“Cifras de Useche están alejadas de la realidad”, ex secretaria Jurídica

Diana Patricia Villegas le salió al paso a las declaraciones del actual Gobernador del Valle sobre la posibilidad de que el Departamento enfrentaría grandes demandas por vigencias futuras.

La ex secretaria jurídica de la Gobernación del Valle Diana Patricia Villegas le salió al paso a las declaraciones del actual Mandatario regional, Héctor Fabio Useche, sobre la posibilidad de que el Departamento se podrá ver involucrado en grandes demandas por parte de los concesionarios que iban a ejecutar un paquete de obras con recursos de las controvertidas vigencias futuras.Según Useche, sólo Reurvalle, uno de los concesionarios, ya demandó al Valle por $44.000 millones, pero la señora Villegas dijo que esa cifra está alejada de la realidad. Precisó que el valor pagado a los concesionarios no supera el 2% del valor de los contratos suscritos con ellos, porcentaje que representaría una cifra muy inferior a lo que dijo Useche. Pero más allá de eso, explicó que todos los contratos fueron terminados de mutuo acuerdo con los concesionarios. Qué expresó UsecheAlertó ayer sobre el riesgo en el que estarían las finanzas del Departamento debido a las demandas que empezaron a instaurar los contratistas de las vigencias futuras.Durante el proceso de empalme se constató que los tres contratos de vigencias futuras, que fueron liquidados y concertados, quedaron con unos vicios muy grandes que le permiten a los contratistas demandar al Departamento. Informó que Reurvalle, uno de los contratistas, ya demandó con una pretensión cercana a los $44.000 millones. Y advirtió que “si los otros dos contratistas también instauran sus respectivas demandas, el Valle del Cauca estará condenado a pagar $150.000 millones, sin haber recibido un solo ladrillo por estas obras”.También dijo que el Valle del Cauca concilió dichos contratos por un valor de $17.000 millones, sin haberse realizado las obras.Tras calificar el panorama como desalentador, el Gobernador del Valle del Cauca anunció que pondrá esta situación en conocimiento de los organismos de control, para evitar que el Departamento pague estas millonarias demandas.“Vamos a hablar con el actual Contralor y a pedir acompañamiento a la Contraloría General, para que efectivamente blinden al Departamento. El Valle no puede ser condenado a pagar plata sin haber recibido las obras”, señaló el Mandatario.Useche también dijo que lo más grave es que hubo un contrato que se suscribió en diciembre, por $270 millones, para contratar a un “prestigioso abogado para que defienda al Valle de estas posibles demandas de las personas con las cuales el Departamento ya ha conciliado”.Qué responde VillegasLa ex secretaria Jurídica del ex gobernador Francisco Lourido, le aclaró a Useche lo siguiente:“La terminacion y liquidación de los contratos de concesión 001, 002, y 003, con Vías del Valle SAS, Reurvalle SAS y Consorcio Mivalle, respectivamente, se perfeccionaron mediante la suscripción de actas de terminación y liquidación por mutuo acuerdo”, sostuvo.Anotó que las causas fueron, entre otras, las siguientes: El alto costo financiero de los contratos de concesión a través de las vigencias futuras. Al respecto, la Procuraduría General de la Nación en informe de visita administrativa, fechado el 9 de diciembre de 2010, concluye que “el pago de las concesiones a través de las vigencias futuras resultó muy costosa para las finanzas del Departamento, por cuanto, para la amortización de estas se utilizó una tasa interna de retorno (TIR) muy alta: 23,3%”.En el mismo informe de la Procuraduría se concluye que “la terminación por mutuo acuerdo resultaría válida en el escenario legal y financiero actual, en la medida que, los concesionarios no han logrado obtener el cierre financiero y el Departamento ha manifestado su deseo de no continuar con la ejecución de los mismos por su elevado costo y porque se constituyeron compromisos que resultan en inflexibilidades presupuestales, para los próximos once años para el Departamento”.Asimismo, la Procuraduría establece: “En el evento de que se acuerde la terminación por mutuo acuerdo, las partes deberán atenerse al contenido de la cláusula 34 de terminación anticipada del contrato, y así poder acudir a una conciliación o transacción si se considera pertinente”.La Contraloría se pronunció en múltiples oportunidades al cuestionar las vigencias futuras excepcionales y solicitó terminar los contratos que se encontraran en ejecución con esta modalidad de financiación.Con base en lo anterior, se suscribieron las actas de terminación y liquidación con base en la fórmula definida en la cláusula de terminación anticipada, que consta en los mismos contratos.La fórmula reconoce los gastos de inversión, un 3% de dicho valor como gastos administrativos y un valor de utilidad, entendido como el reconocimiento de la rentabilidad del dinero invertido.En ese sentido, se terminaron los contratos y se liberó al Departamento del pago de unas vigencias futuras que lo inviabilizaban financieramente.Los concesionarios dejaron salvedad frente al valor liquidado, en el sentido de poder reclamar en arbitramento los valores pagados por comisión de éxito y rentabilidad, pero circunscrita al valor definido en las mismas actas, que en ninguna medida son cercanos a los valores expuestos por el actual Gobernador, pues en total, sumados los tres concesionarios, son cercanos a los $23.000 millones. El valor pagado a los concesionarios no supera el 2% del valor de los contratos suscritos con ellos.Reurvalle convocó el arbitramento al final de año con unas pretensiones de $6.500 millones y no de $44 mil millones como lo mencionó el gobernador Héctor Fabio Useche.