Alcalde de Buenaventura, en la incertidumbre jurídica

Las imputaciones serían los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, prevaricato por acción y falsedad en documentos públicos.

Una verdadera incertidumbre jurídica rodea al alcalde de Buenaventura, José Félix Ocoró, ya que una imputación de cargos con medida de aseguramiento y un desacato de tutela se presentó el pasado jueves.Desde la 1:00 p.m. del pasado jueves comenzó la romería en los alrededores del Consejo Superior de la Judicatura con la finalidad de conocer la imputación de cargos contra nueve personas incluido el alcalde, entre funcionarios y exfuncionarios de la administración local.La imputación de cargos se realiza por el proceso que se adelanta con respecto a la contratación de la educación subsidiada o la llamada cobertura educativa en el municipio con la proliferación de colegios de fachada o garaje.De manera extraoficial se conoció que varios de los implicados solicitaron se aplazara la audiencia argumentado que no conocían el proceso, por lo tanto requerían tiempo. A la audiencia llegaron, Juan Demetrio Panameño, ex secretario de educación, Lourdes Concepción Cifuentes, ex secretaria de Hacienda y los familiares de y amigos de los citados.De manera no oficial se conoció que la Fiscal que lleva el caso dijo que a los implicados se les imputarán los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, prevaricato por acción y falsedad en documentos públicos.A su turno el Procurador judicial, Eduardo Rojas, habría dejado entrever que “ojalá no fueran maniobras dilatorias la solicitud de suspensión de la audiencia”. Tanto la ex secretaria de Educación Irna Janeth Alomía y el ex- alcalde Saulo Quiñones García y el actual alcalde José Felix Ocoró, no se hicieron presentes a la audiencia pública.Se espera que en los próximos días los implicados sean notificados.Así mismo, se conoció que el proceso podría tomar nuevo rumbo ya que algunos de los implicados habrían aportado nuevas pruebas al proceso.Desacato de tutelaCinco días de arresto y el pago de una caución por cinco salarios mínimos impuso el Juzgado Segundo Laboral Circuito de Buenaventura al alcalde José Félix Ocoró, de igual modo al gerente de la doble ‘AA’, Juan Carlos González, por desacato a una tutela.Al parecer por debajo de la casa de la tutelante pasaba un tubo de aguas residuales situación que agrietó la casa hasta el punto de semidestruirla.El Juzgado ordenó a la Administración la reubicación de la querellante, pero al no cumplirse lo ordenado la afectada acudió al incidente de desacato. Ante esto la Administración habría llegado a una conciliación con la afectada.El alcalde no ha querido dar declaraciones sobre estos temas que lo acosan jurídicamente.