Contraloría responsabiliza a Useche por escándalo en Licorera del Valle

Febrero 17, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción El País | Bogotá

La decisión fue adoptada en primera instancia por la contralora delegada Luz Ángela Martínez, quien encontró que el detrimento no era de $107.000 millones como se dijo inicialmente, sino que aumentó a más de $112.000 millones.

El polémico contrato suscrito entre la Industria de Licores del Valle, ILV, y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. llevó anoche a que la Contraloría General de la República, sancionara -en primera instancia- al gobernador Héctor Fabio Useche; el exmandatario Juan Carlos Abadía; el alcalde de Florida y exgerente de esa empresa, Doney Ospina, a diez exfuncionarios más por un detrimento patrimonial que supera los $112 mil millones.La decisión también cobija a los representantes y socios de la firma comercializadora de los productos de la ILV. La medida fue adoptada por la contralora Delegada de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Luz Ángela Martínez, quien encontró que el detrimento pasó de $107 mil 231 millones a $112 mil 689 millones, lo cual determinó la responsabilidad fiscal de los investigados.Todos los implicados deberán responder con su peculio por sus actuaciones en la suscripción de dicho contrato que implementó el plan promocional y de distribución de los productos de la ILV.En este orden de ideas, la Contralora, al emitir el fallo, dijo que los imputados “actuaron con dolo”, es decir que hubo culpa en las actuaciones que realizaron, y solo a la exgerente de la Licorera, Ruth Sofía Triviño, le fue calificado su comportamiento como “culpa leve”.La funcionaria encontró, además, “serias irregularidades” en el contrato y llamó la atención sobre que la Unión Temporal “no cumplía en ese momento con los requisitos mínimos y de experiencia económica para cumplir el pliego”, por eso acusó que esa sociedad fue constituida para “defraudar”, ya que fue conformada para la cesión de ese contrato y no cumplía con los requerimientos exigidos.Con base en lo anterior y en los hechos que corroboraron que hubo “irregularidad en el plan de promoción” que generó una “ineficacia económica”, la Contralora determinó la responsabilidad fiscal de cada uno así: el exgerente Ospina deberá responder por 7 mil millones 063 pesos; Abadía, 7 mil millones 010 pesos; la ex gerente Ruth Sofía Triviño por $528 millones.También se dispuso que los ex funcionarios Héctor Fabio Useche, Juan Pablo Muñoz, Raimundo Tello, Roberto Villamizar, Luis Telmo Rojas, Luis Alfredo García, Luis Humberto Castrillón y Paula Andrea Martínez deberán pagar $7.000 millones de pesos cada uno. Ezequiel Lenis fue condenado a pagar $2.000 millones. Édgar Salazar, Édgar Doronsoro Tenorio, Empresa Agropecuaria, Empresa Encargo Logístico Integral, Empresa Salazar Transportes Unidos, Empresa Comercializadora Logística Integral, UT Comercializadora, que son representantes y socios de la empresa que distribuye los licores, deben cancelar $7.000 millones, cada uno. De la misma manera, la delegada del órgano de control aseguró que la Contraloría no acepta la defensa de las compañías de seguros, “nos mantenemos en este fallo de mantener las pólizas que se encuentran en garantías y la póliza que anexó la apoderada de la Previsora”.Este jueves se conoció además del embargo de las cuentas de ahorro y corrientes, así como todos los bienes de los implicados, que se amplió, en la noche, para las empresas y personas que hicieron parte en el proceso contractual.Luego de conocer esta decisión, los apoderados de los implicados radicaron las apelaciones, las cuales deberán ser sustentadas en los próximos diez días hábiles, y que serán analizadas directamente por el despacho de la contralora General, Sandra Morelli.La Contralora Delegada compulsó copias a la Procuraduría General para que investigue estos hechos. El contrato que condujo a las sanciones fiscales es el 20080035, que se firmó el 7 de abril de 2008 entre la Industria de Licores del Valle y la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. (hoy UT Comercializadora Integral S.A.), que establecía todo el Plan Comercial para la empresa durante la vigencia fiscal 2009-2010.Los procesos de UsecheLos problemas del hoy gobernador del Valle del Cauca, Héctor Fabio Useche, se iniciaron muchos meses antes de ser elegido mandatario regional.El caso por el cual fue sancionado por presunta responsabilidad fiscal se inició durante su campaña al primer cargo del departamento. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a Useche por presuntas irregularidades en la firma de un contrato de cirugías bariátricas por mil millones de pesos con la IPS Eduardo Bolaños, constituida sólo un mes y medio antes de haberse firmado el acuerdo con un capital de $20 millones.En el mismo proceso se incluyó al ex gobernador Juan Carlos Abadía, el ex secretario jurídico de la Gobernación Raimundo Tello y dos interventores del Departamento (Yaneth Vélez y Alberto Ocampo).Pero también el Valle enfrenta una investigación administrativa porque en la época en la que Useche estuvo al frente de la Secretaría de Salud no se cumplieron algunas metas en materia de prevención, en especial la vacunación.Los otros gobernantes sancionadosVarios de los gobernadores del Valle del Cauca, que han sido elegidos mediante votación popular, han terminado envueltos en líos disciplinarios o judiciales.Entre los casos más sonados están los de los ex mandatrarios Gustavo Álvarez Gardeazábal (1998-1999) y Juan Carlos Abadía Campo (2008-2010).En el primero de ellos, el escritor debió apartarse del cargo luego de ser vinculado al sonado Proceso 8.000, en el que fue acusado por la justicia de enriquecimiento ilícito.Álvarez Gardeazábal fue condenado por haber recibido dinero de parte de personas cercanas a los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del extinto Cartel de Cali, por lo que recibió una pena de seis años y medio de prisión, que cumplió en la escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá y se benefició con rebaja de penas. Álvarez fue reemplazado por Juan Fernando Bonilla Otoya.Lo propio ocurrió hace un año y medio con el ex gobernador Juan Carlos Abadía Campo, quien fue destituido e inhabiltado para ejercer cargos públicos durante 10 años por la Procuraduría General de la Nación por participación indebida en política. Abadía tiene pendientes otros procesos en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades en otras decisiones cuando estuvo al frente de la Gobernación del Valle. Entre las investigaciones que se siguen están la aprobación y ejecución de las vigencias futuras extraordinarias, el desbordamiento en gastos de publicidad para los juegos nacionales y la utilización de recursos para promocionar su partido ADN en las pasadas elecciones al Congreso.A Juan Carlos Abadía lo reemplazó en el cargo Francisco Lourido, quien estuvo al frente de los destinos del Departamento hasta el 31 de diciembre pasado.

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