Ayudas por el invierno viven otra tragedia

Ayudas por el invierno viven otra tragedia

Mayo 01, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Luiyith Melo y Fabio Posada | El País
Ayudas por el invierno viven otra tragedia

Alfonso Vargas, director operativo de la Cruz Roja del Valle y miembros de la institución hicieron el inventario de las ayudas guardadas en una bodega de Yumbo, tras el robo de varias cajas en la madrugada del jueves pasado.

En Cartago ayudas fueron a parar a bodegas particulares. En Yumbo se hurtaron cien millones en productos. Otros han terminado en graneros.

En esa loma de La Buitrera, la vivienda de Carlos López está “sostenida de la voluntad divina”, como dice el coronel (r) Rafael Piragauta, director de la Defensa Civil. Cientos, tal vez miles de toneladas de tierra ya empujan las paredes y cimientos del rancho y quizá sigan de largo hacia abajo, porque la loma parece derretirse con el invierno.Carlos tuvo que salir de urgencia en el último aguacero de Semana Santa a casa de un familiar, porque no había un albergue para él y no tiene con qué pagar un arrendamiento. Aunque un funcionario del Clopad había tomado días antes sus datos no aparecía en el censo oficial de damnificados de Cali.“Yo espero un auxilio del gobierno porque no tengo cómo pagar un arriendo, tenemos necesidades, estamos amontonados donde un familiar y eso genera molestias para los que viven en ese apartamento”, se quejó López.Mientras Carlos esperaba el auxilio a su tragedia, varios delincuentes llegaron la madrugada del jueves pasado a una bodega de la Cruz Roja, en Yumbo y se llevaron en un camión unos cien millones de pesos en artículos que estaban destinados para ayudar a damnificados del invierno como él.Grandes cajas que contenían pantalones, camisetas y zapatos, ayudas que habían sido enviadas por la Oficina de Acción Social de la Presidencia de la República fueron hurtadas. “Además de la ropa, hemos identificado que se llevaron también 114 vajillas de cocina”, señaló Alfonso Vargas, director operativo de la Cruz Roja en el Valle. Mientras eso ocurría en las goteras de Cali, en cercanías de Cartago, Víctor Cardona, un campesino de 71 años, vivía con su esposa otra tragedia: su casita está inundada por las avenidas del río Cauca y él sigue con hambre. “Aquí dicen que van a traer mercados, pero hace dos meses nadie trae nada, el último mercado lo recibimos en febrero y lo compartimos con la hija que también está damnificada, así vivimos por aquí”, comenta.En efecto, los mercados entregados por Colombia Humanitaria llegaron hace dos meses, pero sólo alcanzan para un mes. Son 80 kilos de comida y productos de aseo empacados en dos bolsas de 40 kilos cada una, para dos quincenas. Pero a don Víctor, como a muchos damnificados, les tocó entregarle una bolsa a vecinos que no recibieron por no estar en el censo.Sin embargo, mientras él y muchos más pasan necesidades, algunos avivatos se aprovechan de la situación. En un allanamiento realizado este jueves en la noche, el CTI de la Fiscalía incautó electrodomésticos y alimentos destinados a los damnificados, en una bodega del sector de Lomitas, en el kilometro 4 de la vía Cartago - Pereira.Las autoridades encontraron allí 191 estufas y 155 neveras, además de varias cajas de alimentos que Colombia Humanitaria había enviado a Cartago para la ayuda a los necesitados. El senador Alexánder López quien denunció la irregularidad, señaló que esos elementos que debieron ser entregados a los damnificados, “estaban siendo utilizados para la politiquería”. Este es el segundo hallazgo que hacen las autoridades de auxilios dudosamente embodegados en Cartago, cuando debieron ser entregados hace más de dos meses a sus destinatarios que son los afectados por el invierno.Más rutas extraviadasAsí, las rutas que recorren las ayudas humanitarias parecen extraviarse. Aunque muchos auxilios llegan a sus beneficiarios, los hallazgos de Yumbo, Cartago y otros municipios se enredan en los tentáculos de la corrupción.En Ríofrío, un ciudadano denunció que las ayudas de la pasada temporada invernal “terminaron en manos de gente que no la necesitaba y otras en algunos graneros o tiendas del pueblo”. Como si fuera poco, “el Clopad no había entregado hasta la semana pasada los certificados a los damnificados y dicen que están cobrando por ellos, sobre todo en los corregimientos de Madrigal, Huasanó y Naranjal (en Bolívar)”, precisa la fuente.En Trujillo, Calima Darién y Argelia también hay denuncias sobre ‘pérdida’ de ayudas. Las quejas tienen que ver con que varios miembros de una misma familia encabezan listas de censos en la zona urbana y rural de esos municipios. También figura el mismo número de cédula para diferentes personas cabeza de familia. Además, se reportan familias que al parecer no han sido afectadas por la ola invernal y no tendrían derecho a ayudas.El pasado 5 de abril, el secretario de Gobierno, Rodrigo Zamorano, le pidió formalmente a la Dirección Seccional de Fiscalías investigar estos casos.El 18 de abril, el gobernador Francisco Lourido le exigió al alcalde de Cartago, Germán González Osorio, un detallado informe sobre los productos enviados por la Gobernación y que fueron hallados en un domicilio diferente a la Alcaldía y el Clopad. “Este es un hecho supremamente grave que amerita concentrarse en la cadena de custodia y en particular honrar los bienes públicos que son de carácter sagrado”, señaló el gobernador.En el caso de Cali, las quejas tienen que ver con la demora en la consolidación del censo de damnificados y en la constitución del encargo fiduciario que exige la Nación para entregar las ayudas a las víctimas del invierno.Por eso, en la primera entrega de mercados y menajes de febrero pasado, esta capital no fue beneficiada. La distribución de ayudas para 1.200 damnificados de la invasión Nuevo Amanecer (en el jarillón del río Cauca) y Pueblo Nuevo y Puerto Mallarino a orillas del afluente, ha corrido por cuenta de la Gobernación del Valle y la Cruz Roja. Pese a que en la pasada feria de Cali la Alcaldía recogió más de 500 toneladas de ayudas, paradójicamente las mismas se enviaron a otros municipios y nada de eso se repartió entre los damnificados de la ciudad.Como si fuera poco, para levantar el censo de afectados, los funcionarios del Municipio no fueron hasta el terreno a recoger la información, sino que se hizo una convocatoria en una oficina del sector de Desepaz para que quien se sintiera afectado lo reportara. Ahí se presentaron 3.241 personas, pese a que los damnificados, según el Crepad, no son más de 1.200. Incluso hoy el Municipio le pidió al Dane 7.000 formularios más para censar afectados que no se sabe bien dónde están.La secretaria de Gobierno de Cali, Eliana Salamanca explicó que en las ayudas hubo retrasos porque primero se tuvieron que capacitar funcionarios para diligenciar los formularios.Indicó que las ayudas del Municipio se canalizaron a través de la Cruz Roja y que las mismas se entregarán ahora a otras 650 familias que suman unas tres mil personas. Y explicó que el encargo fiduciario para recibir las ayudas nacionales se demoró por los protocolos y trámites que se deben seguir.Censo de dificultadesPor su parte, CorpoRiesgos, la entidad encargada por la Gobernación del Valle para la distribución de las ayudas, reconoció que en este proceso ha habido dificultades. Una de ellas es la “inconsistencia en los listados suministrados por el Clopad o el Crepad ya que algunos damnificados no se censaron y no están en las listas”.Otra, según la entidad, es que “no se pudo cumplir con el cronograma establecido inicialmente”, entre otras razones por el paro de transportadores de febrero, el deterioro de las vías a causa de las lluvias e, incluso, las condiciones de orden público en la zona rural de Buenaventura y El Placer, en Buga.Pero, lo más delicado -agrega CorpoRiesgos-, es “la presencia de algunos candidatos a corporaciones públicas en el momento de la entrega de las ayudas” como sucedió en Zarzal y en Bugalagrande donde se pidió el retiro del recinto a dos concejales y varios políticos que estaban en campaña.Patricia Zúñiga, directora de CorpoRiesgos, dijo que la recomendación fundamental para resolver estos problemas es que “se mejoren las bases de datos de los beneficiarios”, los censos, porque desde allí nacen las inconsistencias para cumplir con el apoyo logístico a los damnificados.El defensor regional del pueblo, Andrés Santamaría, por su parte, sugirió a la Gobernación del Valle y los alcaldes que las ayudas humanitarias para los damnificados “sean manejadas por entidades privadas”.En su criterio, dichas entidades pueden ser las cajas de compensación familiar, como ocurre en la mayor parte de los departamentos de la Costa Atlántica, o entidades internacionales sin ánimo de lucro, con el objetivo de generar mayor transparencia y eficiencia en el manejo de estos recursos.Pero la Gobernación considera que CorpoRiesgos es una entidad privada eficiente, apoyada por gremios y empresas prestantes, con toda la experiencia -como que estuvo en el manejo de la tragedia del Eje Cafetero-, para canalizar las ayudas de la ola invernal en el Valle.Investigan las irregularidadesLos organismos de control y la Fiscalía están detrás de los dudosos manejos dados a las ayudas para los damnificados del invierno. El procurador delegado ante las entidades territoriales, Carlos Mesa, señaló que en todo el país hay 26 alcaldes investigados disciplinariamente, 2 gobernadores y varios funcionarios más.Se les acusa de presuntas irregularidades en el manejo y distribución de los recursos que el Gobierno destinó para los damnificados de la ola invernal.Entre las conductas irregulares que se imputan está la participación en política, pues se habrían "utilizado estos instrumentos a condición de apoyos políticos a sus candidatos".Vea tambiénDudas en contratos de las obras para mitigar el invierno en el Valle

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad