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Buscan frenar las elecciones para Gobernador en el Valle

Abogados de Cali y Buga instauraron dos acciones populares contra el Gobierno Nacional por convocar los comicios. Los recursos judiciales se encuentran haciendo trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.

8 de octubre de 2010 Por: Redacción de El País

Abogados de Cali y Buga instauraron dos acciones populares contra el Gobierno Nacional por convocar los comicios. Los recursos judiciales se encuentran haciendo trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.

Con dos acciones populares promovidas por abogados de Cali y Buga se pretende frenar la realización de elecciones atípicas para escoger al nuevo gobernador del Valle del Cauca, convocadas por el Gobierno Nacional para el 23 de enero del 2011. Los recursos judiciales, que ya se encuentran haciendo trámite en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y en el Juzgado Administrativo de Buga, fueron instauradas el lunes de la presente semana y allí se pide que se suspendan los efectos del Decreto 3565 que expidió el Ministerio del Interior el 28 de septiembre pasado, convocando a elecciones en el departamento.El abogado Ray Charrupí, quien actuó como coordinador nacional de jóvenes en la campaña presidencial de Sergio Fajardo, a título propio, impetró la Acción popular en contra de la Presidencia de la República y del Ministerio del Interior y Justicia en el tribunal del Valle para, según dijo, buscar la protección de los derechos e intereses colectivos amenazados y vulnerados por la convocatoria a elecciones que se hizo.“Lo que buscamos es que se declare la ilegalidad, inconstitucionalidad e inconveniencia del Decreto 3565 donde se convocó a las elecciones atípicas, ya que atenta contra los derechos colectivos de todos los vallecaucanos”, aseguró el abogado Charrupí.Según el jurista es claro que el ex gobernador Juan Carlos Abadía (quien fue destituido por la Procuraduría General el 5 de mayo y se le ratificó el 25 del mismo mes) tuvo actuaciones ejecutivas hasta el 28 de julio pasado.Eso se dio, explicó Charrupí, por la tutela que falló a su favor el Consejo Seccional de la Judicatura y que le permitió regresar al cargo el 23 de junio permaneciendo allí hasta el 28 de julio, fecha en la que el Consejo Superior de la Judicatura revocó la tutela y dejó en firme la decisión de la Procuraduría.Así las cosas, continúa el abogado, se puede decir que ya habían pasado los 18 meses que establece la ley para convocar a elecciones (plazo que vencía el 30 de junio) en caso de que haya vacancia en el cargo, la cual tampoco hubo, puesto que el 6 de agosto se designó un mandatario.En la demanda también se esbozan argumentos como el costo de las elecciones y las implicaciones de la Ley de Garantías para el Valle del Cauca. Por su parte, el abogado Harold Moreno, quien instauró la Acción Popular que cursa en Buga, aseguró que, en su criterio la destitución de Abadía se materializó el 6 de agosto cuando se designó al actual gobernador Francisco Lourido, quien se posesionó al día siguiente. “Hasta ese día fue gobernador Abadía, quien había regresado al cargo”.Moreno también aduce razones de costos para el proceso electoral. “$15.000 ó $18.000 millones son demasiado para unas elecciones atípicas para un mandato de escasos cinco meses, dado que se elige en enero, pero el 1 de julio entra en vigencia la Ley de Garantías por las elecciones regionales, de modo que el escogido no podrá hacer inversión, ni podrá presentar un plan programático ni de ejecución de obras”.Ambos abogados coinciden en que otra de las inconveniencias de los comicios atípicos es el frenazo que sufren los proyectos del actual gobierno seccional, que no se podrán desarrollar. Algunos de ellos son el Plan Departamental de Agua y la recuperación de las vías.

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