Auditor General ordena intervenir la Contraloría del Valle del Cauca

Marzo 01, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Auditor General ordena intervenir la Contraloría del Valle del Cauca

Adolfo Weybar Sinisterra, contralor del Valle, tiene una denuncia penal instaurada por Maira Alejandra Sepúlveda, quien lo acusa del delito de concusión, por presuntamente pedir dinero por cambiar procesos fiscales.

La orden se da tras las denuncias por la existencia de un presunto cartel que cobra para archivar o cambiar procesos fiscales.

Luego de las revelaciones hechas por El País sobre la presunta existencia de un cartel dentro de la Contraloría del Valle, el cual estaría exigiendo dinero a cambio de archivar y modificar procesos de responsabilidad fiscal, el auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, ordenó de manera urgente, “activar un grupo de reacción inmediata del Nivel Central, para que se desplace a Cali e indague dichas acusaciones”.Los señalamientos involucran a Adolfo Sinisterra, contralor departamental, y a dos de sus funcionarias de confianza, Gloria Alarcón, directora de Responsabilidad Fiscal, y Nancy Acosta, subdirectora de Investigaciones Fiscales.El auditor Ardila Barrera, quien calificó como gravísimas las denuncias realizadas, entregó instrucciones precisas a los investigadores bajo su mando para que en pocos días se obtengan resultados de las auditorías que se adelanten.“No podemos permitir que se ponga en entredicho todo el control fiscal y si hay responsables, deben aplicarse todas las acciones de tipo penal, fiscal y disciplinario a que haya lugar, respetando obviamente el debido proceso y esclareciendo objetivamente los hechos”, precisó.Igualmente, aclaró que la Gerencia de la Auditoría General en Cali, había venido adelantado algunas actuaciones relacionadas con denuncias presentadas por los concejales de Florida con respecto a unos hallazgos que se configuraron y luego se eliminaron y a quienes se les citó para que amplíen la información. Así mismo, sobre el tema del hospital de Jamundí se evidenció que, efectivamente, se había configurado un hallazgo por presunto detrimento patrimonial de $90 millones por la pérdida de unos cheques.La Auditoría también indaga, entre otros, las razones que llevaron a la misma Contraloría Departamental a decretar la prescripción de un proceso de responsabilidad por $9.600 millones que adelantó la entidad contra la ex gerente de la Industria de Licores del Valle, Esperanza Acosta, y doce funcionarios más.El Grupo de Reacción Inmediata que se desplazará desde Bogotá, iniciará trabajo de campo en Cali a partir del lunes 4 de marzo, cuando se instalará en la sede de la Contraloría del Valle y se hará cargo de iniciar el proceso de revisión exhaustiva de cada uno de los casos bajo sospecha, así como de otros procesos sensibles que, en criterio del Auditor Ardila Barrera, deben ser mirados con lupa pues “no puede quedar la sensación de que se negocia con los procesos de control fiscal”.Razones para un control especialVarios son los casos que tanto la Auditoría General de la República como la Gerencia en Cali de esa dependencia han comenzado a investigar.El primero es el cambio de los hallazgos fiscales, disciplinarios y penales que se le hicieron a finales del 2012 a la Alcaldía de Tuluá y a la empresa de Servicios Públicos de ese municipio del centro del Valle.Aunque no ha trascendido la gravedad de lo encontrado, los auditores que hicieron dichos hallazgos los consignaron en su informe, sin embargo, a mediados de diciembre, cuando el informe final fue colgado en la página web de la Contraloría, se sorprendieron al ver que no aparecían todos los que eran, y algunas sanciones estaban cambiadas o disminuidas.Al respecto, Henry Torres, fiscal nacional del sindicato de trabajadores de los órganos de control, Asdecol, le dijo a este diario que había “mucha tensión y falta de confianza entre los auditores frente al nivel central de la Contraloría por lo que se viene denunciando en los medios”.La supuesta contratación de una mujer que práctica la hechicería, de esposas o compañeras de los diputados y de familiares de políticos del PIN, cercanos al exsenador Juan Carlos Martínez, son otros casos que también serán investigados.Anuncian medidas contra la denuncianteEl contralor del Valle, Adolfo Weybar Sinisterra, anunció este jueves la apertura de una investigación disciplinaria en contra de Maira Alejandra Sepulvedad, la exfuncionaria que lo denunció ante la Fiscalía por el presunto delito de concusión. El proceso será adelantado por la oficina de control interno de la Contraloría, que tiene hasta doce meses para proferir un fallo de primera instancia.Al respecto, el abogado Élmer Montaña, apoderado de la denunciante señalo que, “es una clara retaliación, una venganza, que demuestra el talante del señor Contralor, así como la enorme torpeza y falta de conocimiento jurídico con que ha venido actuando, ya que esto es una manera de amedrentar a la denunciante, una mujer cuyo valor civil debe ser reconocido por la sociedad”.

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