Contraloría General seguirá con proceso contra Héctor Fabio Useche

Enero 26, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Se negó la nulidad del proceso fiscal de la Industria de Licores del Valle, ILV, que pidió la defensa de los implicados. Este viernes se reinicia audiencia por detrimento patrimonial.

Tras una jornada de 10 horas en la que la contralora general de la Nación, Sandra Morelli, declaró que la entidad a su cargo era competente para conocer el proceso de responsabilidad fiscal por presuntas anomalías en un contrato de Licorera, se suspendió anoche la audiencia de imputación de cargos al gobernador Héctor Fabio Useche, el Alcalde de Florida, al ex gobernador Juan Carlos Abadía y 20 ex funcionarios más. Al grupo se le sigue una investigación fiscal por un presunto detrimento patrimonial que asciende a 107 mil 231 millones de pesos por el contrato que se firmó con la Unión Temporal Comercializadora Logística Integral S.A. (hoy UT Comercializadora Integral SAS), distribuidora oficial de los productos de la Industria de Licores del Valle, ILV.La audiencia, que se inició a las 9:00 a.m. de ayer y se prolongó hasta 7:00 p.m., se reiniciará hoy, desde el principio, a partir de las 8:00 a.m., según dijo la contralora delegada, Luz Ángela Martínez. O sea que el proceso volverá a comenzar de cero.La decisión se dio por orden de la contralora Morelli, quien resolvió dos de los diferentes recursos presentados por la defensa del Mandatario y de los otros vinculados a este proceso.Entre esos recursos estaba uno, que presentaron los defensores de Useche, de Abadía y otros implicados, y donde pedía la nulidad del proceso, al considerar que la Contraloría General de la Nación no era el ente competente para llevar a cabo el proceso fiscal de la ILV, pues el mismo, según dijeron, le correspondía a la Contraloría Departamental. Otro de los recursos fue el de subsidio de apelación por presunta violación del debido proceso, dado que algunos de los ex funcionarios vinculados al caso no tenían defensores que los asistiera en la audiencia.Esos dos hechos obligaron a la contralora delegada a consultar con Sandra Morelli, quien tras un receso, donde se revisó el desarrollo que había tenido la audiencia, asumió las riendas de la audiencia para dar respuesta a los dos recursos mencionados.Inicialmente Morelli negó rotundamente la nulidad del caso y declaró la competencia del órgano de control para seguir con el proceso fiscal, pero admitió el que reclamaba el debido proceso.“Había una solicitud en el sentido de que no había presencia de todos los abogados y que, por lo tanto, se había violado el debido proceso” , dijo Morelli.Por consiguiente, “en aras de garantizar el derecho de defensa, la segunda instancia ordenó que se procediera a nombrar abogados de oficio en los casos en que se hace necesario”, agregó.La contralora delegada, Luz Ángela Martínez, asumirá de nuevo el caso hoy y omitirá los requerimientos y decisiones que se tomaron ayer, con el propósito de respetar el derecho a la defensa de algunos procesados que aún no contaban con un abogado.El gobernador Héctor Fabio Useche compareció junto a su abogado, al igual que el alcalde de Florida, Donney Ospina; el ex gobernador Abadía no se presentó, tampoco Juan Pablo Muñoz.“Yo creo que solo Dios sabrá, yo vengo tranquilo de mis actuaciones y mi comportamiento. Si el tema es jurídico no hay nada, si es político no sabemos qué pueda pasar”, dijo el gobernador de Valle del Cauca, quien se declaró tranquilo.Asimismo señaló que en su defensa expondrá que sólo hizo parte de una junta directiva, y “que no fui ordenador del gasto, no fui gestor fiscal. Los procesos que siempre aprobé los basé en un concepto jurídico, administrativo y técnico”.Por su parte, el alcalde Donney Ospina señaló que había venido a demostrar que todas las decisiones en cabeza suya (cuando fue gerente de la ILV) estuvieron ajustadas al marco legal en materia de contratación y distribución de licores, al igual que los planes de promoción.“Yo estoy muy tranquilo porque confío plenamente en Dios, y porque sé que mis actuaciones se ajustaron a la normatividad legal”, puntualizó el ex gerente de la Licorera.

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