, “porque se está diciendo que de manera intencional provocó un daño patrimonial y se demostró que no existió”.Hoy intervendrá el abogado Hernando Morales, quien defiende los intereses del ex gobernador Juan Carlos Abadía. Posteriormente se adelantará la solicitud de pruebas por parte de la defensa de los implicados. La Contraloría realizará el respectivo análisis para determinar cuáles pruebas serán aceptadas dentro del proceso.De acuerdo con el abogado Uriel Amaya, el fallo final del órgano de control con respecto a este caso se conocerá, posiblemente, en dos o tres meses. La Contraloría también vinculó al caso a los representantes legales de la Unión Temporal, con la que se suscribió el polémico contrato de la Licorera.