Así fueron los debates que tienen en líos a diputados

Mayo 01, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Así fueron los debates que tienen en líos a diputados

Debate. El equipo de la Gobernación estuvo liderado, de izquierda a derecha, por Raymundo Tello (Jurídica), Luis Humberto Castrillón (Planeación), Ezequiel Lenis (Hacienda) y el ex gobernador Juan Carlos Abadía.

La investigación que les sigue la Fiscalía General de la Nación a 21 diputados del Valle por la aprobación de las vigencias futuras excepcionales por $650.000 millones al entonces gobernador Juan Carlos Abadía, fue una investigación anunciada. Los detalles.

Se trata de una investigación anunciada. Y es que luego de la sinfonía de advertencias que hicieron diversos sectores sobre la ilegalidad de las vigencias futuras excepcionales que por $650.000 millones le aprobó la Asamblea del Valle del Cauca al ex gobernador Juan Carlos Abadía, no podría esperarse nada diferente.Fue por eso que ni los mismos diputados se sorprendieron cuando el pasado jueves, en la plenaria de la Asamblea, ingresaron funcionarios de la Fiscalía para notificarles la decisión de llamarlos para que respondan por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción.Este tipo de delito, según el abogado constitucionalista Gilberto Gómez, lo aplica el Código Penal a aquellos servidores que exceden las facultades que les concede las leyes.Es por eso que a mediados de mayo los diputados deberán explicar la forma como se desenvolvió este novelón, iniciado el 3 de septiembre del 2008 cuando el gobernador Abadía anunció tímidamente, tras informar que los bancos aceptaron renegociar la deuda del Departamento, que presentaría un proyecto “para comprometer recursos propios para el desarrollo de los planes macro”.Tres semanas después fue el entonces secretario de Hacienda, Ezequiel Lenis, quien secundó a su jefe al anunciar que entre el 1 y 2 de octubre del 2008 sería radicado el proyecto de vigencias futuras.Para entonces los sectores políticos, sociales y gremiales del Valle no tenían idea de los alcances de la iniciativa. Las únicas dudas fueron las que plantearon algunos diputados y fue el propio Ezequiel Lenis, quien amparado en su trayectoria, se encargó de dar seguridad sobre la legalidad de las mismas.Pero fue sólo hasta la mañana del 14 de noviembre del 2008, cuando ya se habían aprobado las vigencias en sus tres debates, que surgieron las dudas frente a la aventura en la que Gobernación y Asamblea habían embarcado el Departamento. Horas antes, un editorial de El País puso el dedo en la llaga al asegurar que lo que estaba a punto de aprobarse “de manera silenciosa y a espaldas de la ciudad” era un endeudamiento por los próximos doce años.Y es que la aprobación de esas primeras vigencias (Ordenanza 259) se hizo a la carrera, en sólo tres días (12-13 y 14 de noviembre) y como si eso fuera poco, el último debate se dio en la madrugada del día 14, lo que condujo a que dirigentes de distintos sectores, entre ellos el hoy ex congresista Jorge Homero Giraldo, aseguraran que el proyecto se había aprobado subrepticiamente con el fin de complacer al entonces gobernador Abadía.Pero alrededor de ese proyecto hubo otro hecho que, a la postre, le generaría críticas al hoy ex diputado Christian Garcés, quien para esos días se encontraba en Cartagena acompañando a su hermana al Reinado de Belleza, pero que, tras ser llamado, regresó a Cali para votar la iniciativa. De ahí que la misma pasara de manera unánime. Tras ello se vino una andanada de críticas de sectores políticos, sociales y gremiales que alegaban que el Valle no estaba en capacidad de asumir una deuda de tal magnitud. Sin embargo, Abadía sancionó la ordenanza el 18 de noviembre, argumentando que no se estaba endeudando al Departamento porque no iban a tramitar créditos y que las obras se pagarían con recursos propios y se usará una figura similar a la concesión, donde el contratista financia y luego se le paga.En adelante las reuniones del Bloque Parlamentario sirvieron de escenario para exigir claridad y transparencia sobre la probación de la Ordenanza 259 del 2008, que hoy es objeto de investigación.El único diputado que, tras tratar de corregir su actuación inicial, abrió un espacio a la duda fue Christian Garcés, quien solicitó una proposición, negada el 5 de diciembre del 2008, solicitando que se diera a conocer a la opinión pública los proyectos presentados para estudio, especialmente el de vigencias futuras. A partir de entonces se abrió una brecha entre Abadía y Garcés, quien el 5 de enero del 2009 denunció que en la página web de la Gobernación y en el Portal Único de Contratación no fueron colgados los prepliegos de la licitación de las obras, como lo exige la ley, y que la ordenanza quedaba sin efecto.Pese a que Abadía aseguró que luego de revisar la norma junto a Ezequiel Lenis encontraron que no existía plazo para abrir las licitaciones, poco después anunció que estaban preparando un nuevo proyecto para someterlo a estudio de la Asamblea.El disgusto de Abadía lo llevó a publicar un aviso publicitario en este diario atacando duramente a Garcés por las críticas a las vigencias y aseguró en un consejo comunitario en el Municipio de Argelia que el hoy secretario de Planeación del Valle “era un enemigo de los vallecaucanos y del progreso”, hecho por el cual también hay un proceso en curso contra Abadía.Pero no cesaba esta polémica cuando la iniciativa sufrió un nuevo golpe. Esta vez fue el contralor del Valle, Carlos Hernán Rodríguez, quien indicó que las vigencias eran, en efecto, una operación de crédito público que el Valle del Cauca no estaba en capacidad de pagar.En esos días los diputados pidieron a la Contraloría revelar la situación financiera real del Valle, pero no fue posible porque, en lo que algunos consideraron una jugada estratégica, la Gobernación no entregó la documentación a tiempo para validar las cifras. Lo que sí recibieron fue un nuevo proyecto en el mismo sentido.La segunda ordenanzaEl 11 de febrero del 2009 Abadía reconoció que estaban equivocados porque las obras se debieron contratar en el mismo año y anunció que prestarían un nuevo proyecto anulando la ordenanza anterior y corrigiendo algunos errores. Con el único objetivo de lograr las facultades para comprometer vigencias futuras se llamó a la Asamblea a extras.En un hecho que sembró más dudas aún, la Asamblea aprobó nuevamente la segunda ordenanza en contra de los conceptos de la Contraloría y de la División de Apoyo Financiero del Ministerio de Hacienda, DAF. A pesar de las implicaciones que tenía, la iniciativa fue aprobada en un tiempo récord, tres días (13, 14 y 15 de febrero), con una votación de 20 contra 1 (el del diputado Christian Garcés).Aunque Abadía, Lenis y el secretario jurídico, Raymundo Tello, aseguraban que el Departamento tenía el semáforo en verde para comprometer vigencias futuras, tan pronto se aprobó la ordenanza se empezaron a dar una serie de recortes que mostraban lo contrario. Tanto que al Programa de Desayunos Escolares, que recibía $30.000 millones anuales, quedó reducido a menos de $10.000 millones.A partir de entonces el gobernador Abadía inició una correría por todos los municipios del Valle realizando consejos comunitarios, imitando al ex presidente Álvaro Uribe, para escuchar las inquietudes de la comunidad y definir las obras a realizar.Pero bastó con que se aprobaran las vigencias futuras para que la Administración le diera la espalda a la Asamblea. No sólo no volvieron a recibir a los diputados en el despacho, sino que se negaban a asistir a los debates de control político. Ni proyectos para estudio volvieron a presentar. Sólo hasta junio del 2009 se volvió a saber de las vigencias futuras, justo cuando la Administración anunció que el consorcio Desarrollo del Valle del Cauca sería el gerente de proyectos de las vigencias y se encargaría de la consultoría para estructurar técnica, legal y financieramente un mecanismo de vinculación de capital privado para las obras.En un acto de rebeldía, algunos diputados salieron a pedirle a la Gobernación definir las obras que se harían con los vigencias y mostrar los resultados de los costosos consejos comunitarios, los cuales terminaron, según sectores políticos, convertidos en plataforma de lanzamiento de campaña de los candidatos amigos de Abadía a Senado y Cámara.El 18 de mayo del 2010 la Contraloría del Valle evidenció graves fallas en la estructuración legal, financiera y de planeación en el proceso que adelantó el Departamento para autorizar y contratar las vigencias futuras, situación que se agravó con la destitución de Abadía y que llenó de incertidumbre a la banca frente al temor de que el nuevo mandatario demande las vigencias ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle.Preocupaciones que de nuevo cobran vida ahora, cuando la Fiscalía decide investigar penalmente la forma en la que se tramitaron unas obras ya contratadas que le costarían a los vallecaucanos, si no se logran revertir, cerca de $1,5 billones.Según la ContraloríaEl Contralor del Valle conceptuó sobre las vigencias que era necesario conocer el término de ejecución de los proyectos y el monto de la inversión teniendo en cuenta el Marco Fiscal del Mediano Plazo.Igualmente, que se debía conocer la partida a comprometer en cada vigencia y determinar cuáles serán las partidas de las vigencias comprometidas para garantizar los pagos.Lo que abrió el caminoLa Ordenanza 255 que se aprobó en el 2008 y que fue presentada por Abadía, que modificó el Estatuto Orgánico del Departamento, fue la que permitió que en el Valle se despejara el camino para que se ensayara con las vigencias futuras excepcionales.Datos claves En el Polo Democrático hubo molestia con los diputados Ana Milena Ortiz y Fernando Forero por haber aprobado las vigencias futuras. Los 21 diputados fueron investigados, sin efecto, por la Procuraduría a raíz de la aprobación de las vigencias futuras.

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