Amenazas de muerte tienen en vilo a 80 concejales del Valle del Cauca

Pradera, Buga y Buenaventura son los municipios donde más se han presentado las intimidaciones.

Ochenta concejales de diferentes municipios del Valle del Cauca han pedido este año un estudio de riesgo a la Unidad Nacional de Protección (UNP). La razón: dicen estar amenazados. La preocupación por la vida de los concejales se hizo más visible esta semana, luego del crimen del cabildante del municipio de Caicedonia, Gilberto Gómez Gómez, ocurrido el domingo pasado en el barrio Fundadores, cuando se desplazaba en una motocicleta con su asistente Edilson Pulgarín Patiño, quien también murió.El coronel Mariano Botero Coy, comandante de la Policía Valle, dijo que los autores de este doble crimen habrían sido dos hombres, entre ellos un sicario reconocido en este municipio. Las primeras hipótesis que manejan las autoridades de este hecho, las cuales están ofreciendo $10 millones para quien ayude a esclarecer el doble crimen, se atribuyen a retaliaciones de bandas criminales involucradas con el microtráfico.El crimen de Gómez se suma al asesinato del concejal de Buenaventura Stalin Ortiz, ocurrido el 28 de enero pasado en Cali. Heriberto Sanabria, representante a la Cámara, afirmó que “los ediles, entre ellos mi amigo Gilberto Gómez, simplemente están cumpliendo con su deber, generando proyectos para la comunidad, sin embargo, pareciera que hay grupos que se sienten afectados por estas acciones y toman sus represalias”. Por su parte, Carlos Urresti, presidente de la Confederación Nacional de Concejos de Colombia, expresó que en el Valle del Cauca pese al trabajo con la UNP, de las 80 solicitudes de protección solo el 30 % han salido airosas. Esto quiere decir que solo 24 concejales tienen esquemas de seguridad. Los municipios del Valle donde los concejales han recibido más amenazas este año son Pradera, Buga y Buenaventura, de acuerdo con las estadísticas de la Confederación Nacional de Concejos de Colombia. En total hay unos 35 concejales amenazados en estos tres municipios, donde hay presencia de ‘los Rastrojos’ (Pradera y Buga) y de ‘los Urabeños’ (Buenaventura). Amenazas a concejales en el ValleCuatro concejales de Buga denunciaron ayer que vienen siendo amenazados desde junio pasado y que el pasado martes estas amenazas se reactivaron. Las intimidaciones son por medio de mensajes de texto, así lo dijo el presidente del concejo de Buga, Wilson Arias Rodríguez, del Partido de la U.Según Arias, en los mensajes de texto, además de los improperios e insultos que les lanzan, les dan unas cuantas semanas de plazo para que “desaparezcan de Buga o van a saber de nosotros”, sin especificar personas o grupo alguno. “Uno no sabe qué alcance tengan estas clase de amenazas que podrían originarse por algún debate que se haya hecho en el Concejo y que de pronto alguien se haya sentido afectado”, manifestó el edil.Además de Arias, James Gómez Serrato, del PIN; los concejales, Carlos Erlid González, de Cambio Radical y el conservador Gabriel Fontal Grisales, están siendo amenazados a través de sus teléfonos celulares. La Policía y la Fiscalía investiga las intimidaciones.En Pradera las autoridades investigan de dónde provienen las amenazas contra doce concejales, luego de que desde el 24 de junio los cabildantes recibieran mensajes de texto vía celular en los que les advertían a todos que se cuidaran. El concejal Fhanor Figueroa indicó que los mensajes fueron entregados a la Fiscalía y la Procuraduría para que investiguen los números de donde fueron enviados. “Las notas hacen referencia a que todos nos debemos cuidar”, dijo.Entre tanto, en Buenaventura los 19 cabildantes de ese municipio le pidieron ayuda a la Confederación Nacional de Concejales para solicitar medidas especiales de seguridad porque varios han recibido amenazas que incluyen a todos los miembros de la corporación.Carlos Urresti, de la agrupación de concejales, afirmó que el estudio realizado por el Comité de Evaluación de Riesgo de la UNP arrojó que los ediles de Buenaventura están en riesgo extraordinario, es decir, que se les debe prestar mayor atención y dotarlos de implementos de seguridad que los proteja ante eventualidades violentas. “Preocupa, por ejemplo, que no tienen aún un esquema de seguridad asignado”, dijo.El presidente del Concejo de Buenaventura, Yiliber Garcés, pidió hace unas semanas a la UNP que “les devuelvan los vehículos blindados a los concejales, que les fueron retirados el año pasado. Además de prestarles servicio de vigilancia, chalecos antibalas y celulares, pues deben tener garantías para ir a todas las zonas de la ciudad”. Los concejales están preocupados, y aunque la cifra de ediles asesinados este año en el Valle es de dos, los representantes de las diferentes corporaciones municipales coinciden en que quieren evitar que sean más.