Conozca los procesos fiscales y penales que cobijan al exgobernador del Valle

El ex mandatario vallecaucano tiene en su contra cerca de 40 investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en sus diferentes etapas procesales.

Difícilmente puede haber en el país otro ex funcionario cuyo nombre figure en la solapa de tantos expedientes en la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría como acontece con el ex gobernador Juan Carlos Abadía Campo.De acuerdo con información suministrada por los diferentes organismos de control, tanto del nivel regional como nacional, en contra del ex mandatario vallecaucano cursan cerca de 40 investigaciones penales, fiscales y disciplinarias en sus diferentes etapas procesales.Eso sin contar con otra veintena de procesos que ya fueron archivados o fallados en su contra, como el que concluyó la Procuraduría General de la Nación el pasado 5 de mayo en el que ordenó su destitución e inhabilidad durante diez años para ejercer cargos públicos.Pero lo que Abadía califica como una “persecución política”, es en realidad la resultante de polémicas decisiones al frente del departamento y que llevaron a los organismos de control a poner los ojos sobre su gobierno cuando apenas llevaba cinco meses de posesionado.Fue la Contraloría Departamental la que dio el primer paso al iniciar una investigación contra el ex mandatario por el cese del contrato de operación del parque tecnológico La Imaginera, un proyecto que puso a andar en el 2007 el hoy vicepresidente Angelino Garzón.Mes y medio después, el nombre de Abadía concitó de nuevo la atención de los medios, cuando el en entonces zar anticorrupción, Rodrigo Lara, alertó sobre una supuesta penetración de dineros del narcotráfico en su campaña.En adelante, no pasó ningún mes sin que los organismos de control no recibieran una queja o denuncia por las presuntas actuaciones irregulares del ex mandatario. (Ver las notas anexas) “Es una persecución”En comunicación con El País, el ex gobernador Juan Carlos Abadía le restó importancia a los procesos que actualmente avanzan en su contra y aseguró que sigue siendo víctima de una persecución política desplegada por el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el actual mandatario del Valle del Cauca, Francisco José Lourido.“Ellos mismos han pedido las investigaciones y cuando llegan las comisiones a la Gobernación, al parecer esconden la documentación. Por eso me ha tocado convertirme en parte de los procesos para poder anexar información”, dijo Abadía.Pero lo peor para él puede estar aún por venir. Sobre todo después de las declaraciones que entregó recientemente la fiscal general de la Nación, Viviane Morales, alertando de que en su despacho “habría hechos muy graves” y varias denuncias y acusaciones contra Juan Carlos Abadía.A ello se suma el proceso que acaba de iniciar la Contraloría General en su contra y que podría culminar con una sanción de tipo fiscal que lo obligue a responder con su patrimonio por un detrimento cercano a los $430.000 millones. Responsabilidades que recaerían por completo sobre Abadía, quien no habría delegado funciones mediante decreto a sus secretarios de despacho, con lo que sería él el único responsable del manejo y el ordenamiento del gasto.Así las cosas, los líos de Abadía con la justicia apenas empiezan y su nombre seguirá encabezando expedientes judiciales en los próximos meses, y quizás años.Investigaciones que adelanta la FiscalíaSon catorce las investigaciones activas que se adelantan en Bogotá, en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en contra el ex mandatario vallecaucano. Todas ellas se encuentran en proceso de indagación, razón por lo cual presentan reserva sumarial.Sin embargo, El País conoció que los cargos por los cuales se sindica a Abadía en esos procesos van desde abuso de autoridad, fraude en resolución judicial, celebración indebida de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.Además de ello, en abril del 2010, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar de carácter penal contra el ex gobernador Abadía por presunta participación indebida en política, cargo por el cual fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos durante diez años.La gravedad de las denuncias contra Abadía llevaron hace un mes a la fiscal general, Viviane Morales, a ordenar la conformación de un grupo élite para investigar los presuntos actos de corrupción administrativa en el Valle.“Hay denuncias muy graves sobre presunta contratación irregular, por ejemplo en la Industria de Licores del Valle y existen varias denuncias contra el ex gobernador Abadía... Esa situación amerita ponerla en las prioridades de la Fiscalía”, dijo la fiscal Morales.También en la Fiscalía General habría sido interpuesta una denuncia contra el ex mandatario por presunta utilización de recursos para impulsar en las elecciones de Congreso a los candidatos del frustrado partido ADN.Los procesos ante la ContraloríaEl principal caso que contra Juan Carlos Abadía reposa en la Contraloría General de la República busca establecer su presunta responsabilidad fiscal por el compromiso de vigencias futuras excepcionales del departamento por mas de $650.000 millones.También en la sede central de la Contraloría se investigan presuntas irregularidades en la contratación en la Sociedad de Acueducto del Valle, Acuavalle, y se está haciendo una auditoría para determinar la responsabilidad fiscal del ex gobernador por supuestos excesos en gastos de publicidad.Paralelamente, en la Contraloría del Valle del Cauca avanzan cinco de los ocho procesos originados en los hallazgos fiscales que ha hecho el organismo de control en los 30 meses que estuvo Abadía al frente del Departamento.Entre esos hallazgos fiscales, en los que se pudo haber configurado un detrimento patrimonial, figura el pago millonario de intereses moratorios por el tema del reajuste pensional, así como varios casos sobre el pago de intereses por mora de la Secretaria de Educación por pagos extemporáneos a la seguridad social y los parafiscales, así como pago tardío de sueldos y aportes al fondo prestacional del magisterio. Una de las últimas investigaciones a las que le ha dado apertura obedece a otro detrimento patrimonial por $6.840 millones por la cesación del contrato con Parquesoft para la operación del parque tecnológico La Imaginera.Buena parte de las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales contra Abadía se originaron en hallazgos de la Contraloría del Valle del Cauca.Asuntos pendientes con la Procuraduría En la Procuraduría General de la Nación también se investiga la presunta falta disciplinaria en la que pudo incurrir el ex gobernador Abadía al entregar contratos amparados en vigencias futuras por más de $650.000 millones, la cual fue remitida a la Procuraduría Delegada para Economía y Hacienda Pública.La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial también tiene en su despacho un proceso por las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el ex mandatario por un aviso publicitario aparecido en el diario El País, donde la Gobernación del Valle realizó fuertes señalamientos contra el ex diputado Christian Garcés.Igualmente, en este momento están en etapa de recolección de pruebas en la Procuraduría del Valle varios procesos contra el ex gobernador por casos como reajuste pensional y desacato de tutelas.En la Procuraduría General, por su parte, avanzan varias investigaciones sobre las cuales no se entregaron mayores detalles, pero que se encuentran radicadas ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa con los números 2008-321539, 2009-788-86246, 250995, 2009-264061, 2008-308767 y el 2009-90-82236.También se despacharon desde la oficina del Valle para la Procuraduría General los casos 2010-162935 (otro caso por reajuste pensional), 2010-134295, el folio 2009-255906 (al cual se han anexado varios procesos por varias irregularidades halladas en el tema de la homologación de profesores) y el caso 2009-327300, entre otros.Uno de estos procesos sería por participar en la creación del Partido ADN.También lo vigilan en la ContaduríaContra el ex gobernador Juan Carlos Abadía Campo también cursan investigaciones en la Contaduría General de la República.Uno de los casos corresponde a una demanda que le fue interpuesta por la utilización de $2.140 millones en los llamados consejos comunitarios de gobierno, los cuales adelantó su administración los fines de semana en varios municipios del departamento.Igualmente, la Contaduría General de la República investiga la utilización que le dio a los $6.887 millones que destinó Abadía en comunicaciones y gastos de publicidad para divulgar cada uno de los actos y decisiones que tomó durante el tiempo que estuvo al frente del Departamento, muchos de esos anuncios contratados con medios de comunicación a nivel nacional.