Analizan declaratoria de emergencia social para Buenaventura

Mayo 23, 2017 - 09:07 p.m. Por:
Redacción de El País - Buenaventura 
Buenaventura

Diálogos entre el comité del paro cívico y miembros del Gobierno Nacional.

Henry Ramírez / El País Buenaventura

"Somos 500 mil habitantes que ya nos cansamos y estamos hartos de la miseria que rechazamos la costumbre de mal vivir de carencias, vivimos en permanente estado de emergencia" este es uno de las frases plasmadas en el documento que resume la petición de la declaración de emergencia social, económica y social que pide el comité de paro cívico de Buenaventura.

La deuda histórica que el gobierno tiene con la ciudad, los decretos y soluciones ordinarias que no han funcionado, los problemas con la salud, ambientales como la contaminación de la bahía y la minería ilegal, la educación, la violación de los derechos humanos, el desempleo, entre otros problemas estructurales, son los que se buscan resolver con la declaratoria de emergencia.

Sin embargo, el viceministro del interior, Guillermo Rivera, manifestó que es necesario que exista insuficiencia en las medidas ordinarias que se hayan utilizado anteriormente, lo que va en oposición a situaciones estructurales, es decir que la emergencia social no podría ser aplicada para las medidas que requiere Buenaventura, por lo que la corte podría objetarla por no cumplir con los requisitos.

Por su parte, el comité de paro, insiste en que es necesario que se declare para poder continuar con el tratamiento de los demás puntos de solución.

"el temor es que a corte lo pueda declarar inexequible, el comité está de acuerdo a correr ese riesgo, tenemos unos hechos que es el único argumento, es un hecho sobreviniente lo que pasa en Buenaventura" explicó Narcilo Rosero, miembro del comité.

El gobierno manifestó que si se declarara la emergencia, las contrataciones que ya se han adelantado por el tema de agua quedarían sin piso jurídico.

Con una intervención de terceros como ex magistrados de la corte o analistas neutros, elevar la consulta al consejo de estado para que se analice la posible declaratoria de emergencia. La consulta podría tardarse hasta 15 días.

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