Cámara Colombiana de la Infraestructura pide revisar contrato de malla vial del Valle

La agremiación dice que investigaciones deben dar claridad sobre concesión Buga-Loboguerrero.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, consideró ayer que la prórroga   del contrato que se le otorgó a la concesión Malla Vial —en especial del tramo de 48 kilómetros entre Buga y Loboguerrero— a la firma del empresario Carlos Alberto Solarte, amerita una  revisión de fondo.

Esa petición tiene que ver con las investigaciones que adelanta la justicia por presunto detrimento para la Nación, calculado en $7 billones con tales contratos que datan del año 2006.

El pronunciamiento se hizo luego de que la Fiscalía General llamara a interrogatorio a Solarte el próximo 25 de julio, para que responda por los cargos que se le imputan.  

La directora seccional de la agremiación, María Claudia Álvarez, dijo que “todas las investigaciones que se realicen alrededor de las obras de infraestructura, que sirvan para darle claridad y transparencia a los procesos de contratación y a la ejecución de las obras, son de buen recibo en la CCI”.

Anotó que “el adicional 13 del contrato de concesión (a los Solarte) traía consigo obligaciones de las partes que merecen la pena ser revisadas. Esperamos que la investigación dé claridad sobre la contratación, el valor y el tiempo de la misma”.

Esa carretera era  parte de una megaobra que generó una polémica, luego de que  la concesión fuera ampliada  en 50 años en favor de la empresa de Solarte, durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Por esa prórroga, el contratista  tendrá a su cargo la concesión hasta el año 2054.

La investigación partió de una denuncia del desaparecido Instituto Nacional de Concesiones, Inco, (hoy Agencia Nacional de Infraestructura, ANI), ya que se detectaron presuntas anomalías en costos y liquidación de impuestos. También están citados por la Fiscalía, Patricia Cortés y Juan Martínez Paz, asesor de Inco, entre otros.

Una vieja polémicaLourdes  Salamanca, directora del  Observatorio de la infraestructura del Valle del Cauca, recordó que desde el año  2011 hay  pronunciamientos frente a la forma de  contratación y  la evolución de las obras  en el corredor  entre Buga y   Buenaventura.El reclamo  tiene que ver con el adicional 13 del Contrato de concesión 005 de 1999, suscrito en  agosto de 2006.Para la  Fiscalía, la ampliación del contrato no tenía justificación tanto que el Gobierno lleva 4 años buscando su desmonte.El ente  acusador dice que fue ilegal el modelo financiero hecho por el concesionario para calcular su remuneración porque incluyó ítems que solo  favorecían a Solarte.La ANI,  se abstuvo de pronunciarse sobre lo que viene.