Auditoría General de la República raja gestión de la Contraloría del Valle

Mayo 09, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Auditoría General de la República raja gestión de la Contraloría del Valle

Adolfo Sinisterra, contralor departamental.

Cinco hallazgos administrativos, dos disciplinarios y uno de tipo penal son el resultado de una Comisión Especial enviada desde Bogotá. Los señalamientos involucran a Adolfo Sinisterra, contralor departamental (foto).

Dos meses después de que El País revelara la existencia de un presunto cartel dentro de la Contraloría del Valle, el cual estaría exigiendo dinero a cambio de archivar y modificar procesos de responsabilidad fiscal, el Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, publicó ayer los resultados obtenidos por una comisión especial que indagó esta y otras denuncias.Ardila Barrera, quien en su momento calificó como gravísimas las denuncias realizadas por este diario, consigna en el informe de la Auditoría, divulgado ayer, cinco hallazgos de carácter administrativo, dos de incidencia disciplinaria y uno más con alcance penal.En lo que concierne al hallazgo penal y a los disciplinarios, serán investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, respectivamente.Los señalamientos involucran a Adolfo Sinisterra, contralor departamental, y a dos de sus funcionarias de confianza, Gloria Alarcón, directora de Responsabilidad Fiscal, y Nancy Acosta, subdirectora de Investigaciones Fiscales. Así como a varios funcionarios de la entidad que participaron en la prescripción de algunos procesos, en opinión de los investigadores de la Auditoría General, sin ajustarse a la ley.Casos irregularesUno de los aspectos que más preocupa a la Gerencia de la Auditoría General en Cali no es solo que en los informes preliminares se configuren hallazgos que luego se eliminan en los informes finales, sino que “la Contraloría del Valle no tramita las indagaciones preliminares dentro de los términos (días o meses) establecidos en la ley”.Lo que da como resultado que “si bien en algunos casos logra establecer quiénes son los responsables fiscales (por la pérdida de recursos del Estado o su mal uso), no siempre logra recuperar el dinero”.Para ejemplificar el anterior cargo los auditores analizaron los procesos 54, 55, 56 y 57 del municipio de Florida, cuyos hallazgos fueron dados a conocer en mayo del 2012, pero que a la fecha de la visita de la Auditoría General tenían los términos vencidos en más de seis meses.Igual situación se presentó con hallazgos en Tuluá, Buenaventura, Jamundí y en la Industria de Licores del Valle, para un total de $17.185 millones de los recursos públicos del Valle que fue imposible recuperar.Sobre el tema del Hospital Piloto de Jamundí se evidenció que, efectivamente, se había configurado un hallazgo por presunto detrimento patrimonial de $164 millones por la pérdida de unos cheques. “El proceso SOIF- 017–2013, denunciado por El País, fue evaluado sin encontrar en el desarrollo procesal ninguna anomalía, se ordenó apertura de proceso ordinario de responsabilidad fiscal el 16 de enero de 2013; actualmente se encuentra en término del período probatorio antes de imputación de cargos”.El informe advierte que existen investigaciones paralelas por este mismo caso en la Procuraduría y en la Fiscalía, las cuales deben arrojar resultados.Tal vez el caso más grave y que configura el hallazgo de tipo penal, en el cual deberá de oficio intervenir la Fiscalía, se trata de un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento en $9600 millones que adelantó la Contraloría del Valle contra la ex gerente de la Industria de Licores del Valle Esperanza Acosta y 12 funcionarios más.La Auditoría General “evidenció serias deficiencias de carácter conceptual de parte de quien tuvo a cargo la sustanciación del proceso y de quienes siendo superiores jerárquicos no ejercieron el debido control, lo cual dio origen a la prescripción de la responsabilidad fiscal por vencimiento de términos”.Investigadores consultados por El País indicaron que dichas deficiencias de carácter conceptual, “configuran una presunta estrategia dilatoria para favorecer a los acusados”. Y afirman que la única posibilidad de que se haga justicia es que los funcionarios de la Contraloría que se prestaron para esa jugada sean llevados a juicio por la Fiscalía. “Puede que ante la idea de quedar detenidos en la cárcel digan la verdad de lo que ocurrió con un proceso que está lleno de horrores y gruesas falencias, porque lo que es la plata, esa ya la perdió definitivamente el Departamento”, dice un contador que analizó el caso. “No podemos permitir que se ponga en entredicho el control fiscal en el Valle y si hay responsables, deben aplicarse todas las acciones de tipo penal, fiscal y disciplinario a que haya lugar, respetando el debido proceso y aclarando los hechos”, precisó Ardila Barrera.Este es el informe de la Auditoria General de la República sobre las irregularidades en la Contraloría del Valle

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