Carreteras que dañó el invierno se reparan a paso lento en el Valle

Marzo 25, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Unidad investigativa | El País
Carreteras que dañó  el invierno se reparan a paso lento en  el Valle

La vía que comunica a Riofrío con la Unión ha sido una de las más afectadas por el invierno.

Un 23% de atraso acumulan las obras que se construyen con plata de Colombia Humanitaria. Inseguridad, mal tiempo y tardanza en el giro de los recursos, razones que aducen los contratistas.

La semana que hoy termina regresaron los aguaceros al Valle y con ellos la preocupación por las inundaciones. Pero más allá del drama de quienes lo han perdido todo por culpa de las aguas, existe otro desastre silencioso: La desconexión de pueblos, corregimientos y veredas por el daño que han sufrido las carreteras. De acuerdo con datos de Colombia Humanitaria al menos en 35 de los 42 municipios del departamento, las fuertes lluvias que trajo el fenómeno de la niña causaron graves daños en sus vías. Gustavo Rivera Marmolejo, actual secretario de Infraestructura del Valle, asegura que “arreglar la red vial del departamento cuesta medio billón de pesos”.Es que la región cuenta con 8.500 kilómetros de carreteras de los cuales el 16%, o sea unos 1.330 kilómetros, corresponde a vías nacionales, otro 28%, que representa 2.370 kilómetros más, es del orden departamental y, finalmente, el 56%, un total de 4.800 kilómetros, está a cargo de los municipios.Construir y mantener las carreteras, especialmente las nacionales, es tan complejo y costoso que desde hace casi 20 años la Nación decidió entregar a grandes empresas privadas esta labor en concesión.Sin embargo, las vías secundarias y terciarias dependen de los cada vez más escasos presupuestos locales.Esa es la razón con que Rivera explica el alto deterioro de la red vial: “Una combinación de factores entre los que se cuenta una década sin mantenimiento, la deforestación y las increíbles precipitaciones que produjo el fenómeno de la Niña”.El titular de la cartera de Infraestructura agrega que “de la sobretasa al Acpm salen los recursos para construir nuevas vías y mantener la red existente; lo que pasa es que la catástrofe invernal cogió al Valle con un atraso de diez años en esa labor debido a que dicho impuesto está comprometido en el saneamiento fiscal”.La falta de mantenimiento se abría podido evitar si los $300.000 millones que, según la Secretaría de Hacienda del Valle, destinó el departamento de sus ingresos por sobretasa al acpm para pagar deudas con la banca, entre el 2003 y el 2011, se hubieran dispuesto para esas obras viales.Demoras y dudasPara entender la magnitud de esa otra desgracia, la destrucción de vías por culpa del invierno, hay que comenzar contando que hace un año, cuando el Gobierno Nacional anunció que disponía de cinco billones de pesos para la reconstrucción del país, Juan Gerardo Sanclemente, secretario de Infraestructura del Valle para la época, presentó 94 obras para rehabilitación, avaluadas en $180.000 millones.De esas obras apenas le fueron aprobadas 20 por un valor de $94.863 millones, los cuales se contrataron bajo el decreto de la emergencia invernal, razón por la cual no se hicieron licitaciones ni concursos públicos, lo que generó dudas sobre la transparencia de la adjudicación.Cuestionamientos que aumentaron debido a la puja de los contratistas para participar de un presupuesto que hace más de una década no se veía en la región.Sanclemente niega que en la selección de los contratistas para las obras viales en el Valle haya sucedido algo irregular y explica que para evitar suspicacias se conformó un comité del más alto nivel.“Allí tenía asiento el gobernador Francisco Lourido, su secretario privado, Henry González, la secretaria de Hacienda, Cecilia Tovar, y la jurídica, Diana Villegas. Tuvimos en cuenta a los contratistas que desde hace quince años trabajan con la gobernación y recibimos algunas recomendaciones de gremios como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI; luego invitamos a un grupo selecto para que nos enviaran propuestas ajustadas a la Circular 15 de Colombia Humanitaria, que indicaba los requisitos a cumplir”, dice el exfuncionario.La contratación, según Sanclemente, se dio en dos tandas: “La primera comprometió recursos por $17.500 millones, contratando obras pequeñas pero urgentes. En la segunda usamos $77.363 millones, destinados a ocho contratos con obras complejas” (ver mapa).De la primera etapa de contratos, que se firmaron en junio de 2011, la mayor parte están finalizados en un 100% desde diciembre pasado, aseguró el exsecretario. Pese a sus explicaciones, Gustavo Rivera, quien reemplazó a Sanclemente en el cargo desde enero de 2012, asegura que “la segunda etapa de obras viales, donde se comprometió la mayor parte de los recursos, presenta un atraso del 23% en promedio”.El actual director de la cartera de Infraestructura se refiere a las ocho obras que concentran más del 80% de los recursos aprobados al departamento por el Fondo Nacional de Calamidades (ver tabla), entidad que dispone el presupuesto aprobado para las obras, a través de la Fiduciaria La Previsora, que se encarga de pagar a los contratistas.Como los contratistas sólo han recibido el 30% de anticipo, dicen que les queda difícil construir el total de las obras, además, creen que la fiduciaria “no nos quiere girar el saldo pues su negocio es producir altos rendimientos financieros”.Sanclemente agrega que el anticipo se demoró 45 días en llegar a las cuentas de los contratistas, “lo que también explica en parte las demoras”.“Hay otros hallazgos como un AIU (cobro que hace el contratista por los conceptos de administración, imprevistos y utilidad) del 45% en uno de los contratos, así como unos precios que están 5% por encima de la lista oficial, los cuales se reportaron en el último informe de empalme que entregamos a los organismos de control el 29 de febrero de 2012”, añade Rivera, quien agrega que debido a falta de compromiso de algunos contratistas, “vamos a hacer efectivas las pólizas de cumplimiento de un par de contratos en los que nos dejaron las obras tiradas”.Las dos primeras denuncias corresponden a un mismo contrato, el 1051 que ejecuta Conciviles, una empresa con gran prestigio y trayectoria en la ingeniería civil del país. Sanclemente argumenta que el AIU no está desfasado, como cree Rivera, y mucho menos esconde algo turbio, “lo que sucede es que esta empresa acostumbra cargar bajo ese rubro un 35% de administración, un 5% de imprevistos y un 5% de utilidad; es más una cuestión de presentación contable o de costos”.Y sobre el 5% por encima de la lista oficial de precios, aunque acepta que no tiene claro lo que pudo haber pasado, dice que la invitación daba la posibilidad de hacer equilibrio con los valores internos de la propuesta, “donde un ítem puede estar por encima del mercado pero se compensa con otro que esté por debajo”.El País habló con Gustavo Gómez, gerente nacional de construcciones de Conciviles, quien ratificó las explicaciones de Sanclemente, y agregó que “la obra no presenta ningún atraso, lo que sucede es que al ajustar los diseños, lo cual era parte del objeto del contrato, vimos que existe la necesidad de hacer modificaciones en un 38% de la obra, lo cual estamos negociando con la Gobernación y Colombia Humanitaria, pues no queremos hacer algo que no va a servirle a la región”.Una docena de contratistas, propietarios de los consorcios y uniones temporales que ejecutan las obras y quienes pidieron no ser citados por seguridad (ver recuadro), dieron variados argumentos para explicar el 23% de atraso que les endilgan desde la Secretaría de Infraestructura del Valle.Uno de ellos, que repara el puente sobre el río Calima, cuenta que para hacer ese trabajo le entregaron estudios del año 2006. “La demora se debe a la complejidad del trabajo pues el río ha socavado los cimientos y el material de anclaje del puente, dejando un hueco de cuatro metros, así que, de acuerdo con la ingeniera que envió la Contraloría General de la Nación hace dos semanas, rediseñé la obra en su totalidad”, dice.Otros contratistas explican sus demoras por la reaparición de las lluvias en el mes de enero y ahora en marzo. Eso dicen los que rehabilitan la vía entre Jamundí y Timba, cuyo trabajo está dividido en varios frentes, algunos de los cuales en enero estaban listos para recibir el asfalto pero dos semanas de intensas lluvias, que inundaron conjuntos residenciales como La Morada, retardaron esa actividad.Lourdes Salamanca, directora del Observatorio de la Infraestructura del Valle, señaló en un informe que los dos tramos de esa obra presentan atrasos importantes: “En el que va de Jamundí hasta río Claro, cuya fecha de entrega expiró el pasado 12 de marzo, el avance no supera el 60%, y en el segundo tramo, que va de río Claro a Timba, el avance al 29 de febrero era del 5% del total de la obra”.Everardo Murillo, gerente del Fondo Nacional de Calamidades, no se pronunció sobre las dudas planteadas pero dijo que las atenderá en los próximos días.Claman seguridad“Al principio todo fue normal, se hizo la topografía (estudios) y no pasó nada. Pero cuando los ingenieros fueron a la zona para revisar la parte hidraúlica, encontramos un cilindro bomba en una alcantarilla”, dice un contratista amenazado.Y señala que alertó a los militares “pues sino lo hago puede ocurrir una desgracia y me acusan de ser cómplice de la guerrilla”.Los explosivos fueron desactivados y la obra continuó pero en diciembre un hombre vestido de camuflado llegó hasta las oficinas de la empresa en Cali.“Lo atendí porque pensé que era una autoridad pero cuando dijo que venía por un ‘impuesto’ y que sino quería colaborar me iba a pasar algo a mí o mi familia, casi me muero”, recuerda el contratista.El hombre, de unos 50 años, asegura que por esa razón no volvió a la obra y que prefiere devolver el anticipo o perder plata antes que exponer su vida.

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