‘Carrusel’ de abogados tiene en jaque a la Gobernación del Valle del Cauca

Agosto 13, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
‘Carrusel’ de abogados tiene en jaque a la Gobernación del Valle del Cauca

Hasta el momento existen 3.800 demandas judiciales contra la gobernación del Valle, la mayoría de carácter laboral.

Entre el grupo de demandantes hay exfuncionarios del Departamento lo que hace que la Secretaría Jurídica sospeche que de que haya filtración de información.

Una docena de abogados tiene en jaque a la Gobernación del Valle del Cauca por causa de las demandas, tutelas y otros procesos judiciales que han interpuesto en juzgados y tribunales a lo largo y ancho del departamento y Bogotá.Contra el ente territorial se contabilizan hoy más de 5.000 procesos, de los cuales 3.800 son demandas judiciales, la mayoría de carácter laboral. A ello se suma que cada mes llegan al menos 600 acciones de tutela e incidentes de desacato, que en los últimos años han asfixiado las finanzas regionales y que obligaron al Departamento a acogerse a la Ley 550 (reestructuración de pasivos) para evitar una debacle económica.Esa avalancha de procesos está dividida en tres categorías: judiciales, administrativos y arbitrales. En total, los cobros coactivos y las pretensiones ascienden aproximadamente a $762.401 millones. Uno de los hechos que ha llamado la atención del equipo que defiende a la Gobernación y que encabeza el secretario Jurídico, Germán Marín Zafra, es que “entre el 80% y 90% del total de las demandas está en manos de esa docena de profesionales. Y el que menos tiene maneja entre 200 y 300 procesos”.El segundo aspecto que sorprendió al funcionario es que varios de los abogados demandantes fueron empleados del ente territorial en secretarías clave como la de Educación, precisamente la dependencia contra la que cursa el mayor número de acciones judiciales.Estos profesionales, según explicó Marín Zafra, tienen un amplío conocimiento de los temas que se manejan, por ejemplo, en Educación y saben cuáles son susceptibles de demandas: homologaciones salariales, reconocimiento de prestaciones sociales, cobros moratorios, entre otros, ya que trabajaron en esas áreas.De acuerdo con un mapa que elaboró la Secretaría Jurídica sobre los abogados que más demandas instauran contra el Departamento, se detectó que tres exfuncionarios que laboraron entre 5 y 7 años en Educación son apoderados en reclamaciones de prestaciones sociales, sanciones moratorias y en uno de los procesos más complicados: la homologación salarial de docentes.Por homologaciones, la Administración seccional, a través de la Secretaría de Educación ya ha pagado más de $25.000 millones, pero enfrenta otros procesos vía tutela.Los exempleados, según revela la Secretaría Jurídica en el mapa de abogados demandantes, son: Arlex Mazuera Reyna, quien fue jefe de Prestaciones Sociales del Magisterio; Mario Orlando Valdivia, que se desempeñó como jefe de Prestaciones Sociales de la Secretaría de Educación, y Víctor Daniel Castaño Oviedo, quien laboró como profesional especializado en el área de Prestaciones Sociales, donde se estudiaban y respondían reclamaciones.En la investigación del grupo jurídico de la Gobernación se señala que estos abogados han trabajado en equipo o en conjunto con otros colegas suyos, que también demandaron al Departamento, entre ellos Jorge Enrique Jiménez Briceño, Cristina Salazar (quien, dice el informe, fue denunciada y cerró su oficina en el centro de Cali), Jorge Cortés y Gertrudis Ayala Jiménez.“Juntos lograron que el Departamento del Valle reconociera y pagara por temas y reclamaciones relacionadas con prestaciones sociales, entre las cuales se encuentra la sanción moratoria y la homologación salarial, alrededor de $152.000 millones, que ya fueron cancelados”, sostiene la Secretaría Jurídica. Situaciones como esa son las que han llevado a pensar a Marín Zafra que “existe un carrusel o pool de abogados que están dedicados a entablar demandas contra el Departamento”.El Secretario Jurídico de la Gobernación aseguró además que “se ha detectado filtración de información desde las mismas secretarías hacia los demandantes” del ente territorial.Una hipótesis similar tiene el gobernador del Valle, Ubeimar Delgado, quien aseguró de manera tajante que “desde adentro de la Gobernación dan información a los abogados para que demanden al Departamento, revelan expedientes e inclusive orientan el detrimento del patrimonio. Esa situación es muy grave. Hay un cartel al que no le interesa que la Gobernación se defienda”. El Mandatario aseguró que para corregir esa irregularidad se van a tomar drásticos correctivos. “Sin titubeos vamos a limpiar todo lo que sea corrupción en la Gobernación”.Para el diputado Orlando Mina, quien le hace seguimiento al tema de las demandas y a la situación financiera del Departamento, el problema es tan grave que el ente territorial se vio avocado a tomar medidas preventivas (Ley 550) para evitar una intervención por malos manejos en educación y salud, lo pensional y por la gran cantidad de procesos judiciales.“En las demandas es increíble lo que pasa. Pareciera que hay un comportamiento doloso y se dejan puertas abiertas para que las acciones en contra del Departamento prosperen. No duele lo público”, aseguró el asambleísta.Otros demandantesPero la lista de demandantes no se queda allí. En la misma también hay firmas de otras regiones del país, entre ellas López Quintero y Asociados (que tiene domicilio en ciudades del Eje Cafetero) y que representa a un grupo de docentes. Las demandas que asfixian al Departamento se extienden a otras dependencias, especialmente las secretarías de Salud y Desarrollo Institucional. La firma de abogados Chingual García, según la Secretaría Jurídica del Departamento, tiene radicadas más de 200 solicitudes de conciliación prejudicial en las diferentes procuradurías judiciales de Cali. Sólo en una de ellas hay 165. Las acciones son contra las secretarías de Desarrollo Institucional y Educación.Las dos firmas mencionadas tienen el 70% de las demandas que se instauran contra la Gobernación, se indica en el mapa que agrupa a juristas demandantes. Los abogados Ricardo Muriel y Eduardo Basto Muriel, según el informe oficial, también están entre los que más demandas llevan. Ellos reclaman a Desarrollo Institucional y Educación el reajuste pensional de la Ley 6 de 1992 para los docentes. En las acciones judiciales, el equipo liderado por Germán Marín Zafra, también encontró que la abogada Julieth Medina Naranjo, quien fue contratista de la Secretaría de Salud y además es hija del presidente del sindicato que agrupa al personal administrativo, Sintraenal, hoy es demandante por el no pago oportuno de excedentes de cesantías de la homologación y nivelación salarial. Esta profesional, se explicó en Jurídica, trabaja de la mano con el abogado Luis Albeiro Rodríguez Ramírez.El País trató de contar a varios de los abogados que, según la Secretaría Jurídica conforman el mapa de demandantes, pero no se les localizó. Entre ellos a la firma López Quintero, pero el teléfono estaba fuera de servicio y otro no lo contestaba.También se marcó a los teléfonos de Mario Valdivia y Jorge Jiménez, pero tampoco respondieron. Los otros no aparecen en la guía telefónica.¿Descuido?Pero, ‘¿por qué se llegó a esta situación?, es una de las preguntas que surge al mirar el cúmulo de acciones judiciales en contra de la Gobernación del Valle.Para algunos abogados consultados por este diario y que pidieron reserva de identidad, es claro que ha habido descuido en la atención de todos esos procesos, que se fueron acumulando “al parecer sin dolientes”.Por su parte, Marín Zafra aseveró que uno de los problemas que enfrenta la Secretaría Jurídica del Departamento es que no cuenta con profesionales suficientes (tres) para atender la gran cantidad de procesos que llegan a diario, por eso no lo atribuye tanto a un posible descuido. Pero el diputado Mina sí cree que indudablemente “ha habido descuido. Hubo mal manejo de la defensa jurídica del Departamento. Se puede notar que eso trajo como consecuencia una mala actitud respecto al tema. Es impresionante que procesos judiciales sencillos se dejen prosperar. Así no se puede”.

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